En Veracruz, todas las personas víctimas de delitos o violaciones tienen el derecho no solo a recibir asistencia y atención por parte del Estado, sino también a ser compensadas por el daño causado. Sin embargo, a pesar de existir mecanismos legales para la atención de las víctimas, se enfrentan a obstáculos para lograr una reparación efectiva del daño.
Durante enero de 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) registró preliminarmente un total de 77 víctimas de homicidio doloso en Veracruz. Una de estas víctimas fue Brando de Jesús Arellano Cruz, hijo de Erika María Cruz Hernández.
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En un video difundido en plataformas digitales, Erika María relata que su hijo Brando, de 27 años, fue presuntamente asesinado por un policía municipal en Lerdo de Tejada, dejando en la orfandad a dos hijos: una niña con discapacidad y un niño en primaria.
Como abuela de dos menores, la señora Erika María expresa su preocupación por el futuro de sus nietos, ya que su porvenir se vio truncado en el momento en que una bala segó la vida de Brando.
A pesar de recibir asistencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), que incluyó un apoyo mensual de 2 mil pesos, Erika María teme que este respaldo sea retirado al finalizar el actual gobierno.
El testimonio de Erika María destaca las dificultades en la protección de los derechos de las víctimas, como la falta de garantía para una asistencia adecuada y la falta de diligencia en el proceso penal y de litigio.
Su experiencia representa uno de los miles de casos de víctimas que buscan acceder a la justicia.
Según un estudio de México Evalúa, de 1,077 víctimas representadas por la CEEAIV que solicitaron la reparación del daño en 2022, solo el 56.7 por ciento (611 víctimas) la recibieron.
Desde 2019 hasta 2023, la CEEAIV ha registrado un total de 4 mil 072 víctimas indirectas, personas que indirectamente sufrieron daño o menoscabo de sus derechos debido a violaciones de derechos humanos o delitos.
El Fondo para las Víctimas
En mayo de 2019, se creó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), administrado por la CEEAIV, con el objetivo de brindar ayuda económica y reparación del daño a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos en Veracruz.
Este fondo incluye programas como el Abasto Alimentario para Víctimas de desaparición, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, secuestro y feminicidio, así como el Abasto Alimentario para Víctimas en situación de vulnerabilidad.
Aunque las Reglas de Operación establecen que las ayudas económicas se otorgan hasta que la víctima supere las condiciones de necesidad relacionadas con el hecho victimizante, existen requisitos estrictos, como comprobantes de gastos.
Además de estar inscritas en el Registro Estatal, las víctimas deben comprobar el apoyo económico mediante tickets, facturas o un escrito libre que permita su justificación. En caso de no llevar a cabo las comprobaciones del respaldo otorgado, este les será retirado.
La temporalidad de los apoyos recibidos a través de ambos programas de abasto alimentario se determina mediante un estudio de trabajo social que, en su caso, se realice. Durante ese periodo, la víctima o, en su defecto, el representante del núcleo familiar, recibirá el monto de 2 mil pesos mensuales, sujeto a la previa aprobación del Comisionado Ejecutivo Estatal.
De igual manera, a través de este Fondo de Ayuda, las víctimas podrán ser apoyadas económicamente para honorarios médicos y medicamentos que sean recurrentes, de acuerdo al dictamen médico.
La Comisión Ejecutiva Estatal puede apoyar a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa. El monto de los recursos de ayuda de los servicios funerarios a cubrir vía reembolso o, en su caso, pago anticipado será hasta de 15 mil pesos mensuales por víctima directa. Lo anterior, además del costo del servicio del traslado de los restos.
Además de los dos programas mencionados, existe el Programa de Apoyo de Renta para Desplazados, con un apoyo mensual de 3 mil pesos a las víctimas.
Es decir, el fondo no solo se destina a las reparaciones integrales de las víctimas, sino que también contempla el pago de gastos de emergencia, como viáticos, ayudas de vivienda, traslados, entre otros servicios de apoyo inmediato a las víctimas.
Para el actual ejercicio fiscal 2024, el monto destinado al Fondo de Ayuda asciende a 74 millones 572 mil 100 pesos, con un ligero aumento comparado con los 69 millones 722 mil 100 pesos asignados en 2023.
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De conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Veracruz, los recursos que conforman el patrimonio del Fondo se aplicarán para otorgar gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia atención y rehabilitación a víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.
Bajo este contexto, los programas de abasto alimentario para víctimas de desaparición, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, secuestro y feminicidio 2023 y abasto alimentario para víctimas en situación de vulnerabilidad 2023, no tienen un presupuesto especifico, sino que se toma el recurso necesario del Fondo de Ayuda.
Las compensaciones a víctimas
Aunque la CEEAIV no tiene la facultad para determinar la reparación del daño, sí puede cubrir de manera subsidiaria el monto compensatorio, conforme a la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, en apego a lo determinado en la sentencia que emita un órgano jurisdiccional.
En el caso de resoluciones judiciales que determinen la compensación, el Comisionado Ejecutivo puede autorizar pagos con cargo al FAARI. El monto promedio de compensaciones subsidiarias es de 765 mil pesos.
El procedimiento para acceder a los recursos del Fondo y cubrir la compensación en casos de violación a los derechos humanos cometida por autoridades estatales establece que, en el caso de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de este último.
En su defecto, se utilizarán los recursos obtenidos de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado. También este procedimiento se aplica para compensación subsidiaria a víctimas de delitos.
Según la Ley de Víctimas, las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.
El Estado, en el ámbito de su competencia, debe cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinde la Comisión Ejecutiva Estatal a través de sus Recursos de Ayuda.
De acuerdo con un informe de transparencia emitido por la CEEAIV, en 2023, 72 personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas recibieron pagos por reparación integral, totalizando 14 millones 669 mil 775 pesos.
Desde 2019 hasta 2023, 232 víctimas de delitos en Veracruz recibieron reparación integral, con un pago total de 166 millones 588 mil 443.78 pesos a cargo del FAARI.
El acceso a la justicia
Según Data Cívica, el acceso a la justicia en México supone un escenario complejo que necesita considerar, además de las principales deficiencias en los organismos e instituciones encargados de proveer estos bienes, las necesidades expresadas por las víctimas de los delitos.
El acceso a la justicia hace referencia a las posibilidades de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política, creencias religiosas, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas.
Aunque se han implementado reformas judiciales, la realidad es que en la actualidad pocas personas a lo largo y ancho del territorio nacional pueden hacer valer este derecho.
