Juan Romero Tenorio (Morena), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, propuso quitarle ingresos al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para canalizarlos al Instituto Nacional de Migración (INM), que los necesita para proteger a los migrantes de la violencia en su travesía por el sueño americano.
El cobro a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos se “plantea que se destine el 50 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios en la materia y el otro 50 al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para apoyar sus tareas”, propuso el legislador, quien promueve una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos.
Con esta decisión se busca quitarle ingresos al CPTM, quien recibe más del 80 por ciento del derecho de no residentes (DNR), y pasarlos para las tareas de migración del INM, quien recibe en este momento 20 por ciento de ese impuesto cobrado a extranjeros.
De 2016 a 2017, el DNR aumentó de 390 a 500 pesos, según la Secretaría de Turismo (Sectur), quien señala que esos recursos financian la Fórmula 1, NFL, Cirque Du Soleil y la promoción de Marca México.
“Después de haber analizado a detalle la operación del INM se sobreentiende que la falta de este 80 por ciento bien podría ser destinados al programa de Protección Infantil (OPI), en donde a nivel internacional, es de suma importancia atender a la población migratoria en estado de indefensión por propia naturaleza de la edad y condiciones sociales”, comentó el diputado de Morena.
Actualmente, el INM carece de un incremento en sus activos monetarios y denota la falta de recursos para una eficiente operación en cada uno de sus programas, entre los que se encuentra Oficiales de Protección Infantil; de Repatriación; Grupos Beta y Paisano, fundamentales para la protección de migrantes, advirtió el político, quien pidió aumentar el cobro de la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional.
La idea del diputado es que la reforma, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se modifiquen los artículos 12 y 18-A y adicionar un párrafo, para pasar cobrar 69.78 pesos a 132.18 por la prestación de servicios migratorios en terminales aéreas. El impuesto cobrado por México por usar sus aeropuertos es de 6 dólares, cuando el estándar internacional es de 21 dólares.
El legislador comentó que en 2012 y 2013, el Instituto únicamente contó con 311 millones de pesos en presupuesto anual para operación, que sólo le permitieron hacer frente esta necesidad por los primeros 90 días del año; la insuficiencia de recursos autorizados genera dificultades serias en el funcionamiento general del INM.
A través de fuentes de financiamiento, por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, donde actualmente se cobra 69.78, los Servicios Migratorios pudieron recaudar mil 189 millones 937 mil 238 pesos, de los cuales casi todos se utilizaron para repatriar migrantes.
De acuerdo con un estudio del Instituto Politécnico Nacional, el INM destina la mayor parte del presupuesto asignado a pagar servicios profesionales e impuestos sobre nómina, y sólo el 14.47 por ciento de estos recursos se usa para gastos operativos de delegaciones, subdelegaciones locales y los diferentes programas.
Según el INM, cada año, alrededor de 40 mil niñas y niños son repatriados desde EU y por lo menos 18 mil viajan solos. El Estado mexicano, a través de este instituto, traslada a los niños centroamericanos a su país de origen; en 2007 fueron 5 mil 771.
Con el esquema actual, aseguró, México difícilmente podrá enfrentar la actual crisis que viven los niños y adolescentes no acompañados, debido a que la atención directa, específica y personalizada que brindan la OPI apenas puede cubrir con 16.9 elementos por delegación, divididos en tres turnos. Es decir, se podría atender a 15 niños por día, cifra que de ninguna forma se acerca a la disipación de la crisis humanitaria.
La reforma atiende a la necesidad de fortalecer la función del Estado en materia de migración, al ser un fenómeno nacional e internacional que exige condiciones de operación mínimas
para garantizar los derechos humanos y un trato digno de miles de personas que se encuentran en tránsito en el territorio nacional.
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