El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) afirmó que los delitos electorales siguen frenando la calidad de la democracia en México y aseguró que el pasado proceso electoral ha sido el más violento en la historia del país, con 774 agresiones a candidatos.
Al presentar el estudio "Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos", el director general del ONC, Francisco Rivas Rodríguez, puntualizó que las elecciones de 2017-2018 estuvieron marcadas por la violencia política y por la incidencia de presuntos delitos en la materia.
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"Estamos lejos de alcanzar un sistema democrático electoral pleno e íntegro. Prueba de ello son los delitos electorales que quedan impunes y los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, así como otro tipo de agresiones en su contra, como los secuestros", enfatizó.
Advirtió sobre los riesgos que se corren al normalizar conductas como la venta o el condicionamiento del voto, o la muerte de un candidato por su género y su afiliación política.
Acompañado por el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), Héctor Marcos Díaz-Santana, el director del ONC detalló que ambas prácticas ponen en predicamento procesos electorales limpios.
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Dijo que con datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SSNSP) hasta julio de 2018, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí fueron los estados con mayor número de carpetas de investigación por delitos electorales del fuero común.
En el fuero federal, Rivas Rodríguez dijo que en el mismo periodo se reportó que Quintana Roo, Baja California Sur, Chiapas y Campeche, fueron las entidades donde se abrieron más carpetas de investigaciones por esos delitos.
En este contexto, destacó los esfuerzos de la FEPADE para prevenir e investigar los delitos electorales, pues entre 2013 y 2017, al menos 87 de cada 100 expedientes judiciales iniciados y 95 de cada 100 expedientes determinados pertenecieron al fuero federal.
"Más de la mitad de las denuncias por delitos electorales que recibió la FEPADE, provienen o del Instituto Nacional Electoral (INE) o de los Organismos Públicos Locales (OPL)", apuntó.
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Sin embargo, señaló que pese a que la fiscalía ha obtenido sentencias condenatorias en la mayoría de los casos judicializados, el grueso de las carpetas de investigación no alcanza las etapas más avanzadas del proceso penal.
Puntualizó que antes de aumentar las sanciones por estas conductas, es necesario saber qué está fallando en las investigaciones y cuáles son los obstáculos en materia de impartición de justicia.
Rivas Rodríguez señaló que la violencia de género en los procesos electorales también ha ido a la alza debido al aumento de la presencia de este sector en la vida pública del país.
Se pronunció por qué el nuevo Congreso de la Unión retome las iniciativas de ley que tipifiquen este tipo de actos a la luz de las 185 agresiones en contra de mujeres cometidas durante el proceso electoral recién concluido.
Subrayó que el Observatorio Nacional Ciudadano está exigiendo con urgencia se reúna el pleno del Consejo Nacional de Seguridad para atender el tema de la violencia en el país, pues se registra un proceso acelerado de descomposición desde hace más de una década.
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El titular de la FEPADE destacó la relevancia de este estudio y dijo compartir con el Observatorios Nacional Ciudadano la necesidad de construir ciudadanía.
Anunció que en breve se presentará el acuerdo que suscribió la dependencia a su cargo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para generar una base de datos georeferenciados de las entidades y regiones con los índices delictivos más altos.
Alessandra Rosi, coordinadora del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio a conocer la forma como opera este instrumento.
Explicó que 28 proyectos mexicanos fueron beneficiados con el apoyo de la ONU en esta materia, de los 165 recibidos para el proceso electoral de 2018, lo que se ha convertido en una herramienta técnica, administrativa y sustantiva para la observación electoral.
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