El viernes 19 de agosto de 2022 fue detenido en la Ciudad de México el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, responsable de la investigación y autor de la llamada “Verdad Histórica” en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en este hecho.
Un día antes, la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa reiteró las acusaciones sobre la versión oficial del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, a la que calificó de ser una construcción gubernamental para ocultar los vínculos de las autoridades con los grupos criminales.
Puedes leer también: De 'la verdad histórica' al 'ya me cansé', las frases por las que Murillo Karam será recordado
En el informe que presentó en Palacio Nacional el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se destacó que lo sucedido contra los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, pues autoridades de los tres niveles de gobierno estaban al tanto de lo acontecido, por lo que la “verdad histórica” de Murillo Karam era falsa.
“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado (...) En resumen, se trató de un crimen de Estado”, señaló.
¿Cuáles son las diferencias?
La tarde del 27 de enero, tres meses después de la desaparición de los jóvenes normalistas, el exprocurador, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y uno de los funcionarios de mayor responsabilidad en la investigación, convocó a una rueda de prensa en las instalaciones de la extinta PGR para dar los más recientes avances en el caso.
Luego de que Zerón de Lucio, hoy en Israel ante las acusaciones del gobierno mexicano por tortura de testigos en este caso, dio los últimos detalles de la investigación, Murillo Karam ofreció un resumen de lo que supuestamente les sucedió a los jóvenes.
Ahí, aunque en un primero momento se pensó que los normalistas intentaban boicotear un acto público de la directora del DIF de Guerrero, María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, el gobierno del expresidente Peña Nieto reconoció que los estudiantes realizaron acciones de boteo y toma de camiones para dirigirse a la manifestación por el 2 de octubre en la Ciudad de México.
Desde ese momento y hasta la desaparición de los jóvenes pasadas las 11 de la noche del 26 de septiembre, los dichos entre ambos gobiernos son similares, salvo en la parte en la que el extitular de la AIC negó que existiera “una sola evidencia de la participación del Ejército” en los hechos, pues de acuerdo con su investigación solo hubo movilización de policías municipales ante la situación, quienes en un “evento” se enfrentaron contra los estudiantes sobre la calle Juan N. Álvarez, donde asesinaron a dos y dejaron a uno gravemente herido.
La actual versión de los hechos índica que autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido el Ejército, tenían conocimiento pleno de todo lo que sucedió esa noche, incluso, se conoce que la Defensa Nacional tenía al soldado Julio César López Patolzin como infiltrado en la normal rural para labores de inteligencia, quien posteriormente fue desaparecido junto a los normalistas sin que sus mandos hicieran algo al respecto para salvarlo a él y a los estudiantes.
Asimismo, posterior al enfrentamiento entre los jóvenes y los agentes locales, la “verdad histórica” señala que todos los detenidos fueron entregados en la comandancia de Iguala para posteriormente ser sustraídos por policías municipales de esa localidad y de Cocula, y entregarlos en Loma de Coyotes al grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, del que presuntamente formaban parte José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, asegura que una parte de los normalistas fue llevado a Loma de Coyotes, mientras que los que fueron previamente detenidos por la policía de Huitzuco fueron llevados hacia ese municipio.
De acuerdo con testimonios obtenidos por la extinta PGR, este acto y la posterior desaparición de los normalistas ocurrió por instrucciones de “El Gil” al “El Cepillo”, pues los consideraron miembros de un grupo criminal opositor a Guerreros Unidos conocido como “Los Rojos”.
Por el contrario, aunque la intención principal “era solamente darles una ‘chinga’ a los estudiantes” y recuperar “la mercancía” que presuntamente se encontraba en uno de los camiones tomados por los estudiantes, el propio líder criminal conocido por la clave “A1” cambió de opinión y pidió desaparecer a los normalistas.
“‘A1’ ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado, ‘mátalos a todos, Iguala es mío’”, se lee en el informe que presentó esta semana la Comisión.
En esta parte, la procuraduría de Murillo Karam aseguró que los jóvenes fueron llevados al basurero municipal de Cocula, donde fueron asesinados e incinerados con leña y llantas para posteriormente ser arrojados en bolsas de basura al Río San Juan, lugar donde posteriormente la dependencia extrajo algunas de las supuestas bolsas con restos de los estudiantes, pero sin poderlos identificar por el grado de descomposición.
“Esta es la ‘verdad histórica’ de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró el exprocurador en ese entonces.
Del otro lado, en la reconstrucción de esta administración, se advierte que después de la orden de “A1”, los jóvenes fueron desaparecidos por “El Gil”, “El Negro”, “El Tito”, “El Chino”, “El Pato”, Landa y su gente, “El Cholo”, “El Chango”, “La gorda”, “El Duvalín o “Duva”, “El Tony”, “El pollo”, “El Cuca”, “El Feo”, “El Wasako”, “Memo” (primo de “El Chino”); “El Moreno” (“cocinero” de Guerreros Unidos) y “H1″, un mando policial de Huitzuco.
Restos fueron eliminados por separado
Se sabe también que Eduardo N, alias “El Chucky” habría sido el responsable de torturar y asesinar al estudiante Julio César Mondragón, alias “El Chilango”, sin tener órdenes de sus superiores.
Según el informe, en coincidencia con “la verdad histórica” la instrucción original sí era incinerar a los jóvenes, pero al ser demasiados decidieron dividirlos. Ahí, relata el documento, “El Chucky” “les metió machete” para después meterlos en bolsas y que cada una de las células se deshiciera de ellos como quisiera.
Aunque se conoce que “El Chino” arrojó sus “paquetes” al Río Balsas, que “La Gorda” los llevó al pozo de Pueblo Viejo con apoyo de “La Cuca” y “El Feo”; y que “El Moreno” “cocinó” a cinco estudiantes, hasta hoy se ignora el método de ejecución del grupo de estudiantes que fue llevado a Huitzuco.
Contrario a la “verdad histórica” que señaló que los estudiantes fueron asesinados esa noche, la nueva información también apunta a que al menos seis estudiantes permanecían detenidos con vida en “La bodega vieja” para después ser asesinados por “El coronel” y sus allegados.
Finalmente, según el nuevo informe, en días posteriores a lo acontecido hubo una reunión con los Abarca y “asesores de México” para que pudieran borrar la evidencia, incluso se afirma que Tomás Zerón “era el que andaba mandando limpiar todo el caso de los chicharrones”.
De tal manera, acusó que “la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de los agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
