Mediante un comunicado, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio N se deslindó de la declaración que se le atribuye sobre el caso de Fertinal y en la que supuestamente acusa al expresidente Enrique Peña Nieto de ejercer presión para llevar a cabo la operación a pesar del riesgo que ello implicaba.
A través del bufete de abogados encabezado por Miguel Ontiveros, el ex servidor público afirmó que durante su estancia en España, no hizo declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras negociaba su extradición, por lo que dicha información no existe.
“La supuesta declaración, relativa al caso conocido como ‘Fertinal’, que es atribuida al señor Emilio “L”, no existe, de ahí que los contenidos y las afirmaciones que se le imputan son falsas”, señaló el bufete jurídico de Miguel Ontiveros.
Esto luego de que se señalara que supuestamente Emilio declaro que en 2015 Peña Nieto fue informado que la compra de Fertinal implicaba un daño a la nación y pesar de ello “presionó” para que la operación se llevara a cabo, ello con el fin de beneficiar entre otros a Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego, además de pagar un soborno destinado a financiar campañas electorales del PRI, así como un misterioso “proyecto”.
A esta información que se difundió este fin de semana, la defensa del ex director de Pemex manifestó que las únicas entrevistas válidas son aquellas se rinden ante la autoridad competente como la FGR, institución con la su cliente se “encuentra colaborando para esclarecer hechos vinculados a casos de corrupción verificados en el pasado”.
A través de un comunicado, Ontiveros reiteró su respeto a la libertad de expresión, pero enfatizó que la única instancia ante la cual serán rendidas manifestaciones, aclaraciones o ampliaciones de entrevista, será la FGR, “institución en la que se tiene absoluta confianza y con la que han establecido canales de colaboración institucional”.
“Lo anterior, con el fin de que se conozca la verdad y se procure justicia, en su calidad de pilares fundamentales del Estado constitucional”.