Un juez de distrito concedió suspender de manera definitiva la vinculación a proceso del exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa.
La defensa del artífice de la llamada “verdad histórica” promovió este y otro amparo la semana pasada para, además de frenar su vinculación a proceso, revocar la prisión preventiva justificada con la que se encuentra preso desde el 24 de agosto pasado luego de que fue capturado a las afueras de su casa en las Lomas de Chapultepec.
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Esto no quiere decir que el exprocurador abandone el Reclusorio Norte ni lo exime de las acusaciones que enfrenta por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, en relación a la desparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues aún resta saber si el juez le otorgará el amparo definitivo.
El extitular de la extinta PGR fue detenido el pasado 19 de agosto por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina y hasta el momento es el exfuncionario de más alto nivel del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto detenido por la desaparición de los jóvenes. De ser encontrado culpable por los tres cargos, podría ser sentenciado de 43 a 82 años de prisión.
Recientemente también fue detenido José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, y presunto autor intelectual del asesinato de seis jóvenes normalistas luego de que fueron privados de la libertad el 26 de septiembre de 2014.
Sin embargo, contrario a lo señalado por las autoridades, el cargo de crimen organizado por el que permanece preso en el Campo Militar No. 1 no tiene relación con la desaparición forzada de los jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014, por lo que acusaron que el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, ha manipulado la información para fabricar culpables.
Sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el lunes que la Fiscalía General de la República canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión giradas contra presuntos implicados en la privación ilegal de la libertad de los normalistas, 16 de ellas contra militares.