Uno de los programas icono de la reforma educativa no llegará a la meta al terminar el sexenio, ya que solo se ha instalado el 17.6% de los 40 mil bebederos con agua potable para los estudiantes de educación básica en todo el país, es decir, 7 mil 79, de acuerdo con el panorama nacional de avance por regiones de mayo del 2017 entregado por el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed) a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.
Para instalar los bebederos se acordó destinar en la Ley de Ingresos de los últimos dos años una parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas.
Desde el 2014 a la fecha se habrían recabado aproximadamente 25 mil millones de pesos por dicho gravamen –un peso por litro– de los cuales, entre 2015 y 2017 se han destinado tres mil 657 millones de pesos para la instalación y funcionamiento de bebederos en las escuelas, según el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), presidente de dicha comisión, quien afirma que el retraso es mayor, considerando planteles públicos, privados y autónomos, los cuales dan un total de 257 mil 825 a escala nacional.
El encargado de la ejecución del Programa Nacional de Bebederos Escolares es la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Inifed, cuyo titular, Héctor Gutiérrez de la Garza, entregó al diputado “una proyección en la que se comprometían a terminar los 40 mil. Sin embargo, lo que nosotros conocimos a principios de octubre era la licitación sólo para 15 mil escuelas. A ese ritmo, la obligación legal ya no la cumplió el Ejecutivo federal, en este caso, la SEP”, aseguró el diputado.
LICITACIÓN APRESURADA Y PARCIAL PARA CUMPLIR CON EL 34%
El concurso público dado a conocer el pasado 10 de octubre para la instalación y mantenimiento es solo para siete mil 244 sistemas de bebederos en escuelas públicas de 26 entidades, ya que quedaron desiertas cinco partidas correspondiente a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco y Tlaxcala, que deberán licitarse nuevamente.
Con ello, el Programa Nacional de Bebederos Escolares estaría llegando a 14 mil 293 sistemas instalados en escuelas públicas de todo el país, de un total de 40 mil, establecido como meta para este sexenio.
El Inifed informó que los bebederos se instalarán en Sinaloa, Sonora, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En junio pasado, el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, señaló que al principio del programa hubo situaciones problemáticas, porque se colocaron los bebederos y después de un tiempo ya no se usaban y no servían por falta de mantenimiento, razón por la que se optó por contratar el servicio integral con las empresas, que incluya tanto la instalación del bebedero como su mantenimiento y funcionamiento. “Estamos frente a un modelo que creemos que realmente va a ser funcional y esto lleva tiempo. Estoy convencido de que vamos a poder cumplir con el objetivo en tiempo y forma”, aseguró.
Durante su comparecencia este 31 de octubre en el Senado de la República por la glosa del 5º Informe de Gobierno, Nuño Mayer afirmó que el programa de bebederos avanza y planteó que en el pasado ciclo escolar se instalaron 12 mil, en el actual, habrá otros 12 mil y al término de la administración se llegará a 40 mil en las escuelas de educación básica.
CABILDEO Y DESDÉN DEL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL
La Encuesta Nacional de Salud 2016 arroja que 33.2% de los niños mexicanos de entre cinco y 11 años padece sobrepeso, al igual que el 36.3% de los adolescentes; México ocupa el primer lugar en diabetes y obesidad infantil en el mundo.
Los niños y los adolescentes pasan la mitad de su vida en la escuela, lugar que les debe ofrecer la posibilidad de obtener alimentos y bebidas sanas, sin embargo, “se están cuidando intereses de empresas como la Coca-Cola y otros que venden bebidas azucaradas en los planteles sobre el interés superior de la niñez, contenido en el Artículo 4to de la Constitución, que señala que el gobierno y la sociedad debemos de cumplirlo. La consecuencia más grave es ésta”, explicó el presidente de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.
Al presentar una iniciativa que prohibiera definitivamente la venta de comida chatarra y refrescos en las escuelas de educación básica, así como a la Ley de Salud y al solicitar información a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura en abril de este año, el diputado Hernández Soriano se encontró que los asesores de la Presidencia le recomendaron hablar con los cabilderos de dicha empresa refresquera. “Jamás le voy a entrar con la Coca-Cola, salvo que se comprometan a salirse de las escuelas o ayuden a instalar bebederos. Es una finta el mantenimiento de publicidad engañosa hacia los niños”.
En enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la instalación de máquinas expendedoras de refrescos en las universidades públicas, arguyendo que los universitarios tenían libre albedrio para decidir sobre su alimentación, haciéndose responsables del riesgo de ingerir esas bebidas.
Para el diputado, esto significa la supremacía del poder del dinero sobre el poder político: “una influencia muy grande en el cabildeo y la cooptación de legisladores y de funcionarios públicos por parte de transnacionales y también nacionales, ahí está Telmex, por ejemplo (…). Nadie con un compromiso mínimo por la niñez estaría aprobando semejantes barbaridades cuando está comprobado que el sector público está invirtiendo miles de millones de pesos en combatir la diabetes mellitus tipo uno, que ya está pegando en los niños y en los universitarios”.
