Veracruz, Ver.- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que en Veracruz se registran 17 reportes de agresiones en contra de aspirantes a cargos de elección popular en el proceso electoral 2020-2021.
Durante la conferencia mañanera desde Palacio de Gobierno, la funcionaria detalló 48.29 por ciento de los 234 reportes de agresiones registrados a nivel nacional se concentran en 6 estados de la República, entre ellos Veracruz que ocupa el tercer lugar.
De los 234 reportes, dijo que 134 fueron a hombres y 101 a mujeres y de global, el 92 por ciento se han abierto carpetas de investigación, donde junto con los gobiernos de los estados se han otorgado medidas de protección a 65 candidatos.
Por orden ascendente, la funcionaria dijo que las entidades con más ataques a políticos son San Luis Potosí con 34, Tamaulipas y Veracruz con 17, Jalisco con 16, Guerrero con 15 y Oaxaca.
“Reiterar que para atajar los embates del crimen tienen que ayudarnos poniendo la denuncia correspondiente o hablando al 911, porque el crimen organizado y el crimen de cuello blanco no doblegarán la democracia de ninguna manera”.
Rodríguez Velázquez detalló que los datos provienen de un informe sobre la Mesa de la Estrategia de Protección al Contexto Electoral, en donde de los 234 reportes de violencia o ataques a políticos, en 126 casos se trata de aspirantes a presidente municipal.
Por lo que en ese contexto, señaló que el 82 por ciento de quienes han solicitado apoyo, se trata de candidatas y candidatos a presidencias municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, mientras que el 18 por ciento restante aspiran a una gubernatura o diputación federal.
En el caso de Veracruz, destacan los casos de los asesinatos de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Marlín y su hija, Carla Enríquez Merlín, quien sería candidata en la región sur de estado.
La titular de la SSPC dijo que se mantiene un Centro de Monitoreo y acciones de coordinación que operan las 24 horas los 7 días de la semana, con más de 100 servidores públicos capacitados de las Secretarías de Seguridad, Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.