En medio de la revisión de plagio que hace la Secretaría de Educación Pública (SEP) de su tesis de licenciatura, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, está a cargo de la elaboración de un proyecto para frenar la militarización en México.
Se trata de la acción de inconstitucionalidad 137/2021 presentada por 168 diputados de oposición en contra la Ley de la Armada de México, la cual amplió en octubre de ese año las facultades de la Secretaría de Marina en las zonas marítimas, costeras y recintos portuarios, además de crear una unidad de la Policía Naval para colaborar con la Guardia Nacional.
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Este asunto fue inscrito por primera vez el pasado 4 de enero en la lista de acuerdos del Pleno, en medio de la acusación en contra de la ministra por cometer plagio de la tesis de licenciatura del exalumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, Edgar Ulises Báez Gutiérrez.
Menos de una semana después de esto, el Comité Técnico de Evaluación Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón concluyó que la ministra sí cometió plagio, sin embargo, al no contar con los mecanismos para revocarle el título o la cédula profesional, optó por girar el asunto a la Dirección General de Profesiones de la SEP.
Dicha institución se encargará de determinar si retira o no el grado a Yasmín Esquivel, lo que se podría dar en medio de la discusión de la acción de inconstitucionalidad que tiene a su cargo, pues se encuentra listado en la posición número 28 de 60, con lo que previsiblemente sería tratado hasta febrero.
El asunto forma parte de los temas prioritarios que el pasado 10 de diciembre los 11 ministros de la Corte acordaron dar pronta atención, derivado de una solicitud hecha por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.
En total se trata de cinco acciones de constitucionalidad, tres controversias constitucionales y un amparo en revisión, todos ellos relacionados con la militarización y las facultades de la Guardia Nacional, a los que el Pleno se comprometió a atender, pues algunos se encuentran pendientes desde 2016.
No obstante, sólo es el que respecta a las nuevas facultades de la Secretaría de Marina el que se encuentra en manos de la ministra Esquivel.
Los diputados pretenden echar atrás las modificaciones aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, con la que, según argumentan, se agudiza la militarización en el país al dotar de facultades anticonstitucionales a la Armada de México.
En concreto contra las que les dan competencia para intervenir en tareas de seguridad pública y darles el control de los puertos que hasta ahora habían estado en manos de particulares.
De momento no se conoce el sentido del proyecto que presentará la ministra Esquivel ante el Pleno, sin embargo, como antecedente, en una de las últimas discusiones que se mantuvieron en la SCJN antes de la salida de Arturo Zaldívar como presidente, fue la permanencia de las Fuerzas Armadas para realizar tareas policiales hasta 2024.
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Asunto en el que Yasmín Esquivel se pronunció a favor, argumentando que dado que la ciudadanía demanda paz, seguridad y justicia “ante los niveles intolerables de criminalidad”, es necesario que agentes militares permanezcan en las calles. Esto, a pesar de los reclamos de organizaciones de la sociedad civil por las violaciones de derechos humanos.
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