Ya son 155 las solicitudes de protección especial de candidatos a cargos de elección popular en 14 estados de la República, peticiones inscritas en el contexto de 105 asesinatos de políticos durante el presente proceso electoral, 31 de ellos aspirantes a cargos.

Los aspirantes que han pedido el refuerzo de su seguridad van desde el presidenciable, José Antonio Meade, hasta el candidato a gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pero en su mayoría se concentran en el ámbito municipal y de las legislaturas locales.

En Tierra Caliente

En Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que ya suman 30 los aspirantes que tienen seguridad. El estado es el que más asesinatos de políticos registra con 21, además de que 496 candidatos renunciaron a sus aspiraciones por un cargo de elección popular.

Michoacán, por su parte, contabiliza siete solicitudes de protección de candidatos, según dijo el procurador de Justicia estatal, José Martín Godoy Castro, luego de que la entidad contabiliza dos asesinatos políticos durante la campaña y dos más desde el inicio del proceso.

Se sabe que dos de los candidatos son de la zona de Tierra Caliente, donde también se han anunciado amenazas que incluso han incidido en la renuncia de al menos cuatro aspirantes de los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista.

Triángulos huachicoleros

En Puebla, las solicitudes de protección de especial por parte de candidatos llega a 39, luego de que con el homicidio el fin de semana de la candidata del PVEM, Juana Iraís Maldonado, sumaran tres muertes de aspirantes en el estado.

El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, anunció 11 medidas de protección entre las que destacan revisión permanente de los protocolos de seguridad, disposición de elementos de la Policía Auxiliar para resguardo de los candidatos, acompañamiento de la Policía Estatal en trayectos o mítines a solicitud de parte, dispositivos de geolocalización GPS en sus vehículos, ejercicios de conciliación con las autoridades municipales, patrullajes en eventos masivos y la creación de un grupo de reacción inmediata entre la SGG, SSP y las fuerzas políticas ante cualquier contingencia.

Los partidos políticos indicaron que se tienen identificados al menos 12 municipios de alto riesgo pertenecientes al Triángulo Rojo, porque en ellos se han presentado actos violentos, amenazas e incluso homicidios políticos.

Guanajuato tiene hasta la fecha siete candidatos que han solicitado protección debido a amenazas, comentó el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera. Informó que las peticiones se tratan de seis candidatos a alcaldías y un candidato a diputado, con los que ya se está trabajando de la mano del Instituto Estatal Electoral y con la Secretaría de Seguridad Pública.

El estado vive una ola de homicidios sin precedentes, ligados a los grupos de chupaductos que operan en el llamado Triángulo Dorado del huachicoleo que comprende los municipios de Celaya, Salamanca e Irapuato.

Piden protección en nueve estados más

El resto de las entidades que requirieron seguridad especial de sus candidatos son San Luis Potosí, con 24; Tabasco, con 13; Chihuahua y Jalisco, con 7 cada una; Tamaulipas, con 6; Hidalgo y Colima, cada uno con 2, además de Morelos y Colima, con una solicitud en cada caso.

En el resto de las entidades no se han presentado peticiones de candidatos para su resguardo; incluso en aquellas que sufren graves problemas de inseguridad por parte del crimen organizado como Estado de México, Sinaloa, Veracruz o Quintana Roo.

Socialdemócratas del Parlamento Europeo han pedido al Gobierno de México que proteja a los candidatos a los próximos comicios para garantizar unas "elecciones limpias"

Condenaron en un comunicado los asesinatos el pasado sábado de Juana Iraís Maldonado y Erika Cazares, en Puebla, y Pamela Terán, en Oaxaca, que sucedieron mientras las mujeres hacían sus campañas. "Pedimos al Estado mexicano que extreme su esfuerzo de protección a los candidatos que concurren a las elecciones, para garantizar la libertad y la limpieza democrática del proceso", declaró el copresidente de la Asamblea Parlamentaria UE-América Latina (Eurolat), Ramón Jáuregui.

El eurodiputado español indicó que "por desgracia, en México existen poderes mafiosos vinculados con el narcotráfico -pero no sólo- que aspiran a entorpecer el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, coartando la libertad de las personas que compiten”.