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Un día después de aprobar la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Derechos 2024 que crea tres fideicomisos para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
Luego de nueve horas de discusión, la Ley de Derechos 2024 fue aprobada en lo general con 239 votos a favor, 196 en contra y dos abstenciones y con 262 votos a favor, 198 en contra y una abstención en lo particular por los diputados de Morena y aliados.
El primer fideicomiso destinado a la operación y administración del Tren Maya fue creado con la modificación del artículo 18-A de la citada ley y será nutrido con el pago de derechos que hacen los turistas por ingresar al país.
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Con la modificación, el Instituto Nacional de Migración (INM) pierde una fuente de ingresos, pues la redacción anterior del artículo 18-A de la Ley destinaba el 20 por ciento de los recursos recaudados por el pago de derechos de turistas al INM y el 80 por ciento restante a la promoción turística.
Los dos fideicomisos restantes nacieron con la adición de un artículo 220-A y la modificación de los artículos 219 y 222 de la Ley de Derechos, propuestas por el diputado Mario Miguel Carrillo, de Morena.
Los nuevos fondos serán destinados al fortalecimiento del sistema aeroportuario bajo el control de las Fuerzas Armadas y los recursos para constituirlos se obtendrán del pago de derechos que tendrán que realizar los concesionarios de aeropuertos, el cual será del nuevo ciento a la suma de los ingresos brutos por servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
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De acuerdo con el diputado Héctor Saúl Téllez, de Acción Nacional, los aeródromos a cargo de las fuerzas armadas son el de Tulum que se inaugurará el 1 de diciembre de 2023, el de Toluca, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
La propuesta del morenista provocó críticas por parte de la oposición que advirtió que el cobro del derecho a los concesionarios de aeropuertos se trasladará a los usuarios a través de un aumento de los boletos de avión.
El diputado Jorge Triana, del PAN, explicó que la reforma hace una distinción entre asignaciones y concesiones de aeropuertos, la primera para entidades paraestatales y la segunda para privados. La reforma establece un cobro a las paraestatales de cinco por ciento por pago de derechos y a los privados un nueve por ciento, algo que dijo violenta principios constitucionales que tienen que ver con competencia económica, por lo que vaticinó una lluvia de impugnaciones.
El diputado Elias Lixa, de Acción Nacional, aseveró que “más temprano que tarde los concesionarios van a trasladar (el cobro de derechos) a las aerolíneas y las aerolíneas a los usuarios” y acusó que la distinción entre paraestatales y concesionarios provoca competencia desleal.
En tanto, el diputado morenista Ismael Brito afirmó que el pago de derecho de uso, goce o explotación de los aeropuertos federales del nueve por ciento están muy por debajo del 24 por ciento del resto del mundo y explicó que los recursos serán concentrados en la Tesorería de la Federación.
De acuerdo con los artículos transitorios, los fideicomisos tendrán que constituirse en un plazo máximo de 60 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En tanto, la Ley de Derechos 2024 establece una reducción del 70 por ciento en la cuota de derechos por el registro de título profesional, así como la expedición de la Cédula Profesional con efectos de patente para los estudiantes a nivel de nivel educativo técnico o profesional técnico.
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Así también condona a los miembros de pueblos originarios que residan en municipios colindantes a los zonas arqueológicas el acceso a las mismas.
