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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que autoridades del Gobierno federal -encabezado por Enrique Peña Nieto- no garantizaron el año pasado que los donativos por los sismos del 2017 se entregaran a la población damnificada y no hubo un mecanismo ágil, transparente, ni efectivo para la recepción, control y supervisión de esos recursos, ni un padrón confiable de viviendas afectadas.
La ASF, en su primera entrega del informe de la Cuenta Pública 2018, auditó la reconstrucción o rehabilitación de escuelas de educación básica, hospitales y viviendas por los daños ocasionados por las afectaciones provocadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, así como la recepción de donativos nacionales e internacionales.
Las principales conclusiones muestran que diferentes dependencias como: las secretarías de Hacienda (SHCP), de Relaciones Exteriores (SRE), de Educación Pública (SEP), de Salud y de Desarrollo Agropecuario no actuaron adecuadamente, e incluso se entregaron 166 mil 872 tarjetas de apoyos a través de Bansefi, pero 2 mil 378 se dieron sin atender discrepancias encontradas en la información.
La consecuencia social de la falta de regulación y coordinación, así como de una gestión y de un registro confiable, fue no conocer si las cifras que se dieron correspondieron a la totalidad de donativos que ingresaron al país, ni determinar si los recursos donados se administraron de forma eficiente y fueron entregados en beneficio de la población afectada por los sismos ocurridos en 2017.
Según la ASF en materia de donativos, el Estado no garantizó que fueran entregados a los damnificados; mientras los integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil: la SHCP, la SRE y la Coordinación Nacional de Protección Civil no establecieron las bases y lineamientos para la emisión de convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los recursos para atender las afectaciones.
Incluso, advierte que la SHCP emitió el comunicado 185 para facilitar la operación del fideicomiso Fuerza México y canalizar las aportaciones por los sismos, sin que justificara, fundamentara y motivara esa decisión y hubo limitaciones en la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para regular y supervisar a los fideicomisos y garantizar que sus fines atiendan necesidades sociales o de interés público.
La fiscalización hecha por la ASF de los donativos no incluyó recursos privados, ya que la institución no está facultada para eso.
La SRE
Sobre los donativos internacionales, las auditorías reprochan que la SRE no llevó a cabo un registro de esos recursos, aún cuando la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo dispone que en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID) deben quedar inscritos montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, donaciones y aportaciones en especie de gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
Según las notas diplomáticas de la SRE, identificaron como donaciones: en especie, 12 mil 267 unidades, 197.8 toneladas y 31 mil 467.5 kilogramos; en apoyo técnico: 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda, rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como 20 unidades caninas, y en dinero: 3 millones 234 mil169.5 dólares americanos, 48 mil 494.0 euros, 20.16 millones de pesos y 600 mil dólares canadienses, sin que estos datos estuvieran registrados en el RENCID.
La reconstrucción
En cuanto a los procesos de reconstrucción y rehabilitación, la ASF advirtió que no se dispuso de información para acreditar en qué medida los recursos ejercidos contribuyeron a resarcir los daños provocados en las escuelas de educación básica, unidades médicas y viviendas que se identificaron como afectadas.
“En el sector educativo, de las 19,194 escuelas afectadas, la SEP y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) no comprobaron la evaluación de daños en 7,917 escuelas (41.2%), y no documentaron, de manera eficiente, los informes de avance físico y financiero de las obras. Además, en los registros del INIFED se señaló que en 12,035 (62.7%) de las 19,194 escuelas se concluyó la reconstrucción y la rehabilitación de los planteles; sin embargo, se no se dispuso de la evidencia suficiente que lo acreditara.
“En el sector salud, la Secretaría de Salud reportó un avance del 21.2% por la conclusión de los trabajos en 28 unidades médicas de las 132 identificadas con afectaciones; sin embargo, careció de la evidencia documental para comprobar la conclusión de los proyectos. Asimismo, la dependencia mostró inconsistencias en el proceso de diagnóstico, ya que en la evaluación de daños se identificaron 39 unidades médicas afectadas, en los diagnósticos se contabilizaron 132, mientras que en el programa de obras se registraron 44 inmuebles”, señala el informe.
SEDATU
En el sector de la vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de acuerdo con las auditorías, careció de un padrón confiable sobre las viviendas afectadas, pues en los diagnósticos definitivos identificó 172 mil 57 viviendas, pero en los programas de obras y eran 168 mil 256.
Además, en dos bases de datos institucionales se encontraron diferencias en el número de viviendas registradas: en una 170 mil 199 viviendas y en otra 170 mil 871 y se entregaron tarjetas de Bansefi sin atender las discrepancias encontradas en la información sobre los beneficiarios.
Según la ASF, la SEDATU desconoció si la totalidad de los beneficiarios reconstruyeron o rehabilitaron sus viviendas, pues sólo reportó la supervisión de 59 mil 380 viviendas y la Comisión Nacional de Vivienda sólo proporcionó asistencia técnica a 15 mil 373 viviendas, de las 60 mil 302 viviendas con daño total que reportó la SEDATU como receptoras de dichos servicios. La Comisión no administró la información del incremento en el déficit y el rezago de vivienda a causa de los sismos.
Recomendaciones
Por ello la ASF recomendó, entre otras cosas: disponer de un marco normativo para la recepción, administración, control, distribución y supervisión de los donativos que se reciban a causa de los desastres naturales; rediseñar la forma en que se realiza y acredita el diagnóstico, evaluación, control, seguimiento y verificación de la reconstrucción y la rehabilitación de la infraestructura dañada.
También recomendó reformular y actualizar los protocolos de atención de las emergencias, a fin de garantizar que la población afectada sea asistida oportunamente, evaluar las experiencias de la intervención gubernamental en la atención de los desastres naturales, a fin de fortalecer las capacidades institucionales para cumplir con el nuevo Programa Nacional de Reconstrucción 2019.
SAT
El informe señala que al 29 de mayo de 2019 el SAT informó que se entregaron a las donatorias autorizadas 5 mil 083 millones de pesos, pero no se precisó el monto correspondiente al fideicomiso Fuerza México, ni el desglose de los efectos fiscales por las deducciones aplicables y del monto total, 2 mil 460 millones fueron distribuidos entre las entidades federativas afectadas por los sismos.
