El juez federal Samuel Ventura Ramos fue denunciado este viernes por las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana por su probables irregularidades administrativas que derivaron en la libertad de 120 implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Por acuerdo del Gabinete de Seguridad, este viernes se presentó denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa”, anunciaron las dependencias en un comunicado conjunto.
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Previamente, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador los subsecretarios de Gobernación y de Seguridad, Alejandro Encinas y Ricardo Mejía, respectivamente, hicieron públicas las intenciones del gobierno federal de interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República luego de dos sentencias que dictó el juez en la última semana y media.
La primera fue el 14 de septiembre pasado, cuando absolvió del delito de secuestro contra los 43 jóvenes de Ayotzinapa a 19 personas, entre ellas el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien permanece en la cárcel desde noviembre de 2014 por la desaparición de los estudiantes.
El miércoles, Ventura Ramos dictó otra sentencia a favor de 18 personas implicados en el caso, ahora otorgándoles la libertad, con lo que desde que tomó el caso ha dejado en libertad a 120 presuntos responsables de los hechos registrados la noche del 26 de septiembre de 2014.
Por estas decisiones, Alejandro Encinas, además del presidente López Obrador, ha sido el funcionario más incisivo contra el poder Judicial al señalar que los argumentos que expone el juez para dejar en libertad a estos presuntos responsables no deberían ser más importantes que el derecho a la justicia que tienen las víctimas.
Lo anterior en respuesta al ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien consideró que las críticas que emitió el Gobierno federal contra los jueces dedicados a resolver sentencias relacionadas con la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa son “injustas”, ya que estas se dan por las deficientes investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República.
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“El presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió el día de ayer (sic) respecto a las críticas que se hacen a las resoluciones de los jueces, él señala que no es el juez, sino que es la mala integración de los expedientes y de las averiguaciones que entregan las autoridades encargadas de la procuración de justicia (...) Aquí quiero comentarle al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo que nosotros, nuestro objetivo y nuestra obligación fundamental es velar por el derecho de las víctimas, el interés superior de las víctimas y su derecho a la verdad y la justicia, y es lo que queremos nosotros subrayar”, sostuvo.