Las regidoras primera y segunda del ayuntamiento de Actopan acusaron públicamente a la alcaldesa, María Esther López Callejas, de presuntamente ejercer violencia política en razón de género en su contra.
En conferencia de prensa, María Sivina Guevara Herrera, regidora primera de Fuerza por México; y María Érika Rosado Rivera, regidora segunda por Movimiento Ciudadano, denunciaron que la alcaldesa ha actuado en su contra desde el inicio de la administración.
Indicaron que la alcaldesa que llegó al cargo por Morena las relega de las actividades públicas como conferencias, eventos, inauguraciones, reuniones con funcionarios estatales e incluso de las sesiones de Cabildo.
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“Dice que no nos invita porque no le preguntamos a ella lo que tenemos que hacer y que ella es quien manda en la administración. No nos toman en cuenta, los compañeros se quedan callados, pero nosotras no vamos a permitir que esto suceda”, dijeron.
Mencionaron que ejemplo de la falta de integración de las ediles al equipo de trabajo fue la reunión que se registró ayer entre la alcaldesa y trabajadores municipales con el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a la cual se presentaron como parte del público y únicamente fueron llamadas para la fotografía.
“Nos dijo que nos acercáramos a la foto porque luego nos quejamos de que no nos toma en cuenta”, expusieron.
Afirmaron que para las reuniones de Cabildo no son consideradas y supuestamente las actas que se generan en dichas sesiones son pasadas a las oficinas redactadas únicamente para la firma.
“Las actas de Cabildo ya van redactadas y pasan a firma, a veces nos mandan un mensaje de WhatsApp cuando hay sesión, nunca hay una invitación formal y cuando llega nos dicen que la sesión es a las 10 y se hace a las 5 de la tarde porque ella dice que está muy ocupada”, comentaron.
Puntualizaron que en total son cinco regidores, pero sus tres homólogos no han tenido problemas o desencuentros con la alcaldesa.
Adelantaron que acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar la queja correspondiente, así como al Congreso local para denunciar los hechos de los que, aseguraron, ser víctimas.
“Queremos dialogar y llegar a un acuerdo porque queremos trabajar por la ciudadanía, queremos que se nos respete, que se nos tome en cuenta y que se inicie la investigación correspondiente porque ya no vamos a permitir que se nos discrimine y no se nos tome en cuenta para la toma de decisiones que competen a la población”, agregaron.