La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, dijo que las críticas al sistema de justicia en México deben partir de la verdad y la honestidad, además de que cualquier reforma judicial debe poner en el centro a las víctimas y a los usuarios del sistema de justicia en general.
“Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto, critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado”, dijo durante su participación en el primer foro Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, celebrado ayer en la Cámara de Diputados.
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Piña Hernández fue la penúltima ponente de esta primera jornada de diálogos que se extendió por casi cuatro horas y en la que 35 personajes, entre legisladores e integrantes del Poder Judicial, expusieron sus argumentos a favor y en contra de la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, que incluye la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular; la reducción del pleno de la Suprema Corte y la separación de esta y del Consejo de la Judicatura Federal.
“La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Seamos críticos del sistema de justicia, pero centremos esta crítica en las necesidades de las víctimas”, dijo la ministra presidenta de la Corte, quien se pronunció a favor de una reforma, pero a partir de resolver las diferencias —entre el Presidente y la Corte— y un diálogo honesto.
“Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada”, indicó.
El lugar junto al de Piña Hernández, que estuvo vacío durante todo el foro, era para el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuya participación estaba confirmada, pero no llegó y en su lugar acudió un representante que no emitió postura.
El último orador del foro fue el ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien criticó el trabajo de la Corte durante el último año, desde que asumió la presidencia de la misma la ministra Piña.
“En enero de 2023 la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como figura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial, pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México”, acusó el ministro en retiro.
Señaló que su sucesora en la presidencia de la Suprema Corte convirtió al máximo tribunal del país en defensor de las élites.
Durante el foro participaron otros ministros de la SCJN en bloques bien definidos, entre los que están a favor de la reforma del Presidente y quienes tienen reservas al respecto.
De un lado las sonrisas forzadas, los mentones rígidos, las miradas fijas en el horizonte o hacia algún punto indefinido. Del otro lado los semblantes altivos, las porras fuera del guion, el triunfalismo adelantado. La tensión se respiraba en un salón atiborrado. Las ausencias.
Los discursos son punzantes, definitorios en el inicio del debate sobre el futuro del Poder Judicial. Lenia Batres y Yasmín Esquivel —ambas nombradas por López Obrador— se pronunciaron a favor de la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, que, afirman, fue un mandato de la ciudadanía en las urnas.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso que la reforma al Poder Judicial contemple elecciones sucesivas para ir cubriendo de forma escalonada los cargos de jueces, magistrados y ministros.
“(Propongo) elecciones populares sucesivas para ir cubriendo de forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa”, dijo.
Los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara-Carrancá, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán defendieron la carrera judicial como vía para elegir jueces, magistrados y ministros.
En tanto, el ministro Alfredo Ortiz Mena advirtió que una reforma judicial mal hecha afectará la economía nacional, por lo que se pronunció por construir una reforma estudiada.
El llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador está en marcha. Y lo está en el sitio donde tuvo uno de sus primeros grandes encontronazos con la justicia, en la Cámara de Diputados, donde en 2005 acudió como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal para enfrentar un proceso de desafuero.
Ese amago presidencial se precipitó tras los comicios del 2 de junio y ayer inició ese camino, en el recinto legislativo de San Lázaro, a espaldas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a diez calles de la sede de la SCJN, caminando por Corregidora.
La ministra presidenta anota en su libreta. De vez en vez frunce el ceño. Se remueve continuamente en la silla de piel cuando legisladores y ministros se pronuncian a favor del Plan C. A su lado derecho dos sillas vacías. Una de ellas correspondía a Gertz Manero. Norma Lucía Piña Hernández se mantiene tranquila ante la protesta de la diputada trans de Morena, María Clemente, quien se para a sus espaldas, rompe papeles y reclama a gritos que jueces hayan liberado a asesinos de mujeres trans. La ministra presidenta le cede la palabra a Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal y uno de los incondicionales del presidente López Obrador.
Una mesa circular donde todos se ven las caras. Un salón de protocolos adornado con las imágenes de José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, los artífices de la Constitución de Apatzingán de 1814, durante la Guerra de Independencia; de la Constitución de 1857, la que detonó la Guerra de Reforma, y la Constitución de 1917, redactada y promulgada en medio de la Revolución Mexicana. Un espacio donde se observa con nerviosismo, a veces con desconfianza.
Morena y sus aliados llevan porra. Ovacionan los discursos de la ministra Lenia Batres y de Arturo Zaldívar. Emiten carraspeos sonoros o tosen cuando hablan los críticos del Plan C.
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Fue el primer foro, con 35 participantes. Quedan ocho por delante, en Guadalajara, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Xalapa, Puebla, Saltillo, Culiacán y uno más en este sitio, en la Cámara de Diputados.
Así hasta el 8 de agosto. Luego, a partir del 1 de septiembre, la discusión y eventual votación de esta polémica legislación que movilizó a millones de ciudadanos en las pasadas elecciones, ha acaparado el debate nacional en las últimas semanas y provocado sobresaltos en la economía mexicana.
