La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) prevé un incremento en las denuncias por actos de corrupción electoral. Actualmente, 86% de los asuntos de las carpetas de investigación tienen que ver con corrupción, aseguró el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo.
“Seguramente vamos a tener una multiplicación respecto a lo que tuvimos en 2017, en una proyección vamos a recibir un mayor número de denuncias de las que históricamente ha recibido la Fiscalía. Esto implica varias estrategias: el despliegue ministerial, la atención inmediata de las denuncias y contar con una mejor estructura”, dijo en entrevista con El Sol de México.
El funcionario anunció que esta semana solicitará a la Subprocuraduría de asuntos internacionales la extradición de César Duarte para que sea juzgado por delitos electorales en el ámbito mexicano. De acuerdo a números de la dependencia, desde 2014 las carpetas de investigación por presuntos delitos electorales han venido al alza, sobre todo los relacionados con corrupción, esto derivado de la reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales que amplió la gama de delitos por cohecho.
“En 2014 tuvimos 13 investigaciones, 2015 con el proceso electoral federal tuvimos 161, en 2016 tuvimos 624 investigaciones cuando hubo 14 procesos electorales locales y en 2017 donde tuvimos sólo cuatro procesos locales, el número de carpetas de investigaciones abiertas son 214”, añadió Nieto Castillo.
¿Cuáles son los tipos de corrupción electoral más comunes?
Ahora que tenemos mayor coordinación con el INE. Hemos notado una transformación importante. Antes el 94% de los casos que atendía la FEPADE estaban relacionados con alteración al Registro Federal de Electores para el turismo electoral y ahora 86% de los asuntos de las carpetas de investigación tienen que ver con corrupción. Estamos viendo también un tema de proceso ilegal de financiamiento de campañas electorales, no precisamente con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento ilícito.
¿Cómo cuáles?
Estamos viendo denuncias de desvío de recursos de los estados a las campañas electorales, el mayor caso es el de Chihuahua donde ya logramos vincular a proceso a varios funcionarios de la pasada administración y hasta al mismo ex gobernador César Duarte.
Aquí quiero anunciar en este momento que solicitaremos la extradición de César Duarte para que sea juzgado por delitos electorales en el ámbito mexicano. Además de que deberá de ser juzgado por los delitos que se le imputan en el fuero común, esta semana se estará solicitando a la Subprocuraduría de asuntos internacionales la extradición en virtud de que Interpol tiene dos fichas rojas por diversos delitos.
Otra cosa que vemos es el rebase del tipo de rebase de aportaciones individuales, como el caso de Eva Cadena.
¿Hay otro acto de corrupción que hayan detectado?
Un tercer punto es el tema de retención de salarios de trabajadores, pero es algo que no es exclusivo de algún partido. En Chihuahua fue a favor del PRI, lo tenemos en Nayarit y Torreón para el PRI, en Monclova y Saltillo para el PAN, en Texcoco para Morena, en Coyoacán para el PRD, es una práctica común para todos los partidos
También está el condicionamiento de programas sociales, de manera gradual estamos viendo un fenómeno que se refiere que los beneficiarios de programas sociales se convierten en estructuras partidistas el día de la jornada electoral, esto implica que el programa social está siendo condicionado para que los partidos políticos en el ejercicio del poder tengan representantes en las casillas.
Finalmente tenemos los casos de actos de temor, tales como llamadas a media noche para intimidar, los citatorios falsos que llegaron a casas de adultos mayores principalmente y dejar cabezas de cerdos en oficinas partidistas como ocurrió en el Estado de México.
¿Tienen identificadas zonas de riesgo de corrupción electoral?
El delito electoral tienen un ciclo, la conducta más denunciada es el turismo electoral, y eso termina el 15 de enero (cuando cierra el registro federal de electores) estamos trabajando con el INE donde vean movilizaciones masivas de personas. Estas movilizaciones no sirven para el proceso federal donde se vota en todo el país, pero sí son determinantes para elecciones municipales y estatales.
Por lo antecedentes históricos, el estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas son estados donde tenemos mayor atención.
Un segundo tema tiene que ver cuando ya estamos en la etapa de precampañas, es el acercarse con Sedesol y gobiernos locales para evitar el condicionamiento de programas sociales, y de manera paralela ir integrando las carpetas de investigación por presuntos hechos.
¿Esto es el blindaje electoral?
Comenzamos con el blindaje electoral que implica acercarse a la ciudadanía, acercarse a los gobernantes para informar qué actividades están prohibidas y que pueden resultar en responsabilidad penal o a la nulidad de una elección. Esto se hace a partir de capacitación y certificación de los programas sociales mediante un trabajo de FEPADE, INE y Sistema Nacional Anticorrupción se está construyendo
Estoy convencido de que la corrupción inicia en las campañas electorales, donde se generan compromisos entre partidos políticos, candidatos, funcionarios, empresarios y grupos delincuenciales. Esto lo tenemos que combatir.
En los programas sociales ¿han encontrado casos de redes para condicionar el voto?
Junto a las autoridades locales desarrollamos mapas de riesgo electoral. Ahí encontramos que donde hay más concentración de población hay mayor número de beneficiarios de Prospera cuando debería ser en donde hay más marginación, esto puede implicar un uso electoral.
Pero a mayor grado de marginalidad, mayor número de denuncias. En 2017 nos dio un fenómeno, que las personas denunciadas por condicionar los programas sociales ya no eran los servidores públicos, sino mujeres pobres, vocales de los programas sociales.
¿Qué pasa con los peces gordos de la corrupción electoral?
También investigamos a los instigadores y a las personas que sean denunciadas, cualquiera que sea su filiación política, su espacio socioeconómico, su posición administrativa, nosotros hemos solicitado declaraciones de procedencia en contra de la señora Eva Cadena, en contra de la presidencia del Congreso de Chihuahua, ya pedimos que se le quite el fuero y por supuesto estamos en trámite de llevar a la Cámara de Diputados. También está el caso de César Duarte.
En cuestión de números ¿cuáles son los resultados?
En lo que va del año se han ejercido 660 averiguaciones previas, solicitando la orden de aprehensión correspondiente y se han judicializado 111 carpetas de investigación, donde tenemos un nivel de eficacia de 90%. A las averiguaciones previas, en 2015 ejercimos la acción penal en 951 ocasiones en mil 228 y en 2017 660 expedientes. Estamos hablando que hemos ejercido acción penal en dos mil 700 averiguaciones previas en lo que va de la presente administración.
¿Cómo va la propuesta para que los actos de corrupción electoral sean causante de prisión preventiva?
Hemos trabajado de manera conjunta con la PGR para que se tome en cuenta el tema en la Miscelánea Judicial. La posición del Procurador ha sido apoyar el modelo, pero viendo la naturaleza del peculado, si se trata de una red conformada por servidores públicos de nivel medio superior que están confabulando para efecto de cambiar los padrones de programas sociales, entregar apoyos a cambio de voto, amenazar con quitar programas sociales, desviar recursos públicos o retener salarios, eso sí amerita prisión preventiva a mi consideración.
