El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que publicará un acuerdo durante esta semana para reestructurar la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De esta forma, por decreto o mandato presidencial el jefe del Ejecutivo buscaría saltarse al Poder Legislativo y no esperar si aprueba su iniciativa de reforma constitucional para que el cuerpo creado en esta administración se incluya en la estructura del Ejército.

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“Les adelanto, por lo mismo, que ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo”, anunció el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Indicó que su iniciativa de reforma aún será enviada al Congreso de la Unión, pero buscará la forma de aplicarla en lo administrativo. Además, si la iniciativa constitucional es rechazada, López Obrador confió en que con el acuerdo quede protegida la inclusión de la Guardia Nacional en la Sedena.

Consideró que su decreto es legal. “No hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar”.

Sin embargo, especialistas consultados por El Sol de México opinan lo contrario y coinciden que el acuerdo viola el artículo 21 de la Constitución que indica que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil y cuya estructura orgánica y de dirección está adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública.

Para Javier Martín Reyes, maestro por la Universidad de Columbia y doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “el acuerdo o decreto del presidente en los términos que anunció en su mañanera es abiertamente contrario a la Constitución, porque la Carta Magna marca en su Artículo 21, dos cosas: que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, lo dice la Constitución con todas sus letras, y al mismo tiempo señala que la Guardia tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública”.

El jurista Raúl Carrancá y Rivas subrayó que “un decreto no puede modificar una norma constitucional”, ya que esto es facultad exclusiva del Poder Legislativo. Reiteró que sólo una reforma constitucional emanada del Congreso puede hacer un cambio como lo desea el primer mandatario.

Sin embargo, Reyes consideró que López Obrador apuesta a este tipo de acuerdos que son impugnados por la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque que podrían tardarse en resolver años, mientras avanza la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército.

“El riesgo de estas acciones es que el presidente ya aprendió. Creo que lo que está haciendo es ´emito mi acuerdo, que sea inconstitucional, y si la Corte tarda más de dos años en resolver, terminaré mi mandato, probablemente antes que resuelva la Corte´, lo cual es muy perverso… El presidente ya aprendió a jugar con esta pasividad de la Corte”.

Por ello, opinó que los ministros, al demorar las resoluciones de asuntos como éste, “le están dando al presidente una vía para desconocer a la Constitución en los hechos, es decir de facto”.

Recordó que con anterioridad el presidente también había transgredido la Carta Magna con el acuerdo en el que ordenó que el Ejército realizara tareas de seguridad. Aunque se impugnó la decisión mediante una controversia en la SCJN, el Máximo Tribunal se ha tardado más de dos años en resolver el asunto que es claramente violatorio de la Constitución.

REESTRUCTURA EN SEGURIDAD

López Obrador también anunció una restructura en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que incluye cambiar su nombre y que atienda casos de justicia. “Estoy pensando en que sea la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia… que, aparte de su tarea de coordinar lo de seguridad, vea estos casos de justicia”, dijo.

Asimismo, informó que la Guardia Nacional será el actor principal en el desfile militar del próximo 16 de septiembre, que será arriendado primordialmente a la seguridad pública.

Tras el anuncio en su conferencia mañanera, la oposición señaló que impugnará el decreto.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, encabezado por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, indicó que no permitirá que el jefe del Ejecutivo federal “atente contra el orden constitucional” e informó que acudirán a las instancias correspondientes para evitarlo.

Por su parte, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, consideró que el anuncio es “a todas luces inconstitucional” y además “violenta las facultades de los poderes legislativo y judicial”. En tanto que Luis E. Cházaro, coordinador de los diputados perredistas en San Lázaro, anunció que combatirán el acuerdo en las estancias judiciales.

Asimismo, Jorge Romero, coordinador del grupo parlamentario del PAN, recordó que la Guardia Nacional tiene un carácter constitucional de origen civil “y así se quedará”.

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