El programa de Precios de Garantía, anunciado recientemente por la actual administración federal, tiene un objetivo asistencialista de acuerdo con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Víctor Villalobos.
En una entrevista con El Sol de México, el funcionario aseveró que el objetivo es atender a los más pobres que por años han sido abandonados. Añadió también que no se alterarán los precios comerciales de los productos que abarca: maíz, frijol, arroz, trigo y leche líquida.
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“Precios de garantía es un programa de asistencia para atender a los más pobres, a los campesinos y a los ejidatarios que han estado abandonados por muchos años, de modo que este precio de garantía está programado para asistir a estos agricultores de subsistencia, hasta por cinco hectáreas”, aseveró el funcionario.
Villalobos argumentó que el pago de los precios de garantía está destinado a los productores de hasta 20 hectáreas, que no tienen suficiencia y no tienen capacidad para acceder a los mercados.
Seguridad Alimentaria (Segalmex), una reedición de la antigua Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), será la encargada de comprar los granos directamente a los productores para así evitar a los intermediarios y coyotes para venderlo a un precio subsidiado.
“Segalmex tendría que cubrir la diferencia de cómo lo compra. O sea, absorbe la diferencia de como lo compra con el precio de garantía, para venderlo en el mercado comercial”, aseveró el titular de la Sader.
“El precio de garantía va a estar fijo por los próximos tres años, queremos darle la garantía de que su maíz o sus granos sirven, pero nuevamente, si sube o baja el precio, eso está destinado a la agricultura comercial”, añadió Villalobos. De esta manera, eliminarán el programa Procampo y sólo apoyarán con recursos económicos a quienes produzcan un máximo de 15 toneladas en 20 hectáreas. Hasta ahora, el padrón nacional de beneficiarios suma dos millones.
La dirección de Segalmex está a cargo de Ignacio Ovalle, quien fue director de Conasupo durante la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien también definió la desaparición de la empresa paraestatal.
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Ahora, Ovalle Fernández llevará la administración de los primeros 10 centros de distribución: tres en Durango y siete en Zacatecas; en los cuales pagarán hasta 14 mil 500 pesos por la tonelada de frijol, 5 mil 160 pesos por la de maíz, 6 mil 120 por la de arroz y 5 mil 790 por la de trigo. Además, ayudarán con los costos de fletes a los campesinos.
RIESGO DE INFLACIÓN
Por otra parte, en entrevista con El Sol de México , Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, explicó que los precios cambian cada temporal y si el gobierno excede el promedio comercial, los consumidores no podrán pagarlos, lo que generaría un efecto inflacionario o hasta el aumento de la deuda pública.
Ante ello, dijo que sólo podrían mantenerse los precios de garantía con un subsidio, el cual sólo se puede obtener del recorte a otros proyectos gubernamentales o de la recaudación de impuestos, lo que requeriría de una reforma fiscal, misma que no se realizará hasta mediados del sexenio.
“Si el gobierno decide poner estos precios muy por arriba de los precios que se cobran a los consumidores, para poder vender lo que obtiene de los productores, va a tener que subsidiar y ahí es donde empiezan los problemas, si no subsidia, sí puede tener un impacto en la inflación, entonces afectará a las finanzas públicas”, consideró.
Por otro lado, calificó como “un error” eliminar Procampo, el cual sólo debió limitarse a personas en condiciones de pobreza.
De la Torre destacó que uno de los aciertos de la nueva política agraria será eliminar a los intermediarios, mejor conocidos como “coyotes”, sin embargo, no impulsarán la producción agrícola nacional, sólo fomentarán la subsistencia y el gobierno impondrá favorecerá la cosecha de unos cuantos productos en el mercado.
Por otro lado, los productores de las principales zonas agrarias han acusado de sectarias las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Advierten que sólo favorecerá a los campesinos del sureste del país, quienes cuando mucho producen tres toneladas por hectárea, mientras que en el norte producen hasta 13 toneladas, por lo que en automático quedarán excluidos de los beneficios.
Jesús Roberto Inda Ramos, presidente de la Asociación de Agricultores de Río de Las Cañas de Escuinapa Sinaloa, expuso que si el gobierno quiere impulsar la producción agrícola nacional sin desatender la subsistencia, deberá impulsar la agricultura por contrato y fijar los precios respecto al mercado nacional. “Se hace el contrato y se tiene que respetar, para que los mercados sigan respetando el mismo precio, pero desgraciadamente, tanto los graneros, como los floricultores y los tomateros no han practicado la agricultura por contrato”, explicó.
