El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará el poder el 30 de septiembre junto con un declive en los índices internacionales que miden la salud de la democracia, las libertades políticas, los contrapesos al poder gubernamental, la solidez de las instituciones y la transparencia.
El Índice de Transformación (BTI) elaborado por la Fundación Bertelsmann, institución alemana que se dedica a analizar la evolución de la democracia en más de 200 países, reporta que en 2014 México tenía un puntaje de 6.80, lo que nos ubicaba en la categoría de “democracia defectuosa”; para 2024 bajó a 5.70 puntos, lo que nos convierte en “democracia altamente defectuosa”, a un paso de la “autocracia moderada”.
La misma herramienta arroja que la gobernabilidad pasó de 5.64 puntos en 2014, un estatus que considera “bueno”, a 4.40 puntos en 2024, el nivel más bajo del rango “moderado” y a unas décimas de la categoría “débil”.
La transformación política de México está en retroceso. La consolidación del poder de López Obrador en el Poder Ejecutivo, los ataques a los críticos y los esfuerzos por debilitar las instituciones de rendición de cuentas han suscitado inquietudes.Fundación Bertelsmann.
El documento agrega que “la economía de México no ha mostrado una mejora bajo el liderazgo de AMLO. A pesar de los esfuerzos de estabilidad macroeconómica, las decisiones de inversión de su administración suelen estar politizadas, favoreciendo a empresas militares y nacionales sin concursos públicos. Entre 2019 y 2023, la deuda pública aumentó un 5 por ciento y el déficit presupuestario aumentó a casi el 4 por ciento del PIB”.
Otro índice donde México tuvo retrocesos durante el sexenio de López Obrador es el elaborado por el Instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.
Según la herramienta, entre 2018 y 2024, la democracia electoral bajó de 0.68 a 0.53 puntos; la democracia deliberativa de 0.47 a 0.33 puntos; la democracia igualitaria de 0.39 a 0.29 puntos, y la democracia liberal de 0.43 a 0.30 puntos. En todos los casos, los puntajes son similares a los que tenía el país a principios de los años 90, cuando no existían autoridades electorales independientes y la participación ciudadana era limitada.
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De acuerdo con la edición 2024 del V-Dem, México es denominado como un país “autocratizado” y forma parte de la llamada “zona gris” de América Latina, es decir, países ubicados en el límite inferior de las democracias electorales, pero con un elevado grado de incertidumbre sobre el funcionamiento de las instituciones, sitio que comparte con Guatemala, Honduras y El Salvador.
“En algunos países como El Salvador y México, la estrategia para combatir la violencia ha sido la implementación de medidas de mano dura y la adopción de estados de excepción. Sin embargo, la experiencia en estos países muestra que estas medidas, si son mal implementadas, pueden derivar en una escalada en acciones autoritarias por parte del ejecutivo, y constituir así un punto de partida hacia el deterioro de la democracia”, alerta el documento.
“En el caso de México, el respeto del Ejecutivo a la Constitución y los controles horizontales al Poder Ejecutivo han caído significativamente en los últimos años. A partir del 2015, después de una pausa, se retomó la estrategia militarizada con la que se siguió hasta llegar a la medida más extrema con los estados de excepción en 2022”, añade.
Logros y desafíos en la lucha de AMLO contra la pobreza
En materia de desarrollo social, la gestión del presidente López Obrador también deja claroscuros. Si bien, poco más de cinco millones de personas dejaron de ser pobres entre 2018 y 2024, los resultados muestran matices cuando se observan los diferentes deciles de la población.
Al dividir a la población mexicana en diez grupos de acuerdo a su nivel de ingreso, se aprecia que en los dos primeros deciles (las capas más desposeídas) la pobreza extrema aumentó en 2.8 millones de personas. Pero la reducción de las carencias se registró marcadamente en los deciles del tres al seis, es decir, los grupos en pobreza moderada, donde 7.8 millones de personas mejoraron su calidad de vida.
“El aumento del salario mínimo fue un elemento importante para incrementar los ingresos de la gente, no de los más pobres, porque no impacta en los más pobres, porque son informales, están en el campo, no están ligados a una empresa formal, no les pega tanto el salario mínimo. Les pega a la gente que está más en el sector formal, que es gente que no son los más pobres, sino que están como que intermedios”, explicó Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional.
El aumento del salario mínimo incrementó los ingresos de la gente, pero no de los más pobres.Gonzalo Hernández Licona.
Hernández Licona, quien también es exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sostuvo que, con matices, un segundo logro de la administración obradorista fue el incremento del monto para los programas sociales, aunque no necesariamente redundó en beneficios para los sectores más pobres.
"El porcentaje de las familias más pobres que reciben programas sociales hoy es menor que hace seis años porque desapareció la focalización, es decir, el esfuerzo para que los beneficios le lleguen a los más más pobres. Eso se esfumó cuando el presidente López Obrador eliminó el programa Prospera, que venía del programa Oportunidades, que era el programa que más hacía llegar el apoyo social a quienes más lo necesitaban”, detalló Hérnandez Licona.
Al respecto, Paulina Gutiérrez, coordinadora de la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza, apuntó que si bien el aumento al salario mínimo y la expansión de los programas sociales trajeron beneficios a la población más vulnerable, las fallas estructurales del sistema laboral permanecen sin cambio.
La mayoría de las personas está trabajando sin un salario suficiente para superar el umbral de pobreza.Paulina Gutiérrez.
“Sí, hay más personas ocupadas que hace seis años, pero la mayoría están trabajando sin un salario suficiente para superar el umbral de pobreza. La mitad de las personas continúan en trabajos informales. Esto quiere decir que no tienen una protección social ni acceso a servicios de salud, además hay todavía muchísimas mujeres y jóvenes excluidas del trabajo”, describió.
Desde su punto de vista, es un error abordar el tema del combate a la pobreza desde la política social y la transferencia de recursos mediante programas sociales, por lo que “mientras se siga dejando de lado la raíz laboral de la pobreza en México, vamos a seguir condenados a mejores a mejoras marginales y pero también a retrocesos cíclicos”.
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"Lo que se requiere es generar empleos en condiciones dignas; esto quiere decir que tengan un ingreso laboral por encima del umbral de la pobreza, que es de alrededor de 9 mil pesos al mes con todos los derechos laborales, que tengan contrato estable y con acceso a la protección social”, finalizó.