A pesar de una leve disminución en los niveles de impunidad durante 2023, el sistema de justicia penal en Veracruz sigue siendo uno de los más débiles del país, dejando a las víctimas sin acceso a justicia y reparación en la mayoría de los casos.
Con un índice de impunidad de 91.44 por ciento en delitos del fuero común, el estado enfrenta serios retos para garantizar justicia, particularmente en casos de violencia de género y feminicidios, de acuerdo con el informe “Hallazgos 2023” de la organización México Evalúa.
Y es que, aunque el índice de impunidad en Veracruz se redujo en 2.66 puntos porcentuales respecto al 94.1 por ciento registrado en 2022, la situación sigue siendo grave ya que se deja la mayoría de los casos sin resolución.
¿Qué delitos en Veracruz siguen en la impunidad?
Según el informe, Veracruz se posiciona como la décima entidad con mayor impunidad en homicidios dolosos, con un índice de 98.99 por ciento.
La situación es aún más grave en los feminicidios, donde la impunidad alcanza el 100 por ciento, convirtiendo a Veracruz en la entidad con la mayor falta de resolución de casos en el país.
En cuanto a la extorsión, la impunidad se sitúa en 99.81 por ciento, colocando a Veracruz en séptimo lugar a nivel nacional. La misma posición ocupa en violencia familiar, con un índice de 99.43 por ciento, y en abuso sexual, con 99.26 por ciento.
Según los expertos de México Evalúa, este alto grado de impunidad no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que también impacta negativamente en el bienestar de las víctimas, quienes quedan sin respuesta ni protección.
Los efectos de la impunidad son especialmente graves en casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual, donde la falta de acción de las autoridades permite que los agresores continúen en libertad.
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La búsqueda de justicia para una madre indígena
De acuerdo con México Evalúa, la justicia penal en México enfrenta desafíos significativos que limitan su capacidad para administrar justicia, proteger los derechos humanos y mantener el orden social. Uno de los problemas más persistentes es la impunidad, que se traduce en la incapacidad del sistema para investigar, procesar, atender y sancionar adecuadamente los delitos.
Uno de estos casos es el de María del Carmen Flora Flores, una madre indígena, de 65 años, hablante de náhuatl y originaria de San Andrés Tlalnelhuayocan, que durante cinco años ha buscado justicia sin éxito para su hija Guadalupe Flora, una joven con discapacidad que ha sido víctima de abuso sexual repetido, presuntamente por parte de su padre, Andrés “N”.
Aunque la Fiscalía General de Veracruz tiene abierto el expediente 2639/2019 en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Trata de Personas, además de dos carpetas de investigación –719/2021 por violencia familiar y la 254/2024 por violación–, las denuncias de la señora María del Carmen han sido ignoradas, y ella ha sufrido maltrato y discriminación.
La situación de María del Carmen es particularmente difícil debido a su origen indígena y su escasa educación formal; como hablante de náhuatl, enfrenta barreras lingüísticas que complican su comunicación en español, limitando aún más su acceso a la justicia.
Desde 2019, ha vivido un calvario de maltrato físico y psicológico por parte del presunto agresor, Andrés “N”, además de enfrentar discriminación por parte de las instituciones.
En mayo de 2022, presentó un oficio ante la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno de Veracruz solicitando apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y denunciando amenazas y violencia física por parte de Andrés “N”, sin recibir respuesta alguna.
A pesar de la carpeta de investigación, la situación de María del Carmen y su hija Guadalupe no ha mejorado. La falta de respuesta institucional no solo les niega justicia, sino que también las excluye de sus derechos establecidos en la Ley General de Víctimas, un marco legal que busca brindar protección y apoyo a quienes han sufrido delitos graves.
El caso de María del Carmen y su hija expone las fallas estructurales en el sistema de justicia de Veracruz, donde la impunidad prevalece y las víctimas enfrentan múltiples obstáculos para acceder al apoyo y justicia.
Para México Evalúa, el impacto de la impunidad es devastador. Cuando los crímenes no son esclarecidos o se detiene a personas inocentes, se vulnera el derecho de las víctimas a conocer la verdad. En el caso de detenciones preventivas, la impunidad se traduce en una violación de derechos y libertades fundamentales.
Impunidad y falta de justicia en Veracruz
En entrevista, Tomás Mundo Arriasa, abogado penalista, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas y representante del Proyecto Inocencia en Veracruz, señaló que la falta de profesionalización y la improvisación en la administración de justicia han resultado en graves violaciones de derechos, especialmente hacia poblaciones indígenas, que representan una alta proporción de los reclusos en el estado.
Mundo Arriasa subrayó que mientras los puestos clave en el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado sigan ocupados por funcionarios sin experiencia en derecho penal, Veracruz continuará en crisis en términos de justicia.
Según el abogado penalista, los fiscales intentan realizar su labor con los recursos disponibles, pero las decisiones políticas de quienes encabezan estas instituciones, que desconocen el funcionamiento de la justicia penal, impiden un verdadero acceso a la justicia para las víctimas.
“Mientras no cambien las políticas públicas y sigamos con improvisados en áreas tan sensibles, Veracruz seguirá reprobado. Se levantan banderas de defensa a las víctimas, pero es la propia Fiscalía la que más violenta sus derechos”, sostuvo Mundo Arriasa.
Uno de los puntos más alarmantes que destacó Mundo Arriasa es la existencia de una doble victimización: por un lado, la víctima del delito y, por otro, la persona inocente encarcelada injustamente para cumplir con cifras de detenciones.
Según el Proyecto Inocencia en Veracruz, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Papantla –el segundo reclusorio con más población indígena en el estado– se han documentado diversos casos de personas vulnerables que, sin acceso a una defensa adecuada, son inculpadas de delitos graves, como secuestro y homicidio.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha investigado esta situación debido a la falta de pruebas robustas en los expedientes de muchos de estos reclusos.
Mundo Arriasa reveló que, en algunos casos, el sistema judicial parece estar orquestado para asegurar condenas.
De los aproximadamente 550 indígenas encarcelados en Veracruz, cerca de 220 se encuentran en Papantla, siendo el segundo reclusorio con mayor población indígena después de Zongolica. “Muchos de estos casos no deberían estar en prisión, pero el sistema judicial se niega a reconocer la falta de evidencia”, denunció Mundo Arriasa.
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Además, señaló: “No he encontrado en las sentencias que he revisado un razonamiento probatorio sólido ni la solicitud de pruebas científicas de oficio en favor de la defensa de los acusados. Los jueces vulneran el derecho a una defensa adecuada, ya que, al notar deficiencias en la representación legal, permiten que el proceso continúe cuando deberían intervenir. Mientras persista la improvisación de funcionarios en áreas tan cruciales para la justicia, Veracruz seguirá obteniendo una calificación reprobatoria”.
El abogado penalista criticó el uso de protocolos de investigación obsoletos, como el de 2010, que aún se aplican en la Fiscalía. “Las pruebas forenses deberían ser la columna vertebral del procedimiento penal, pero la Fiscalía sigue recurriendo a pruebas anticuadas y poco confiables.”
Mundo Arriasa destacó que el sistema de justicia veracruzano está sumido en un círculo vicioso, donde los magistrados del Poder Judicial ratifican automáticamente sentencias sin revisar adecuadamente los casos, dejando que sea la justicia federal la que finalmente revise los abusos y fallas en el procedimiento.
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Según Mundo, mientras no se adopten protocolos actualizados y no se profesionalice a los funcionarios judiciales, la entidad continuará enfrentando altos índices de impunidad, lo cual deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
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