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Morena perfila convertir al Ejército en la policía del ciberespacio, esto mediante una serie de iniciativas en el Congreso de la Unión que facultarían a la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría de Marina y a la Guardia Nacional para hacerse cargo del internet.
En San Lázaro, el diputado Javier Salinas Narváez (Morena) impulsa una reforma a la fracción XXIX-M al artículo 73 de la Constitución, con lo cual el Congreso podrá expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones de seguridad cibernética y proteger los derechos humanos en el ciberespacio.
“La ciberseguridad es un esfuerzo que debe darse para proteger a la sociedad, en la que estarían involucradas instituciones importantes como la Guardia Nacional, Ejército y Marina, entre otras, reforzando los mecanismos de prevención e investigación del delito”, dijo el diputado al anunciar que presentó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Ejército se suman a otras tareas
La ciberseguridad se suma a otras tareas encomendadas en este sexenio a las fuerzas armadas. Retiro de sargazo, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, los viveros del programa Sembrando Vida, la distribución de libros de texto, entre otros.
Esta nueva tarea puede representar un riesgo para la sociedad civil, advirtió Luis Fernando García, director ejecutivo de la organización civil “R3D”, Red en Defensa de los Derechos Digitales, quien señaló que de aprobarse, se la abrirá la puerta al Ejército al espionaje.
El también director ejecutivo de la organización civil “R3D”, Red en Defensa de los Derechos Digitales, señaló que es importante el mensaje del presidente para garantizar que no habrá espionaje electrónico, como se hizo a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores en el pasado Gobierno, cuando los vigiló con software espía, como el denominado Pegasus.
Se abre la puerta al espionaje, advierten especialistas
Sin embargo, el también aspirante a Maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund en Suecia, advirtió que con las leyes que promueven los legisladores de Morena se daría exactamente lo contrario a lo que promete el Ejecutivo, pues considera que se abre la puerta al espionaje gubernamental, lo cual califica de preocupante.
“Nos preocupa en particular el involucramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y de elementos castrenses o la intención de darle al Ejército facultades de vigilancia. Lo cual, desde nuestro punto de vista contraviene la función constitucional para la cual fue diseñado el Ejército que en tiempos de paz no debería estar autorizado para lo que se está proponiendo ahora” explica el director de la R3D.
Por ello, sostuvo que de vital importancia que cualquier facultad que se le dé a las fuerzas armadas para invadir la privacidad de las personas sea llevada a cabo por autoridades civiles, con estrictos controles y estricto apego a los derechos humanos, “no solo en el papel, sino que sea de manera verificable”.
Expuso que no es suficiente que el Ejecutivo diga que no se realizará espionaje, sino que debe haber una manera de fiscalizar que las herramientas que se pretende dar a las Fuerzas Armadas sean acotadas, transparentes y brinden rendición de cuentas.
Fernando García recordó que no sólo se trata de la iniciativa del diputado Salinas Narváez, sino que hay otra en el Senado, que presentó la morenista Lucía Trasviña Waldenrath, propuso crear una Ley de Seguridad Informática con la que se podrá crear la Agencia Nacional de Seguridad Informática (ANSI), para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal pueda vigilar las actividades de los ciudadanos en internet y tome acciones en “los ámbitos social, económico y político”.
Sobre la iniciativa de la senadora Trasviña, aseguró que tiene muchos errores en técnica legislativa y sobre todo, “criminalizan el uso de la tecnología y de internet en muchos sentidos”, además da poderes a nuevas instituciones como la ANSI, a la que se le dan facultades de vigilancia masiva que son contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales.
Dijo que la propuesta podría representar un riesgo para las garantías civiles pues no frece ningún control, debido a que, a nivel internacional, los temas de seguridad informática deben ser sometidos a discusión abierta por la sociedad, academia e industria, para informar y no terminar potenciando posibles amenazas.
Comentó que, por ejemplo, hay un discurso importado desde Estados Unidos donde se asegura que el cifrado de comunicaciones es un enemigo para la seguridad, cuando, por el contrario, la seguridad informática de millones de personas y su privacidad, depende de estos sistemas técnicos de cifrado.
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