La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien aún enfrenta la acusación del plagio de su tesis de licenciatura, presentará esta semana a sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el primer proyecto a su cargo durante 2023.
Lo anterior, aún sin que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resuelva sobre las posibles sanciones a las que sería acreedora por plagiar la tesis de licenciatura de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, exalumno de la Facultad de Derecho, en 1987.
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Antes de esta semana, la ministra ha hecho un muy moderado uso de la voz en las sesiones del Máximo Tribunal, su participación más extensa fue el pasado 2 de enero cuando se renovó la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, y aprovechó para rechazar las acusaciones en su contra.
El proyecto a cargo de su ponencia será discutido también sin haber habido un pronunciamiento institucional por parte de la Suprema Corte sobre este caso.
Se trata de la acción de inconstitucionalidad 187/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la fracción XI del artículo 63 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
En ella se establece que una de las medidas de protección que se adoptará, es el retiro del pasaporte de los hijos o hijas menores de 18 años al posible agresor, esto hasta que el juez de lo familiar determine la custodia o el régimen de visitas al que tendrá derecho.
La CNDH advierte que dicha disposición viola el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad quebrantando al menos tres artículos de la Constitución nacional, tres más de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, dos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y uno de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En su recurso la Comisión a cargo de Rosario Piedra Ibarra no ataca la sanción en sí misma en favor del posible agresor, sino que se muestra en contra de que esta Ley establezca las medidas u órdenes de protección penal, cuando no tiene competencia para hacerlo.
“Lo anterior toda vez que, por mandato de la Constitución Federal, es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el ordenamiento encargado de establecer las normas que han de observarse durante la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos”, argumenta la CNDH.
Por lo anterior es que el órgano autónomo busca la inaplicación de la fracción XI del artículo 63 de la citada legislación, sin embargo, el proyecto de la ministra Esquivel Mossa aún no es público, por lo de momento no se sabe el sentido del fallo que propone ante los integrantes del Pleno.
Antes de someter a discusión y eventual votación el tema, la Corte debe resolver dos acciones de inconstitucionalidad más promovidas también por la CNDH.
Una, la 175/2020, en contra de la fracción II del artículo 14 de la a Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, la cual pone un tope máximo de recursos a los que las personas podrán tener acceso en caso de ser víctimas de una violación de derechos humanos por parte de las autoridades de la entidad.
La segunda se trata de la acción de inconstitucionalidad 203/2020 en contra de diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública y de Seguridad Pública en Tamaulipas, que limitan el acceso al que tienen las personas detenidas y su defensa para conocer la información ingresada en el Registro Nacional de Detenciones.
Por su parte, el próximo proyecto a cargo de la ministra Yasmín Esquivel se trata de una acción de inconstitucionalidad presentada por 168 diputados de oposición en contra la Ley de la Armada de México, y la cual es uno de los temas prioritarios de la Suprema Corte para resolver en materia de militarización.
