A tres meses de que concluya el mandato del actual gobierno estatal, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz ha dejado inconclusa la implementación de la Plataforma Digital Anticorrupción.
Este sistema, esencial para la transparencia y la rendición de cuentas, permitiría monitorear la evolución patrimonial de los servidores públicos, los procedimientos de contrataciones públicas, y a los servidores sancionados por actos de corrupción en el estado.
El más reciente informe de la Plataforma Digital Nacional (PDN) del Sistema Nacional Anticorrupción, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2024, coloca a Veracruz en rojo, con cero avances en normatividad, capital humano e interconexión.
Esto significa que el estado no ha reportado progreso en áreas clave como la evolución patrimonial, declaración de intereses, presentación de declaración fiscal, ni en los sistemas de servidores públicos que participan en contrataciones públicas o que han sido sancionados.
La falta de avances implica que Veracruz no ha logrado interconectarse con la PDN, lo que representa un incumplimiento de la Secretaría Ejecutiva del SEA en su responsabilidad de integrar la información estatal a la plataforma nacional.
Comparativa nacional anticorrupción
Mientras Veracruz se encuentra estancado, otras diez entidades federativas han mostrado un avance significativo en la interconexión de sus sistemas con la PDN. Entre ellas destacan:
- Aguascalientes
- Estado de México
- Puebla
- Quintana Roo
- Chiapas
- Chihuahua
- Guanajuato
- Jalisco
- San Luis Potosí
- Tabasco
La PDN es un proyecto de amplia magnitud que incluye seis sistemas estratégicos definidos por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA): Declaraciones, Servidores Públicos en Contrataciones, Sancionados, Fiscalización, Denuncias y Contrataciones Abiertas.
Presupuesto y desempeño anticorrupción en Veracruz
Durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la Secretaría Ejecutiva del SEA, dirigida por la exdiputada morenista Adriana Paola Linares Capitanachi, contó con un presupuesto estatal de 112 millones 500 mil pesos para su operación.
La principal responsabilidad de esta Secretaría es operar el Programa de Coordinación SEEAV para la erradicación de la corrupción y faltas administrativas en Veracruz.
Para evaluar su desempeño, la Secretaría estableció varios indicadores, como la reducción de la percepción de corrupción en el estado, la implementación de la Plataforma Digital Estatal y la infraestructura tecnológica necesaria para su funcionamiento. Sin embargo, la falta de avances en estos rubros apunta a que la labor quedará inconclusa al final del actual gobierno.
Información parcial y antecedentes
Hasta el 28 de agosto de 2024, la Secretaría Ejecutiva del SEA solo ha proporcionado al Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados los nombres de 10 exfuncionarios estatales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, entre ellos el exfiscal Jorge Winckler Ortiz, quien fue inhabilitado por contratación indebida, considerada una falta administrativa grave, para el periodo del 9 de febrero de 2024 al 9 de enero de 2025.
Cabe recordar que el 21 de diciembre de 2022, el Órgano de Gobierno y el Comité Coordinador del SEA de Veracruz aprobaron los lineamientos para el acceso, interconexión y administración de la Plataforma Digital Estatal. Ese mismo año, se destinaron 198 mil 839.46 pesos para la operación de los sistemas electrónicos de la Plataforma, bajo la responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva del SEA.
De acuerdo con la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, la Plataforma Digital Estatal debe integrar y conectar sistemas electrónicos que almacenen información sobre seis áreas clave, similar a la PDN del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con la administración estatal a punto de concluir, el incumplimiento de la implementación completa de la Plataforma Digital Anticorrupción en Veracruz resalta como un punto crítico en la lucha contra la corrupción, dejando un reto significativo para la próxima gestión gubernamental.