XALAPA, Ver.- La negligencia administrativa y la violación a leyes y normatividad presupuestaria son las faltas que más cometen funcionarios de ayuntamientos veracruzanos, de los cuales Córdoba, Coatepec, Camerino Z. Mendoza y Orizaba concentran el 57% de las sanciones administrativas, así lo revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su más reciente Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, dentro del informe sobre Control Interno y Anticorrupción.
En el nivel nacional el estado de Veracruz ocupa el sexto lugar en sanciones administrativas aplicadas a funcionarios municipales, con un registro de 301, después del Estado de México (882), Ciudad de México (512), Jalisco (394), Nuevo León (362) y Puebla (328).
Del total de 301 sanciones administrativas, 158 corresponden a negligencia administrativa, 78 por violación a leyes y normatividad presupuestaria, 63 por otras faltas cometidas con motivo del servicio público, y 2 por nepotismo.
Dentro de las sanciones administrativas los municipios de Córdoba, Coatepec, Camerino Z. Mendoza y Orizaba concentran el 57% de dichos castigos, al sumar 90 sanciones, de 158 a nivel estatal.
Mientras que el Ayuntamiento de Córdoba concentra sanciones por negligencia administrativa y otras faltas cometidas con motivo del servicio público; el gobierno de Coatepec destaca por cometer violaciones a las leyes y normatividad presupuestaria.
En cambio, el de Camerino Z. Mendoza destaca en el rubro de sanciones por negligencia administrativa, y el gobierno de Orizaba, por violación a las leyes, así como otras conductas cometidas con motivo del servicio público.
Asimismo, otro de los castigos impuestos por infringir las disposiciones administrativas del municipio es el que corresponde a las amonestaciones públicas o privadas, que en Veracruz sumaron 217, y es en los ayuntamientos de Coatepec y Camerino Z. Mendoza donde más funcionarios amonestados se registraron, aunque también en la lista figuran Juan Rodríguez Clara, Tecolutla, Perote y Tepetzintla.
Por otra parte, son pocos los gobiernos municipales en los que se aplican sanciones como suspensión del empleo, cargo o comisión, así como la destitución del servidor público.
Hasta 2017 en la entidad veracruzana sólo se reportó un total de 9 suspensiones de empleo, de los cuales seis correspondieron al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla y dos a Córdoba.
Con respecto a la destitución de servidores públicos municipales, sólo se identificaron 10 casos correspondientes a Córdoba, Orizaba, Zontecomatlán, Camarón de Tejeda, Espinal, Jilotepec y Pueblo Viejo, en este último por nepotismo.
En amonestación temporal, sólo el Ayuntamiento de Pueblo Viejo registró este tipo de castigo a sus funcionarios, con cuatro casos: uno por negligencia administrativa, uno por nepotismo y dos por faltas cometidas con motivo del servicio público.
También son pocos los gobiernos municipales que aplican sanciones económicas, pues en la entidad sólo se registraron 7 casos: en Córdoba (2), San Andrés Tuxtla (2), Otatitlán (1), Perote (1) y Álamo (1).
En municipios como Acajete, Ixhuatlán del Café, Juan Rodríguez Clara, Poza Rica, Álamo, Tomatlán, Veracruz y San Rafael se han aplicado “otras sanciones administrativas”, por negligencia y otras faltas cometidas por servidores públicos.
En total, en el estado de Veracruz se ha sancionado a 269 servidores públicos municipales.
MUNICIPIOS NO SE AUDITAN
En términos de rendición de cuentas, el 25% de los 212 ayuntamientos veracruzanos sólo registran una auditoría, pero en la mayoría de los gobiernos municipales ésta no es realizada por parte de su Contraloría Interna, la cual es la encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad y aplicar medidas preventivas y correctivas.
De 55 municipios en los que se realizó una auditoría, sólo en tres fue realizada por su Contraloría Interna, mientras que en 52 ayuntamientos la revisión estuvo a cargo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).
Los ayuntamientos en los que sus respectivas contralorías no realizaron auditorías fueron La Antigua, Atlahuilco, Atoyac, Benito Juárez, Carrillo Puerto, Coatzintla, Coatepec, Cotaxtla, Coxquihui, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Fortín de las Flores, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán de Madero, Jesús Carranza, Landero y Coss, Maltrata, Mariano Escobedo, Moloacán, Nautla, Omealca y Platón Sánchez.
De igual manera, los ayuntamientos de Pueblo Viejo, Rafael Delgado, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soledad de Doblado, Tamalín, Tancoco, Tatatila, Castillo de Teayo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tequila, Texhuacán, Tlalchichilco, Tlalixcoyan, Tlapacoyan, Tlilapan, Yanga, Zacualpan, Zozocolco de Hidalgo, El Higo, Nanchital y Filomeno Mata.
De acuerdo con las cifras del INEGI, en Veracruz se registraron 809 auditorías y revisiones: 431, realizado por la Contraloría Interna Municipal; 241, por el ORFIS; 91, por la Auditoría Superior de la Federación; 16, por la Contraloría General del Estado; 13, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, y 5 fueron llevadas a cabo por “otra autoridad del Gobierno del Estado”.
Los ayuntamientos más auditados fueron Orizaba, Veracruz, Puente Nacional, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Perote, Colipa, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Soledad Atzompa, Nogales, Medellín de Bravo, Cuitláhuac, Jalcomulco, Ixhuatlancillo, Alvarado, Chicontepec y Poza Rica.
LENTA, LA CAPACITACIÓN “ANTICORRUPCIÓN”
En lo que respecta al tema “anticorrupción”, en el estado de Veracruz sólo 4.2% del personal de las administraciones públicas municipales acreditó capacitación en materia anticorrupción.
Mientras que a nivel nacional, del total de los servidores públicos que acreditaron capacitación sobre temas anticorrupción, 27.8% correspondió a los gobiernos municipales de Guanajuato, mientras que 0.1% correspondió a gobiernos municipales de Sinaloa.
Asimismo, sólo 6.8% de las administraciones municipales cuentan con un plan o programa anticorrupción.
En teoría, la capacitación sobre el tema “anticorrupción”, como conjunto de acciones que tiene como propósito evitar los actos ilícitos y el abuso de autoridad por parte de los servidores públicos, permitiría fomentar la cultura de la legalidad, transparencia y la rendición de cuentas en los municipios.
Sin embargo, hasta el momento las cifras oficiales reflejan bajos niveles de profesionalización, sin rendición de cuentas y sin medidas anticorrupción en los gobiernos municipales.