En un debate inédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, en votación dividida, la consulta popular impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar a los últimos cinco expresidentes. Sin embargo, los ministros modificaron la pregunta y retiraron toda mención de los exmandatarios cambiándolo por “actores políticos”.
En un segundo punto, la SCJN aprobó por mayoría de ocho votos la pregunta que en las próximas horas enviará al Senado para ser dictaminada y, en su momento, formulada en la consulta popular. Ésta quedó de la siguiente manera:
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"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
La pregunta avalada por la Corte, analizada previamente en sesión privada, quedó fraseada muy diferente a la propuesta enviada por López Obrador, en la que pedía explícitamente que se investigara y, en su caso, sancionara a los cinco presidentes de la República que gobernaron al país entre 1988 y 2018.
La resolución sorprendió dado que la Corte ya había rechazado cuatro consultas populares en años previos, como dio a conocer ayer El Sol de México.
LOS ARGUMENTOS A FAVOR
Tras un reñido debate y por seis votos contra cinco, la Corte concluyó que la materia de consulta popular impulsada por López Obrador es constitucional pues, a decir de la mayoría, se debe abrir las puertas a la participación ciudadana.
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, expuso que no se deben cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal, pues los riesgos no se solucionan clausurando los debates o la libertad de expresión.
"Este asunto nos presenta la oportunidad de afianzar este legado, interpretando de forma expansiva los alcances de la consulta popular para liberar su potencial democrático. Si tenemos éxito, habremos inaugurado una nueva etapa de nuestra vida democrática, marcada por la posibilidad real de hacer efectiva la participación ciudadana en la deliberación pública, y con ello, la consolidación de nuestras aspiraciones constitucionales más profundas de paz, igualdad, justicia y bienestar social", puntualizó.
En la misma posición, la ministra Margarita Ríos Farjat expuso que el proyecto de Luis María Aguilar —que planteaba rechazar la propuesta presidencial— interpretaba de manera rígida y restrictiva el derecho a la consulta popular y anulaba la búsqueda de alternativas para que la Corte replantee la pregunta. Quizá uno de los votos más sorpresivos fue el del ministro Alberto Pérez Dayán, quien se sumó a esta postura a pesar de que acostumbra respaldar siempre los proyectos del ministro Aguilar.
En contraparte, la ministra Norma Piña destacó que es clara la inconstitucionalidad de la consulta propuesta por el presidente López Obrador y expuso que la responsabilidad de un integrante de la Suprema Corte es no ceder a las presiones.
"Debe quedar completamente claro que, ni nuestra Constitución, ni nuestras leyes ponen impedimentos para poner a disposición de la justicia penal a los expresidentes. Mi responsabilidad como ministra es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente de mi mandato como jueza constitucional", concluyó Piña Hernández.
A su vez el ministro Javier Laynez, quien rebatió e intentó echar abajo todos los argumentos que respaldaban la consulta popular, señaló que la justicia no debe someterse a consulta y que los jueces no están para ganar popularidad pues la misión del máximo tribunal es salvaguardar la supremacía constitucional.
"Los jueces constitucionales no somos nombrados para tener popularidad, nosotros no. Nunca el Poder Judicial, nunca las fiscalías. La Suprema Corte de Justicia tiene que garantizar la Constitución y los derechos humanos, aun en contra de las mayorías.
“No comparto ninguno de los argumentos que han dado. Si dicen que no es vinculante señores, entonces se puede consultar cualquier cosa, ¿por qué no consultar sobre el artículo 40? Y que la ciudadanía se exprese si en lugar de República quiere ser una monarquía”, sentenció Laynez Potisek.
Por la constitucionalidad de la consulta votaron los ministros Arturo Zaldívar, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara.
En contra y respaldando el proyecto del ministro Luis María Aguilar se pronunciaron Norma Piña, Javier Laynez, Jorge Pardo y Fernando Franco.
No se deben cerrar las puertas a la opinión ciudadanaArturo Zaldívar / Ministro de la SCJN
POLÍTICOS REACCIONAN
Las reacciones de la clase política no se hicieron esperar. En el Senado de la República, senadores del PAN recordaron que la aplicación de la ley no se somete ni a parecer, ni a concurso ni a subasta. “Lamentamos aunque respetamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación’’, dijo su coordinador Mauricio Kuri González.
En contraste, la bancada de Morena en la Cámara alta calificó de “histórica’’ la resolución de la Corte. “La SCJN tiene en su mayoría criterios liberales y están muy acordes con lo que el país está experimentando en un proceso de cambio profundo’’, dijo Ricardo Monreal Ávila, líder de los senadores morenistas.
Al conocer el veredicto, Monreal declaró en sus redes sociales que la mayoría legislativa honrará y respetará la resolución. “La Corte ha resuelto por mayoría de votos sobre la consulta popular y nosotros respetaremos su fallo”.
Desde Palacio Nacional también hubo reacciones. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia de la República, aplaudió que la Suprema Corte declarara la constitucionalidad de la materia de consulta popular para investigar y en su caso sancionar a cinco expresidentes de México.
A escasos minutos del fallo, Ramírez Cuevas expuso que la decisión del máximo tribunal del país es un paso trascendental para la construcción de la democracia. "La decisión de la SCJN sobre la constitucionalidad de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes es un paso trascendental para la construcción de una democracia verdadera. Hoy el pueblo de México gana una lucha de décadas, por la que millones lo han entregado todo", expuso.
