Veracruz, Ver.-Abogados veracruzanos urgieron la necesidad de establecer un Centro de Reinserción Social en el Distrito Judicial de Veracruz, pues quienes enfrentan un proceso deben ser trasladados a penales en diferentes puntos del Estado.

Mario Alejandro Lara Guevara, presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Veracruz, recuerda que se trata de uno de los distritos más grandes de la entidad y luego del cierre del Penal Allende, las personas permanecen hasta dos semanas en el “Penalito” de Playa Linda, antes de ser trasladados a otros municipios.

Las instalaciones que se habilitaron en el “penalito” de Playa Linda son insuficientes, es necesario contar con un penal a la brevedad posible, un penal debe de estar fuera de la Ciudad por seguridad. Debe de construirse en la periferia

Comenta que los detenidos una vez que se le vinculan a proceso deben de ser trasladados a diferentes penales del estado, lo que conlleva un gasto mayor para los familiares, además de qué violan sus derechos. Por ello solicitan a las autoridades la construcción de un penal o retomar el proyecto del cereso que quedó inconcluso en Medellín.

“Hemos estado señalando al Gobierno del Estado y al gobierno federal para que a la brevedad posible se pueda abrir un penal o hacerlo, porque en anteriores administraciones quedó alguna infraestructura en obra negra y no se aterrizó y es importante”, propone.

Por su parte Braulio Therán, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz AC, también alerta sobre las violaciones legales en la que incurren autoridades debido a la falta de un centro penitenciario en el distrito judicial con sede en este puerto.

Señala que el cierre del penal de Allende hace 10 años fue un acto que fue en contra de la ley estatal, que obliga a que todas los distritos judiciales cuenten con un penal. “Se supone que la misma autoridad o el mismo gobierno tenía que haber regresado, ya sea que se construyera otro lo más cercano posible, ya que incluso los procesados y hasta los sentenciados tienen derechos, esos derechos incluyen estar cerca de sus familiares que ayuden a su readaptación a la sociedad”.

“Constitucionalmente es necesario establecer un penal porque cada demarcación o distrito judicial, dependiendo del número de pobladores, el penal tiene que estar en el área conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, por el numero de habitantes que existe es necesario, realmente lo que se está haciendo es una violación a la Ley del Estado”, menciona.

El litigante sostiene que en el ámbito jurídico un penal garantiza que las personas sujetas a proceso o con sentencia, puedan tener una defensa justa de sus derechos, al estar ubicados en la misma ciudad de sus familiares y abigados.

Del mismo modo, menciona que por la cantidad de personas que habitan en la zona conurbada y los 11 municipios que la integran en el distrito de Veracruz, requeriría que se le brindada un espacio para encarcelar a quienes sean sujetos a la acción de la justicia.

Aunque actualmente, dicha función es cumplida en el penalito de Playa Linda, el abogado señaló que se trata de un espacio que no cumple con las características de reinserción social y al mismo tiempo es violatorio de la ley.

“No cumple en ninguna forma con las medidas básicas, de hecho es inhumano las condiciones en las que se encuentra, no deberían estar ahí dado que la situación, si bien cierto que muchos de ellos no han sido sometidos a un proceso, entonces el trato que se les deba dar es un trato digno, además de que ellos son inocentes de acuerdo a la presunción”, explica.

Al respecto, el presidente del Foro de Especialistas, Licenciados, Maestros y Doctores en Derecho de la zona conurbada, Vicente Octavio Pozos Marín, coincide en el tema del penalito de Playa Linda y, al mismo tiempo, asevera que llevar a los justiciable a dicho sitio es un acto de violación a sus derechos.

El especialista indica que este espacio fue creado para albergar a los elementos de Seguridad Pública que prestan servicios en la conurbación, pero no cuenta con las característica para resguardar a presos que se encuentran en algún proceso penal.

Dice que existe quejas constantes por el sobre cupo en el inmueble, que en la pandemia de Covid-19 es un acto grave y que atenta en contra de la salud de quienes se encuentran encarcelados en el sitio.

“Es una violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, porque en muchos de los casos, cuando se le pone a disposición de un juez de control y mientras se ve su situación jurídica deberán de permanecer durante 72 o el término del plazo constitucional por otras 72 horas en lo que se le denomina el penalito, que es un espacio de manera provisional que solo alberga a 70 personas y en muchos de los casos han permanecido más de 150 personas (…), lo que es una sobrepoblación”.

Pozos Marín lamenta que el distrito judicial de Veracruz sea el único de los 21 que existen en el estado, que no cuenta con un centro de reinserción social, cuando es al mismo tiempo el que concentra la población más alta.

Y es que señala que durante el actual gobierno, tanto en el ámbito local como federal, no ha existido interés de la 4T por construir un penal, o castigar a los responsables de gobiernos anteriores de desaparecer el presupuesto para tal fin.

“Son 21 distritos judiciales y solamente el puerto de Veracruz no cuenta con un centro de reinserción social (…), desafortunadamente o extrañamente invirtieron millones de pesos en Medellín y no se hizo nada, aquí la problemática sería ver que se hizo con ese dinero”, expresó.

El representante de los litigantes detalla que lo ideal sería que se retome la construcción del penal en el municipio de Medellín, el cual recibió presupuesto en la recta inicial del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y jamás tuvo un avance.

Aunque también reconoce que el penal de Allende, cerrado en la recta final del gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán, podría servir como una solución temporal para brindar condiciones dignas a las personas que enfrentan prisión preventiva, en tanto se construye un penal.

Lo más viable sería la construcción del penal en La Esperanza en el municipio de Medellín, porque ya existe un terreno, una donación que se hizo por el municipio para ese fin, lo que faltaría sería aplicar la inversión necesaria

“De alguna manera emergente es más fácil construir en donde ya hay algo, como es el penal de Allende, si ya está, si bien el que esté dentro de la población no se permite, podría usarse de manera provisional, en tanto se resuelve la construcción”, opinó.

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La petición de ambos litigantes es que autoridades pongan atención a la violación en la que están incurriendo al no contar con un centro de reinserción social, para que el tema sea resuelto con la construcción de un penal.