A pesar de las agresiones y amenazas contra políticos y aspirantes a cargos en Veracruz, autoridades federales y estatales confirman que, hasta el momento, sólo dos candidatos cuentan con protección, en medio de un escenario en el que se advierte una nueva ola de violencia letal previa a la jornada electoral.
Durante el proceso electoral 2020-2021, Veracruz se ha colocado como la entidad más riesgosa del país para ejercer un cargo de elección popular, con 106 agresiones registradas en 66 municipios, 14 políticos asesinados, 45 candidatos víctimas de violencia, esto de acuerdo con el último reporte de Etellekt Consultores. Por su parte, Integralia Consultores tiene el registro de 33 víctimas de violencia política (17 fallecidos y 16 víctimas de actos violentos no fatales), registrados entre septiembre 2020 y abril de 2021. El pasado mes de abril, la consultora Lantia Intelligence informó que durante el periodo junio de 2020 a abril de 2021 registró 158 eventos de violencia político-electoral, de los cuales Veracruz concentró el mayor número de eventos, con 17 por ciento, tendencia que se mantenía desde febrero de este año.
En el análisis del perfil de víctimas reveló que el mayor número de agresiones ha sido contra candidatos locales: “el incremento de las amenazas y ataques sugiere que los candidatos están recibiendo advertencias por parte de las organizaciones criminales. En algunos casos estas amenazas han provocado el abandono de candidaturas”, refirió el informe.
Durante la conferencia de prensa de la Presidencia de México, realizada el 21 de mayo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que el 53.76 por ciento de los casos de violencia registrados contra aspirantes a cargos de elección popular se concentran en siete entidades: Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
La Estrategia de Protección en Contexto Electoral, anunciada el pasado 4 de marzo por el gobierno federal, para ofrecer protección a candidatos amenazados no ha logrado disminuir el número de asesinatos de actores políticos y las medidas de protección apenas han logrado cobijar a dos candidatos en Veracruz.
Mediante solicitud de transparencia, la Guardia Nacional informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) remitió a esta institución dos solicitudes de protección para resguardar la seguridad de dos candidatos en Veracruz.
De acuerdo con el protocolo establecido en la estrategia federal, la Guardia Nacional sólo está encargada de resguardar a aspirantes a gubernaturas y diputaciones federales, mientras que las policías locales (estatales y municipales) estarían a cargo de la protección de candidatos a sindicaturas, regidurías, diputaciones locales y presidencias municipales. Aunque en abril se dispararon las denuncias de amenazas y las peticiones de protección a candidatos, la consultora Lantia Intelligence indica que “no se observa un esfuerzo por parte de las instituciones de seguridad, estatales y electorales para brindar protección”. Conforme a esa tesis, durante el periodo abril y mayo, se requirió información a través de diversas solicitudes dirigidas a la SSPC, a la Fiscalía General de la República (FGR), al Instituto Nacional Electoral (INE), al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el número de denuncias presentadas por los partidos políticos y las solicitudes de protección brindadas en el contexto de violencia político-electoral en la entidad veracruzana. Con excepción de la Guardia Nacional, el resto de las autoridades citadas reportó no contar con información al respecto. En el informe presentado en el Palacio Nacional, el pasado viernes, el comandante de la Guardia Nacional en México, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer que los servicios de seguridad en Veracruz son para un candidato a la alcaldía y, el segundo, para aspirante a una diputación.
LA VIOLENCIA POLÍTICA
Para Integralia Consultores, “la violencia política (en el país) se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como por los altos niveles de impunidad”.
En su informe publicado el pasado 10 de mayo, también destaca que “un alto porcentaje de estos incidentes se han registrado en municipios de menos de 100 mil habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales”.
En el caso de Veracruz, la consultora Lantia Intelligence señala que la violencia responde a las dinámicas criminales, la alta competencia electoral y a cacicazgos regionales.
Además indica que la entidad continuará presentando violencia, sobre todo en la región sureste y en aquellos municipios en donde existen viejos cacicazgos políticos.
“Las amenazas escalarán a violencia letal en caso de no hacer un adecuado diagnóstico de la violencia político-electoral”, indica. En el documento Prospectiva de Seguridad, presentado en este mes de mayo, la consultora advierte que en entidades como Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo “es probable que días antes de la elección algunos candidatos sean ejecutados con el fin de atemorizar a la población y eliminar candidatos punteros que no estuvieron dispuestos a negociar con el crimen o que pactaron con organizaciones rivales”.