El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que giró a inicios de mes un juez federal a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El amparo fue otorgado por Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien especificó que la suspensión definitiva no significa que el exmandatario panista no pueda ser detenido por la FGR, ya que debido a la gravedad de los delitos que se le imputan el proceso es “insuspendible”.
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En cambio, explicó que la suspensión consiste en que una vez que sea detenido Cabeza de Vaca quede a disposición del juzgado en el que tramitó su amparo y no sea recluido.
“Tomando en consideración que del informe de la responsable se admite que la orden de aprehensión reclamada es por hechos considerados como delito, a saber, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (graves), que ameritan prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión definitiva al quejoso en términos de los artículos 138, 147, 162 y 163 de la Ley de Amparo, para el efecto que una vez que sea aprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido”, expuso.
La orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca se liberó el 4 de octubre, apenas cuatro días después de concluir su encargo como gobernador, por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Control, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en el Altiplano.
Por las acusaciones de delincuencia organizada y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de la orden de aprehensión, sobre Cabeza de Vaca existe una alerta migratoria que giró el Instituto Nacional de Migración el pasado 5 de octubre, con la que se busca que el exmandatario abandone el país.
El panista enfrenta estas acusaciones desde 2018 y en 2021 se inició un proceso de desafuero en su contra, pero debido a que su partido mantenía el control del Congreso local éste no rindió resultados. Dicho proceso inició luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto, acusó al panista de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Apenas el 3 junio pasado, previo a los comicios locales, Santiago Nieto reiteró que existían pruebas “contundentes” contra el ahora exgobernador de Tamaulipas, por lo que auguró que la justicia pronto lo alcanzaría.
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