El gobierno federal sigue las mismas costumbres de sus antecesores, al adjudicar de manera directa tres de cada cuatro contratos, aun cuando se comprometió a prohibirlas.
Así lo critica Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al tiempo que señala que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado adjudicaciones directas en 139 mil 835 contratos, lo que equivale al 78.16 por ciento del total de contrataciones realizadas durante 2019.
En esta muestra, el 13.21 por ciento corresponde a licitaciones públicas, 8.28 por ciento a invitaciones restringidas, y el resto 0.45 por ciento, a contratos entre entes públicos y contrataciones con créditos externos.
Dentro de su informe, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad también da cuenta de las 30 instituciones del gobierno federal que han otorgado más contratos por adjudicación directa, en donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabeza la lista con 39 mil 927 contratos.
Le siguen Diconsa con 21 mil 458, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 7 mil 122, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN con 2 mil 833, la Secretaría de Marina (Semar) con 2 mil 223, entre otros.
En este marco, resalta que la Constitución, en su artículo 134, y las leyes mexicanas señalan que la licitación pública debería ser la regla y los otros dos procedimientos sólo deberían utilizarse de manera excepcional.
Además, subraya que, incluso la nueva administración definió en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que, dentro de su estrategia para erradicar la corrupción el gobierno se comprometía a prohibir las adjudicaciones directas.
Cabe destacar que cuando el gobierno compra o contrata un bien, un servicio o una obra pública puede realizar una licitación pública, invitar a cuando menos tres participantes para contratar al que ofrezca las mejores condiciones, o bien adjudicar de manera directa el contrato sin que haya un proceso de competencia.