La elección en Puebla fue ratificada ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación, con lo que Martha Erika Alonso tomará posesión como gobernadora de la entidad.
Con una cerrada votación de cuatro votos contra tres, el proceso electoral en la entidad fue avalado después de una larga sesión del Tribunal Electoral.
La votación se dio de la siguiente manera: a favor del proyecto de anulación, presentado por el magistrado José Luis Vargas Valdez, estuvo Felipe Fuentes, Mónica Aralí Soto y el propio Vargas; en contra del proyecto se pronunciaron Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y la magistrada presidente, Janine Otálora, quien tuvo el voto decisivo, toda vez que fue la última en argumentar su voto tras un empate.
Al exponer el proyecto el magistrado, José Luis Vargas Valdez reconoció que el caso Puebla ha sido “uno de los más difícil que le ha tocado resolver” y acusó de amenazas a él y a otros de los magistrados de ese máximo Tribunal, pero no mencionó nombres ni de dónde venían tales amenazas. “Eso reforzó su convicción de actuar con autonomía y declarar inválido ese proceso”.
“Estoy absolutamente convencido del proyecto que presento y probablemente se encuentre ante el proyecto más difícil que como juzgador me ha tocado resolver”, dijo al inicio de su presentación y agregó que “la autoridad pudo haber sido más eficiente en este proceso”, reclamó.
Durante la exposición, presentó un video en el que señaló que se registró la entrada de “50 veces de la autoridad electoral, accedieron a la bodega, se manipularon paquetes sin conocimiento de los partidos políticos”, explicó
Consideró que “la irregularidad además se acentúa de que los funcionarios de la autoridad electoral abrieron paquetes electores de casillas correspondientes a distritos que ya habías sido sujetos a procesos de desincorporación”.
Resaltó que existían más de una puerta de acceso a la bodega general donde no existe la certeza de que hubiesen sido selladas tras el arribo de la papelería electoral, recordó que de acuerdo a la Ley el lugar de resguardo de las boletas electorales sólo debe de contar con sólo una.
También argumento que hubo violencia en 59 casillas durante la jornada electoral, robo de 4 urnas y 800 boletas que se encontraban al interior de una camioneta volcada, porque atenta contra el derecho de la ciudadanía de votar.
“La autoridad electoral local no ejerció cabalidad de la función estatal de organizar las elecciones a la gubernatura con apego a lo que establece la constitución federal y el código electoral local”, señaló.
En su oportunidad, el magistrado Felipe Fuentes Barrera coincidió que en la cadena de custodia se vulneró y con ello, dijo, se comprometió la certeza y credibilidad de los resultados electorales por el indebido cumplimiento de los protocolos de seguridad de la bodega del instituto electoral de Puebla.
“Se trata de irregularidades atribuibles a la autoridad encargada de organizar la elección, sin embargo, ello no soslaya que se haya comprometido el principio de autenticidad en la medida del órgano electoral se encuentra obligado a garantizar que la voluntad ciudadana se refleja de manera cierta y positiva en el resultado de la elección, por tanto, ante su ausencia, la consecuencia necesaria es la nulidad de la elección”, apuntó.
Por su lado, Mónica Aralí Soto Fragoso hizo una larga exposición donde consideró que tras revisar y analizar cuidadosamente las pruebas y elementos jurídicos se pronunció a favor de la anulación de los comicios del proceso en Puebla.
“Me sumó a que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) quien investigue quién entró y salió de las bodegas donde se encontraban las boletas electorales, debido a la falta de cuidado, de custodia, rompiéndose la cadena de custodia. Hay falta de certeza y el conteo de los votos está en entredicho”, advirtió.
CONTRA LA ANULACIÓN
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra de la anulación de los comicios, pues justificó que los actos violentos fueron pequeñas con respecto a la participación ciudadana, además de que no existen elementos que sostengan la hipótesis de que hubo alteración de los cómputos electorales.
“La violencia durante la jornada electoral no puede afirmarse que fue generalizada y en todo caso, la violencia no inhibió la participación ciudadana que fue del 67%, una de las participaciones más altas en los últimos procesos electorales en las elecciones a la gubernatura de Puebla”, indicó.
“En conclusión, no comparto la propuesta que se nos hace en el proyecto de anular la elección a la gubernatura del Estado de Puebla con base en actos de violencia que, en mi opinión no fueron generalizados, que fueron identificados en estas 59 casillas, no todos son de violencia, pero que fueron anuladas y tampoco comparto las posibilidades o suposiciones de que existió alteración de los paquetes electorales por parte de funcionarios electorales locales en la bodega central, porque inclusive, suponiendo sin conceder que en esas diligencias hubo alguna alteración, pues esto no se corrobora con la evidencia empírica que se encuentra documentada en los autos y en especial que se puede obtener a partir de un análisis entre los resultados del cómputo distrital y del recuento total”.
A su vez, Indalfer Infante González se pronunció al igual que Rodríguez Mondragón en el sentido de que las irregularidades en el proyecto no justifican la anulación del proceso.
“La totalidad de los agravios relativos a la cadena de custodia en los que el proyecto sustenta la nulidad de la elección, deben ser declarados inoperantes, por lo que estoy en contra del proyecto”, destacó.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña luego de argumentar su voto se pronunció en contra de anular la elección del proceso electoral del 1 de julio en el estado de Puebla.
“Disiento y discrepo con la declaración de nulidad de la elección propuesta por el magistrado proyectista, quien, por supuesto reconozco todo su profesionalismo y considero, a mi juicio, esta elección tiene que ser validada”, exigió.
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