Veracruz se encuentra en la lista de entidades donde se ha presentado mayor violencia política relacionada con el proceso electoral actual.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, dio a conocer que más del 47% de los casos que se han atendido por agresiones, asesinatos o amenazas en contra de candidatos y candidatas a un cargo de elección popular se concentran en seis entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luís Potosí y Quintana Roo.
Al hablar sobre la estrategia nacional para brindar seguridad a candidatas y candidatos durante el proceso electoral de junio próximo, recordó que uno de los casos lamentables fue el asesinato de Carla Enríquez Merlín, aspirante a la alcaldía de Cosoleacaque.
"Tenemos el lamentable caso de Carla Enríquez Merlín, aspirante a una candidatura a la presidencia municipal de Cosoleacaque que fue asesinada junto con su madre Gladys Merlín Castro el pasado 15 de febrero, un hecho doloroso que atenta contra la vida democrática y por el que ya hay dos personas de su círculo cercano vinculadas", dijo.
Expuso que por este caso hay otras órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de 3 millones en joyas y relojería.
"Debo precisar que aún no se descartan otras líneas de investigación, de acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía General del Estado", expresó.
En torno a la estrategia de seguridad, manifestó que se aplican protocolos para todos los aspirantes que competirán por uno de los 21 mil cargos públicos que se elegirán el próximo 6 de junio, sin importar colores o ideologías.
Refirió que las instituciones de seguridad del Gobierno federal centran su atención en proteger a los candidatos y candidatas, así como sus derechos políticos.
"Sabemos que en algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política, a través de la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio", mencionó.
Para implementar esta estrategia, dijo, se ha tenido colaboración con los gobernadores y gobernadores y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública mediante las Mesas de Construcción para la Paz.
Recordó que se tiene un protocolo de atención para quienes decidan participar en el proceso electoral en caso de ser víctimas de amenazas o agresiones.
"Si esto ocurre, el primer paso es informar a las autoridades, lo que permite la apertura de carpetas de investigación correspondientes y a partir de eso coordinar la atención de los casos en las Mesas de Construcción para la Paz", comentó.
Puntualizó que los aspirantes a las gubernaturas y diputaciones federales son responsabilidad de la Federación, mientras que los candidatos para las Cámaras locales reciben el apoyo de las autoridades estatales y municipales.
Detalló que se cuenta con un Centro de Monitoreo que opera las 24 horas de los siete días de la semana.
Expuso que a la fecha 117 aspirantes han sido amenazados o agredidos, de los cuales 71 son hombres y 46 mujeres; además de que se tienen 103 eventos y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación.
Además, se han aplicado medidas de Protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales y 16 de la Guardia Nacional.
10 casos son considerados como graves, ya que están relacionados con desaparición o fallecimientos de los aspirantes y en 35 se ha implicado atención especializada como proveerles de un botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto o hacer rondines en sus domicilios.
Mientras que en 58 casos se ha alertado de probable violencia.
De los candidatos atendidos a la fecha, el 82% son aspirantes a alcaldías, diputaciones locales y el 18% contienda por gubernaturas o diputaciones federales.
