XALAPA, Ver.- La situación de pobreza, posición geográfica, la falta de programas municipales de protección civil y el proceso severo de cambio climático ubican a la entidad veracruzana como uno de los cinco estados con mayor vulnerabilidad ante los fenómenos meteorológicos en el país.
De acuerdo con el reciente informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, los ciclones tropicales y el proceso de cambio climático es particularmente severo en Colima, Veracruz, Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur.
De los recursos federales autorizados por parte del Fonden (Fondo de Desastres Naturales), Veracruz es el estado que más capital ha erogado, con un promedio de 2 mil 876 millones de pesos anuales en atención a desastres, dentro del periodo 1999-2016.
ATLAS DE RIESGOS
De los 212 municipios veracruzanos, sólo 33 cuentan con el Atlas Municipal de Riesgos integrado al Atlas Nacional de Riesgos del Cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres), aunque no se encuentran actualizados.
Dentro del registro nacional hay 28 municipios que cuentan con un Atlas de Riesgos Naturales desde 2011: Agua Dulce, Amatlán de los Reyes, Ayahualulco, Álamo, Atzacan, Chocamán, Córdoba, Coatepec, Coatzacoalcos, La Antigua, Las Choapas, Minatitlán, Boca del Río, Veracruz, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla, Oteapan, Xico, Tempoal, Poza Rica, Tlapacoyan, Vega de Alatorre, Ixhuacán de los Reyes, Coscomatepec, Alpatláhuac, La Perla, Nogales y Río Blanco.
Mientras que el municipio de Ángel R. Cabada y Pánuco cuentan con este mapa desde 2012; Tlacotalpan creó su Atlas en 2013, y Martínez de la Torre, en 2014. Asimismo el municipio de Xalapa cuenta con su respectivo Atlas de Riesgo desde 2009, construido con recursos propios, a diferencia de los 32 municipios citados que los integraron con recursos del Programa Hábitat.
Cabe mencionar que conforme a la norma los Atlas de Riesgos tienen que ser actualizados de forma constante por los municipios.
Dentro de la revisión de planes y programas de protección de las entidades federativas, se encontró que el estado de Veracruz cuenta con un Programa Estatal de Protección Civil (PEPC), actualizado y disponible para consulta pública, donde se incluye un diagnóstico sobre los principales riesgos, metas y objetivos, líneas de acción, sin embargo el punto débil se encuentra en la falta de programas municipales de protección civil.
Hasta 2014 Veracruz se ubicó en el noveno lugar nacional al registrar sólo cinco municipios con dichos programas: en 2010 sólo tres municipios contaban con un programa de protección civil, y en 2014, se sumaron dos municipios con programas de protección civil para fenómenos específicos.
SIN FINANCIAMIENTO
En el caso de los gobiernos municipales se observa que no existe una fuente de financiamiento particular para constituir unidades de protección civil, sino que deben financiarse, como el resto de las obligaciones de los municipios, con los recursos federales o locales con los que cuenta.
Al respecto la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) prevé que dichas unidades pueden ser financiadas por medio de las participaciones que reciben del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales (FortamunDF) y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) para temas de capacitación y planes de protección civil.
Los gobiernos municipales son los primeros responsables, a través de sus unidades de protección civil, para atender las consecuencias de una emergencia o desastre, no obstante “dependen en gran medida de las facultades, los recursos o incluso de la voluntad política de sus gobiernos estatales, con los cuales éstos tienen en mayor medida la responsabilidad de atender de manera efectiva las necesidades que se presenten después de un desastre”.
FACTORES DE RIESGO
Veracruz es una entidad identificada dentro de una región de alta sismicidad, donde los riesgos geológicos son de los más destructivos debido al rápido desarrollo de los eventos y la imposibilidad de predecirlos o pronosticarlos.
También de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, las prácticas de fracking y la extracción de agua del subsuelo provocan la modificación del suelo y hacen más vulnerable a la población ante eventos geológicos.
Otro factor de riesgo es la densidad poblacional, donde la expansión de los asentamientos urbanos ha complicado la prevención, sobre todo en las comunidades rurales y de mayor vulnerabilidad ante desastres sismológicos.
El informe señala que la urbanización de las zonas costeras es uno de los factores más preocupantes cuando se habla de políticas de gestión de riesgo y mitigación de la vulnerabilidad, pues ante la elevación de los costos económicos la solución apunta a la reubicación de dicha población, así como de la actividad económica.
Asimismo el grado de vulnerabilidad de la población aumenta si el material con el que son construidas sus viviendas no es durable.
De acuerdo con la información disponible para 2015, en Veracruz el 50% de las viviendas estaban construidas con techo de material no durable, de las cuales casi 60% se encuentran en condiciones de precariedad y pobreza que deterioran aún más su capacidad para responder ante una emergencia.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Dentro de las recomendaciones dirigidas a los gobiernos estatales es que todas las plataformas de información, comunicación, coordinación y datos sobre protección civil, desastres naturales e indicadores de vulnerabilidad deben mejorarse mediante principios de gobierno abierto y máxima transparencia, además de la creación de políticas de planeación urbana para la reducción de riesgos.
El diseño presupuestal general de la planeación debe enfocarse en prevención, con el incremento de presupuesto para programas; así como avanzar “de manera diligente y acelerada” en la implementación de las políticas del Programa Especial de Cambio Climático.
Por último, en el caso de los gobiernos locales, éstos deben contar con más planes de protección civil para diversos tipos de fenómenos definidos en la legislación.
