Un círculo vicioso -necesario de romper- en materia de seguridad se presenta en México. Mientras la cifra negra alcanza porcentajes estratosféricos, de 93.7%, es decir, delitos en los que no hubo denuncia o no se efectuó averiguación previa, solo en 6 de cada 10 se inició dicha averiguación o carpeta de investigación. Ambos están vinculados porque uno alimenta al otro.
Y como si no fuera suficiente, después de la breve revisión de algunos indicadores de inseguridad y desconfianza en las instituciones de impartición de justicia se advierten problemas en el Estado de derecho para mantener el orden social, por ejemplo, deficiencias en cuanto a la responsabilidad de ejecutar normas y leyes claras y universales para defender los derechos, la seguridad, la administración e impartición de justicia, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones de gobierno.
Este es el planteamiento hecho en el trabajo “Seguridad e inseguridad. Los avatares del Estado de derecho en México”, realizado en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, por el investigador parlamentario Salvador Moreno Pérez.
A su juicio, desde hace varios años México enfrenta una ola de violencia e inseguridad, “acentuada, por cierto, a partir del inicio de la guerra contra el crimen organizado. Además de la violencia materializada en el incremento de homicidios, de manera colateral han despuntado otro tipo de delitos como el secuestro, robo en sus diferentes modalidades, extorsiones y trata de personas, entre los más importantes”.
Ante dichas situaciones, señala que los temas fundamentales de la agenda de la LXIII Legislatura en el Congreso de la Unión son el fortalecimiento para la legislación en materia de justicia penal, la Ley de Seguridad Interior -que daría certeza jurídica a las fuerzas armadas al llevar a cabo tareas de seguridad pública- y la legislación sobre mando policial, entre las más importantes.
Y es que, de acuerdo con las cifras, en este caso proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de mayo de 2017 se registraron poco más de 17 mil homicidios dolosos y/o culposos. Sin embargo, la cifra más alta de homicidios se obtuvo en 2012 con poco más de 38 mil; en 2016 ocurrieron poco más de 36 mil homicidios. Lo anterior significó un promedio de 98 homicidios por día, o bien, uno cada 15 minutos.
En cuanto a los robos en sus diferentes modalidades, el SESNSP reportó más de 292 mil robos de enero a mayo de 2017. Las entidades federativas donde se registraron los números más altos fueron: Ciudad de México (39 mil), Estado de México (32 mil) y Baja California (23 mil). En contraste, durante el mismo periodo las entidades con menores eventos de robo fueron Nayarit, Campeche y Yucatán, todas con menos de mil hurtos.
POCO CREDIBILIDAD
INHIBE DENUNCIAS
El año pasado, conforme a un muestreo del INEGI, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016 (realizada en 2015), con el propósito de generar información nacional por entidad federativa y áreas metropolitanas, los resultados señalaron en México 29.3 millones de delitos asociados a 23.3 millones de víctimas. Esto representa una tasa de 1.3 delitos por víctima.
Las entidades federativas con mayor número de delitos fueron: Estado de México (6.6 millones), Ciudad de México (3.6 millones), Jalisco (2.6 millones), Guanajuato (1.3 millones) y Veracruz con 1.2 millones de delitos.
Además, la tasa de prevalencia delictiva fue de 28 mil 202 víctimas por cada 100 mil habitantes y las entidades federativas con las tasas delictivas más altas fueron Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guerrero, Baja California y Aguascalientes, en contraste, las entidades con menores tasas delictivas fueron Chiapas, Zacatecas y Oaxaca.
Los delitos que con mayor frecuencia se presentaron en aquel año fueron robos totales o parciales de vehículos; robos o asaltos en la calle o en transporte público; extorsión; robos a casas particulares y fraudes.
La Envipe estimó que en 2015 tres de cada 10 hogares en el país tuvo al menos una víctima de delito. En el caso de secuestros, a nivel nacional ocurrieron 64 mil 459 secuestros sufridos por 62 mil 636 personas. En 2013 se estimaron 123 mil víctimas de ese flagelo, dice el investigador Moreno Pérez.
Entonces, ¿qué sucede? Que ante la falta de credibilidad en las instituciones de impartición de justicia la población víctima de algún delito no lo denuncia, así en 2015 sólo 10.5% de los delitos fueron denunciados; de ellos solo en 6 de cada 10 se inició averiguación previa o carpeta de investigación.
La realidad es que prácticamente una de cada dos víctimas no denuncia el delito porque lo considera una pérdida de tiempo y porque tiene desconfianza hacia la autoridad. “La desconfianza es ligeramente mayor de los hombres que de las mujeres. El motivo más mencionado de no denunciar es el temor al agresor, dato que es ligeramente mayor en el caso de las mujeres que en los hombres. Prácticamente una de cada 10 personas considera que denunciar implica trámites largos y difíciles”, explica la investigación.
El asunto es que mientras esto sucede, uno de los pendientes de la agenda legislativa es la reforma policial. Todavía se mantiene la necesidad de contar con policías en los tres niveles de gobierno certificados y capacitados y con evaluaciones permanentes.
Ello, señala, es fundamental ya que con el nuevo modelo de justicia la policía busca ser el primer garante en los procesos de persecución y castigo del delito.
