La Procuraduría General de la República deberá hacer pública la averiguación previa contra Odebrecht, por tratarse de un tema de interés nacional, ordenó el Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El anuncio se da a casi un año de la destitución de Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención Delitos Electorales, bajo el pretexto de que había revelado información relevante sobre el caso de corrupción; tan sólo dos días después de que el exfiscal reveló a un medio de comunicación que estaba siendo presionado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que lo declarara inocente.
El INAI hasta ahora ha recibido 170 solicitudes de información, las cuales pueden ser consultadas en el Portal de Obligaciones de Transparencia dentro de una liga específica para el caso Odebrecht, consta de 200 documentos e incluye los cuatro contratos con los que supuestamente Lozoya Austin benefició al consorcio brasileño.
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Un caso puede ser considerado de interés público por la enorme cantidad de solicitudes de información y la trascendencia a nivel nacional para los ciudadanos; los sobornos efectuados por Odebrecht se convirtió en uno de los casos emblemáticos de corrupción en México y América Latina.
Los comisionados del INAI determinaron que esta orden responde al reclamo social, “garantiza el principio de publicidad sobre la información relacionada con las indagatorias de hechos que generan indignación y lastiman a la población, como el de Odebrecht, uno de los casos más representativos de una red de corrupción a nivel global”.
Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública ha inhabilitado a dos de las empresas filiales de la transnacional petrolera: Constructora Norberto Odebrecht S.A y Braskem hasta por 10 años e impuso una sanción económica de más de 2 millones 597 mil pesos.
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En junio de este año, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Bletrán, el mismo que destituyó a Santiago Nieto, anunció que resolverían las investigaciones, a más tardar, en diciembre.
No obstante, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA, han señalado como una de las principales ineficiencias en el caso, la falta de un Fiscal Anticorrupción que dé seguimiento a las averiguaciones y emita una sentencia.
Este ha sido una de las principales deudas del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que hasta ahora no se han emitido sentencias contra los involucrados ni se ha aclarado si efectivamente, Emilio Lozoya utilizó recursos ilícitos para financiar la campaña del presidente Enrique Peña Nieto.