Con una manifestación permanente que implica el cierre de las entradas y salidas al municipio, pobladores de Zontecomatlán exigen a las autoridades estatales intervenir para aplicar el conteo voto por voto de las elecciones del pasado 6 de junio, además de analizar el actuar del actual alcalde, Marcelino Susano González, a quien acusan de cometer actos fuera de la ley.
Pese a que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) declaró el pasado 16 de junio la validez de las elecciones por la alcaldía al entregar la constancia como alcalde electo al candidato del PAN, Adrián Feliciano Martínez, pobladores de esta demarcación argumentan que hubo fraude electoral.
Cansados de las acciones fuera de la ley que presuntamente comete el actual alcalde, Marcelino Susano González, los habitantes de este municipio entregaron un documento al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, a quien piden su intervención.
El OPLE atrajo el cómputo de dicho municipio por considerar que no había las condiciones de seguridad necesarias para que este procedimiento se realizara en el Consejo Municipal. Lo anterior, dadas las múltiples manifestaciones que los habitantes ejecutaron como acción de rechazo a los resultados preliminares de los comicios.
Tras realizar las acciones pertinentes, el pasado 16 de junio el Consejo General del organismo entregó la constancia de mayoría al candidato del PAN, lo que causó inconformidad en los pobladores.
Los inconformes, aunque aseguran no estar de parte de ninguno de los candidatos que participaron en la contienda electoral, argumentan que su molestia se debe a que presuntamente el alcalde actual utilizó recursos y materiales públicos para supuestamente promocionar el voto a favor del candidato del PAN.
MANIFESTACIONES
Dos días después de las elecciones, el pasado 8 de junio, los habitantes de Zontecomatlán decidieron iniciar con manifestaciones para exigir un conteo total de los votos.
Los reportes de las redes sociales señalan que las manifestaciones se dieron en el Consejo Municipal del OPLE, así como en las entradas y salidas de la cabecera municipal.
La intención era exigir a las autoridades que se realizara el cómputo total de las urnas, pues supuestamente hubo presión y compra de votos para beneficiar al candidato del partido albiazul.
Dado que el organismo electoral confirmó que el candidato del PAN ganó la elección, acto basado en el cómputo de las boletas electorales, los pobladores mantienen una manifestación permanente.
Dicha manifestación se encuentra en las vías de acceso al municipio, mismas que son abiertas a determinada hora por la mañana y la tarde para permitir que los comerciantes y ciudadanos realicen sus labores diarias.
Además, se permite el acceso de transporte público y taxis en ambos lados del pueblo, por lo que la solicitud a las autoridades estatales es que se les permita seguir manifestándose y se detengan las acciones de violencia de las que supuestamente han sido víctimas los quejosos.
“Nuestra petición es dejar que el pueblo se siga manifestando de manera pacífica en las entradas de este lugar”, se lee en el documento entregado al Gobernador.
DENUNCIA POR AMENAZAS
El pasado 18 de junio los ciudadanos Dolores Roberta Moreno de la Cruz y Abel Martín Vargas, denunciaron ante la Fiscalía de esa zona, con sede en Chicontepec haber sido presuntamente amenazados verbalmente y con arma de fuego por el ciudadano Adrián Francisco N.
En la denuncia, que fue recibida por la Fiscalía General del Estado, se establece que el pasado 17 de junio mientras se manifestaban en contra del proceso electoral, ambas personas supuestamente fueron amenazadas por el señalado.
Ambos narran que con palabras altisonantes y señalando un arma de fuego que presuntamente portaba a la altura del abdomen Francisco Plácido les dijo que “ya se aplacaran”, a fin de detener las manifestaciones.
“Como el denunciado se dirigió a los suscritos y nos identificó y nos dijo que nos iba a matar, tenemos temor fundado de que el denunciado cumpla sus amenazas, además de que como a cinco metros de distancia sacó el arma y realizó cuatro detonaciones al aire con dirección a la ciudadanía que se estaba manifestando…”, exponen en la denuncia.
Tras los hechos, acudieron a la comandancia municipal para que el denunciado fuera detenido, acto que sí se realizó, pero se le otorgó la libertad.
Ante ello, los ciudadanos pidieron a la Fiscalía inicie una carpeta de investigación y se resuelvan conforme a derecho los actos generados, tras presentar pruebas testimoniales, archivos de audio y video, así como fotografías de los hechos.
SOLICITUD AL GOBERNADOR
A través de un pliego petitorio del movimiento de las comunidades de Zontecomatlán, los pobladores solicitaron al Gobernador su intervención, al asegurar que se han cometido presuntas irregularidades de parte del presidente municipal.
El documento, que consta de siete partes, tiene como objetivo que se realice el conteo de voto por voto de las casillas electorales y se investigue el actuar de la presente administración.
Como parte de las acciones solicitadas en relación a los comicios del pasado 6 de junio, se establece que presuntamente se utilizó recurso público para condicionar el voto y los representantes de casilla supuestamente fueron amenazados para que no expusieran sus inconformidades con las actas.
Se le señala al alcalde de presuntamente comprar votos y hacer donaciones de diferentes artículos para lograr el voto a favor del ahora presidente municipal electo.
En la petición se solicita que se investiguen las amenazas de las que han sido víctimas los manifestantes en diferentes ocasiones y se solicita que se respete el derecho de libre expresión, a fin de que la manifestación permanente no sea retirada.
LEJANO A LA CAPITAL
Zontecomatlán es un municipio con población mayoritariamente indígena, cuya lengua principal es el náhuatl.
Se ubica en la zona norte del estado y colinda con IIamatlán, Benito Juárez y el estado de Hidalgo. Cuenta con 98 localidades y sólo una de estas es considerada como urbana.
De acuerdo al Cuadernillo Municipal de la Sefiplan, el grado de marginación es muy alto. Tiene una población de 14 mil 767 personas, 7 mil 258 hombres y 7 mil 508 mujeres.
En situación de pobreza se ubican 11 mil 049 personas, 5 mil 966 se encuentran en pobreza moderada y 5 mil 083 en pobreza extrema.
ACUSAN USO INDEBIDO DE RECURSOS
Bajo el argumento de estar cansados de la falta de transparencia en las finanzas del municipio, pobladores de Coetzala tomaron las instalaciones del Palacio Municipal para exigir al alcalde Joaquín Fortino Cocotle Damián un informe detallado del uso de los recursos públicos.
Fue en los primeros minutos de ayer jueves cuando los pobladores decidieron tomar el inmueble y solicitaron información precisa a la Tesorería, área de donde, aseguraron, se ha despedido a las personas que presuntamente se oponen a las decisiones del edil en torno al uso del dinero.
Los manifestantes señalaron que desde que tomó el cargo como alcalde interino, en julio de 2020, éste ha despedido a tres tesoreros, luego de que le solicitan comprobantes de los gastos realizados.
Detallaron que los tesoreros despedidos son: Óscar Sánchez, José Manuel López y Franklin Villegas Olivares, además de haber dejado sin empleo a la secretaria municipal, Berenice Leza; la Contralora, Jusnet Anilú Sedano; y al titular de Obras Públicas, Emir Jiménez.
Los pobladores consideraron que desde su llegada a la administración, luego de que el presidente municipal, Gerardo Tirso Acahua Apale, falleció a causa de Covid-19, han detectado supuestos actos contrarios a la ley, lo cual, indican, no seguirán tolerando.
Los habitantes manifestaron que desde hace un año el pueblo sólo ha visto los beneficios personales para el edil, por lo que decidieron otrganizarse para realizar una solicitud de desafuero ante el Congreso local.
Adelantaron, además, que se pedirá al legislativo que se intervenga la Tesorería y se entregue un informe sobre el estado que guardan las finanzas públicas, a fin de que, en caso de existir irregularidades, se castigue a quienes resulten responsables.
Los manifestantes advirtieron que de no obtener este una respuesta de parte del alcalde o un informe detallado, se acudirá a las instancias legales correspondientes para poner un freno a las presuntas irregularidades.
