Investigadores de diversas instituciones, agrupados en la organización ProCienciaMX, denunciaron ante el Senado de la República que después de la desaparición “desaseada” de los fideicomisos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se desconoce el destino de 42 mil millones de pesos que había en ellos.

A través de una carta, previo a la comparecencia que tendrá María Elena Álvarez Buylla, directora del Consejo, ante el Senado, los científicos denunciaron también que existe un “sobregiro” de mil 500 millones de pesos que corresponden al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y un “preocupante subejercicio” de dos mil millones de pesos asignados al programa de becas.

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Ante una serie de denuncias públicas en contra de la funcionaria de la Cuatroté, los legisladores acordaron su comparecencia para el día de hoy. En este contexto, los investigadores enumeraron una serie de preocupaciones en torno a la administración de la ciencia y la tecnología en el país, los procesos de evaluación de los proyectos científicos, así como la incertidumbre en la formación de doctores. Todo ello, advirtieron, podría generar “una ola masiva de fuga de cerebros”.

En 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto por el cual se cancelaron los fideicomisos y el 6 de noviembre de ese año, con un segundo decreto de extinción emitido por el Congreso de la Unión, se concretó la eliminación de 109 fideicomisos, mandatos e instrumentos jurídicos en materia de ciencia, tecnología e innovación en diversos ámbitos como la investigación, la educación, el cine y los energéticos, entre otros, cuyos fondos debían ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Los informes que se entregaron a la Cámara de Diputados en diferentes momentos señalaron que 11 fideicomisos se cancelaron en el transcurso del ejercicio fiscal 2020, mientras que otros 28 se eliminaron de enero a junio de 2021. En ese momento otros 69 estaban en proceso de extinción.

El decreto presidencial no estableció ningún fin concreto para dichos recursos y sólo hizo referencia a la política de austeridad.

Mientras que el decreto legislativo indicó que entre los fines prioritarios para destinar el dinero estarían el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud, especialmente para los requerimientos derivados de la atención a la pandemia, incluyendo la obtención de vacunas.

La carta de los científicos, elaborada el pasado 15 de mayo y entregada en el Senado previo a la presentación de la directora del Conacyt, indica que “hasta ahora la Auditoría Superior de la Federación ha hecho una serie de observaciones relativas al actual uso irregular por parte del Consejo de los recursos de al menos uno de estos fideicomisos”.

El documento que se entregó la semana pasada, dado que en principio la comparecencia iba a ser el 18 de mayo, explica que en materia de ciencia la cancelación de los fideicomisos y la creación de los Programas Nacionales Estratégicos dio origen también a “un sobregiro de 700 millones de pesos”.

Y observa con “preocupación” que una parte significativa de los recursos de ese programa “han sido asignados directamente mediante la modalidad de Proyectos por encargo de Estado, lo que genera fuertes inequidades entre disciplinas, instituciones y entidades federativas”.

Los investigadores también denunciaron las irregularidades en la autorización de evaluaciones que retrasan las investigaciones hasta por seis meses. Esto hace que se pierda la continuidad en los proyectos, se genere incertidumbre entre quienes están en proceso de formación en los doctorados y “aumenta el riesgo de una ola masiva de fuga de cerebros”.

PIDEN CORREGIR ERRORES EN LEY DE CIENCIA

Por otro lado, los firmantes denunciaron el “preocupante retraso de 15 meses en la entrega al Congreso, por parte de Conacyt, de un proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación”, dado que el único que se anticipó como proyecto “tiene numerosas deficiencias”. Es por ello que enviaron a los congresistas un anexo de ocho observaciones a la iniciativa.

Entre otros, cuestionaron que hay una “falta de respeto a la autonomía” de las instituciones y organizaciones al imposibilitarlas de participar en el diseño de políticas científicas.

“Es necesario asegurar el financiamiento estable, suficiente y progresivo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación que incluya un porcentaje del PIB y la asignación multianual del financiamiento”, añadieron.

Los catedráticos consideraron que si el Gobierno federal no asume un compromiso presupuestal o si no hay una ley específica para el sector científico y tecnológico, se “ponen en riesgo los fondos para financiar la ciencia, las becas de posgrado, las estancias posdoctorales, las cátedras de los jóvenes investigadores, entre otros”.

También defendieron la incursión creciente de instituciones y universidades privadas en materia de investigación científica. En su misiva al Senado llamaron a “eliminar cualquier discriminación a investigadores, estudiantes y proyectos de centros de investigación particulares”.

Descartaron también que Conacyt sea el titular de los derechos de propiedad intelectual del conocimiento generado con recursos públicos sin estipular una cotitularidad.

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