El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, advirtió que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad.
El funcionario dijo que se debía avanzar en la limpieza urgente que ese Poder, que se necesita para funcionar correctamente, según él, solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia.
Puedes leer: Presenta Morena iniciativa para que ministros de la SCJN se elijan por voto popular
Al comparecer ante los integrantes de la Comisión Bicamaral, el segundo hombre de importancia del gobierno federal, habló antes de iniciar la participación de los secretarios de la Defensa y de la Marina.
Adán Augusto indicó que esta primera comparecencia, es una retroalimentación que permita apuntalar las labores de seguridad no sólo de las Fuerzas Armadas Permanente, sino de todas las instituciones de seguridad de las entidades federativas, quienes también deberán ser evaluadas, sobre todo en capacitación y en equipamiento.
“Podemos tener diferencias que, además son válidas, como lo hemos repetido en otras ocasiones, la tarea de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública está desprovista de todo calificativo político, con lo que estamos cientos de que este diálogo nos llevará a buen puerto y mejores resultados”.
Los funcionarios del gabinete de Seguridad el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda Durán y de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, llegaron puntuales, diez minutos antes de las 11 horas para la reunión.
El secretario de Gobernación, aseguró que las fuerzas armadas no sustituirán a las fuerzas civiles, en ningún orden de gobierno, ni eximirá a dichas autoridades de sus responsabilidades, en materia de seguridad pública.
Derivado de la construcción de un consenso político, se acordó que las fuerzas armadas participaran en tareas de seguridad pública en las entidades federativas, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Sin embargo, acusó a gobiernos anteriores que ocasionaron en el ámbito de la seguridad y el impacto de la corrupción en los distintos órdenes de gobierno, por lo que se requería de un lapso más amplio y compromiso y responsabilidad de todas las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas.
“No era ni es la intención de militarizar el país, la intención es cumplir con eficacia y eficiencia un mandato dado por el pueblo de acabar con el lastre de la inseguridad. No hay institución mejor preparada mejor capacitada que nuestras fuerzas armadas, para combatir a los criminales que están a merced de los delitos”.
Indicó que por eso se reformó el 5º transitorio para darle mayor plazo a las fuerzas armadas para permanecer en las calles, para disponer de las fuerzas armadas permanentes en tareas de seguridad pública.
Recordó que el ejecutivo presentará al Congreso de la Unión un informe semestral del desempeño de las fuerzas armadas, dicho informe tendrá indicadores cuantificables, así como verificables, que den pie a una evaluación de resultados obtenidos del periodo reportado en maría de seguridad pública.
Las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales en la estrategia de seguridad del gobierno federal, se prioriza la vida y la paz, por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas.
➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
Recordó que subordinada y complementaria, es decir, las labores que desempeñe la Fuerza Armada permanente serán solo de apoyo y auxilio de las instituciones de seguridad pública y deberán tener un fundamento y una motivación.
En el tenor de la rendición de cuentas y la fiscalización, el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral del desempeño de las Fuerzas Armadas, dicho informe deberá contener indicadores que sean cuantificables, así como verificables que den pie a una evaluación de resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública.
