El Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt) pagó 15.9 millones de pesos a un despacho privado por servicios de asesoría y seguimiento financiero, administrativo y técnico de los recursos derivados de la extinción de 64 fideicomisos a cargo de ese organismo y de tres mil 801 proyectos que se desprenden de esos fondos.
La erogación de dichos recursos se da a pesar de que el compromiso 53 del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, establece que “no se autorizará la contratación de despachos para elaborar cualquier tipo de análisis, recomendaciones, informes y otros documentos que puedan elaborarse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos”.
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El desembolso que realizó el organismo, que preside María Elena Álvarez-Buylla, también podría contravenir el artículo 12, fracción quinta, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, una de las legislaciones más presumidas por la llamada Cuatroté.
Ese ordenamiento dispone que “la contratación de servicios de consultoría, asesoría y todo tipo de despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones, se realizará exclusivamente cuando las personas físicas o morales que presten los servicios no desempeñen funciones similares, iguales o equivalentes a las de personal de plaza presupuestaria”.
El Conacyt entregó un contrato por adjudicación directa a la empresa Human Capital Assets Corporate S.A. de C.V., con vigencia del 7 de julio al 31 de diciembre de 2022, en el cual se considera la contratación de “seis analistas senior”, con un sueldo neto de 34 mil pesos mensuales; “29 analistas especializados”, con un salario de 28 mil pesos al mes, así como “25 analistas”, con una percepción mensual de 22 mil pesos.
En una revisión que realizó El Sol de México al portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se detectó que al menos 55 de los mil 869 servidores públicos que registra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología laboran como técnicos administrativos en áreas administrativas o que tienen relación con áreas de finanzas, algunos con salarios mensuales netos de ocho mil 900 pesos.
De acuerdo con el contrato 2806180 que publica el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), correspondiente al tercer trimestre de 2022, la institución argumenta que este servicio se adquirió para “el cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de la extinción de los fideicomisos y contraídas por el Conacyt”.
Asimismo, “para el seguimiento de los proyectos derivados del apoyo del Programa Presupuestario F003 ‘Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado', ya que el Conacyt requiere contratar servicios técnicos especializados en el seguimiento financiero, administrativo y técnico de los proyectos".
En la conferencia mañanera del 9 de agosto en Palacio Nacional, ÁlvarezBuylla Roces indicó que fueron devueltos a la Tesorería de la Federación 21 mil 853 millones de pesos que, hasta octubre de 2020, cuando se anunció la extinción de los fideicomisos, eran parte de los 64 fideicomisos específicos para investigación científica y desarrollo tecnológico.
Entre los 37 servicios que solicitó el Conacyt a la empresa Human Capital Assets Corporate S.A. de C.V. está, entre otros, el apoyo a los secretarios técnicos y administrativos del programa en seguimiento financiero, administrativo y técnico de los proyectos vigentes transferidos al Conacyt, así como coadyuvar en la presentación de respuestas a las solicitudes de información dentro del ámbito de las actividades realizadas.
También, mantener actualizadas las bases de datos de estudiantes e investigadores asociados a los tres mil 801 proyectos de los 64 fideicomisos; seguimiento administrativo de los proyectos y de los grupos de evaluación especializados, así como llevar el seguimiento del presupuesto asignado a los proyectos.
Además, opinar sobre la factibilidad de las solicitudes de los beneficiarios de cambios de gasto entre las partidas autorizadas, o bien, la incorporación de nuevos rubros y control de procesos documentales y archivísticos relacionados con todos los proyectos.
Según el contrato, de los tres mil 801 proyectos que estaban vinculados a los 64 fideicomisos de ciencia y tecnología disueltos por instrucciones de López Obrador (en total fueron 109), dos mil 147 corresponden al Fondo Institucional de Fomento Regional para Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt), hoy Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces).
Los fideicomisos que “no han proporcionado información” sobre el número de proyectos que tienen a su cargo —de acuerdo con el documento— son el Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico de Energía y el Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal.
Además, los Fondos Mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt con los gobiernos de Chiapas, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco e Hidalgo, así como con el municipio de Puebla.
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