El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acumula una deuda de 189 millones 500 mil pesos, de acuerdo con datos que reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 31 de diciembre de 2023, por préstamos bancarios que ha solicitado desde 2019, un año después de que perdió la Presidencia de la República y su dominio en los estados comenzó a decaer.
La deuda del PRI representa el 15.77 por ciento de su financiamiento público para 2024, que fue de mil 201 millones 628 mil 530 pesos, y los resultados de la elección del pasado 2 de junio comienzan a pintar un panorama complicado para el partido, el cual desde 2018 ha tenido que hipotecar el edificio ubicado en Lafragua número 3, colonia Tabacalera en la Ciudad de México, que hasta 2014 fue la sede de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), para obtener dinero de bancos.
A la deuda millonaria del tricolor se suma el recorte de prerrogativas que enfrentará en 2025 cuando deje de recibir cerca de 300 millones de pesos de financiamiento público por su descalabro en las elecciones del 2 de junio en las que perdió, en comparación con los comicios intermedios de 2021, dos millones 92 mil sufragios en la elección de diputados que define el presupuesto de los partidos.
Gustavo López, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey (ITESM), dijo en entrevista con El Sol de México que los partidos políticos piden préstamos para solventar, sobre todo, gastos de campaña y recordó que éstos se tienen que pagar con el financiamiento que reciben, por lo que en 2025 el PRI podría ver comprometida su capacidad de pago ante el recorte de sus recursos.
“Las hipotecas se pagan a partir de los recursos públicos que reciben, entonces la garantía que deja el PRI en los bancos obviamente es el cobro de los recursos públicos, pero como recibe menos, su capacidad de pago se va a ver comprometida a futuro como está pasando con el PRD”, dijo.
En los informes que presentó el PRI al INE se observa la evolución de su deuda: en el reporte correspondiente al año 2019, el monto de la deuda por créditos bancarios ascendía a 286 millones 37 mil 578 pesos; en 2020 la deuda se redujo a 147 millones 448 mil pesos; en 2021 disminuyó a 137 millones 610 mil pesos; en 2022 la cifra aumentó a 152 millones 370 mil pesos para cerrar finalmente en 189 millones 500 mil pesos en 2023.
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El primer préstamo que pidió el PRI fue 21 de enero de 2019 cuando la Comisión de Financiamiento del Consejo Político Nacional del PRI aprobó la contratación de un crédito bancario por hasta 250 millones de pesos por un plazo de hasta 36 meses y el secretario de Finanzas solicitó incrementar 50 millones el monto del crédito otorgado. El inmueble de Lafragua número 3 también quedó como garantía de este préstamo.
El 19 de julio de 2019, el partido firmó un contrato de apertura de una línea de crédito simple y garantía fiduciaria con Banco Azteca por 100 millones de pesos.
El 19 de febrero de 2021, el PRI negoció la deuda con los bancos y el monto se quedó en 133 millones de pesos, los cuales pagó pidiendo el 9 de marzo del mismo año otro crédito por 207 millones 448 mil pesos. Del dinero restante, 35 mdp fueron utilizados para gasto ordinario y 38 mdp como saldo disponible.
El 24 de mayo de 2022, la Comisión de Financiamiento del partido aprobó una línea de crédito bancario por hasta 100 millones de pesos a un plazo no mayor a 24 meses y el 3 de octubre de ese mismo año, autorizó otra por hasta 40 millones de pesos a un plazo no mayor de 12 meses a partir de la firma del contrato.
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El haber perdido a partir de 2018 el gobierno de más de 10 estados de la República y mantener en la actualidad sólo dos (Coahuila y Durango) agrava más la situación financiera del PRI, dijo Gustavo López, pues los gobiernos locales suministran dinero al partido por cauces no legales y sin estos, la capacidad operativa del tricolor disminuye.
El catedrático del ITESM puntualizó que “otra parte importante de financiamiento la reciben a través de los gobiernos que controlan y el PRI ha tenido menos gobiernos en los últimos años, en el contexto de los estados y también en el contexto de los municipios, entonces, eso les resta capacidad operativa y también le resta recursos que normalmente los partidos utilizan".
"Esos recursos obviamente no fluyen de manera legal, pero al final de cuentas tanto los recursos legales como ilegales son los que el PRI está dejando de tener y eso sí le puede generar impactos”, dijo Gustavo López.