El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, tendrá que esperar hasta inicios de 2023 para continuar sus procesos legales pendientes por los casos relacionados a Agronitrogenados y Odebrecht luego de que la jueza de control del Reclusorio Norte determinó aplazar ambas audiencias hasta el 3 y 17 de enero, respectivamente.
Lo anterior, luego de que a inicios de mes la defensa del exfuncionario federal solicitó ambos aplazamientos, los cuales le fueron concedidos por la jueza de Control Verónica Gutiérrez Ramos al considerar que la defensa argumentó debidamente los requerimientos.
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Tanto en el caso Agronitrogenados como en el caso Odebrecht, el equipo legal encabezado por el abogado Miguel Ontiveros solicitó aplazar los careos ante la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera por un plazo máximo de 10 días.
Sobre lo correspondiente a la compra de la planta de fertilizantes −en el que a Emilio Lozoya se le acusa del delito de lavado de dinero− la defensa argumentó que la solicitud era resultado del fallecimiento de Edgar Torres Garrido, un exfuncionario de Pemex relacionado a irregularidades en la adquisición de Agronitrogenados, y a quien la defensa presentó como su “principal testigo”.
Asimismo, aseguró que aún se encontraba a la espera de recibir tres dictámenes en contabilidad, derecho internacional y audio y video, necesarios para encontrar elementos de prueba a favor de su cliente.
En cuanto a Odebrecht −audiencia que se celebró el 7 de noviembre− el equipo legal de Lozoya Austin solicitó el aplazamiento pues se encontraba aguardando la entrega de resultados de dos peritajes solicitados, así como grabaciones de declaraciones de ejecutivos de la constructora brasileña.
En ambos casos, el abogado Miguel Ontiveros aseguró que su representado se encontraba abierto a colaborar con las autoridades con el propósito de lograr un acuerdo reparatorio, es decir, subsanar el daño económico en el caso Agronitrogenados, y un criterio de oportunidad en lo que respecta a Odebrecht, lo que se traduciría en la colaboración de Lozoya en otras investigaciones a cambio de beneficios legales.
Destaca que si el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto no logra un acuerdo con Pemex y la FGR la última instancia para demostrar su inocencia sería el juicio, el cual una vez iniciado ya no existe posibilidad de negociación.