A pesar de que en México se han concretado avances en la protección de los derechos de las mujeres y para evitar la violencia contra ellas, temas como la participación de las mujeres en movimientos políticos para posicionar su agenda o la respuesta afirmativa de las autoridades a sus demandas sigue pendiente sostiene un estudio del World Justice Project (WJP).

Consultadas por El Sol de México, Leslie Solís, colaboradora del estudio “Mujeres experimentan de forma diferente el Estado de Derecho en México” y Martha Tagle, activista por los derechos de las mujeres, sostienen que a pesar de todos los avances, existe una simulación desde las autoridades hacer que las leyes se cumplan y con ello, a pesar de las manifestaciones, en algunos casos violentas, las demandas no llegan a ser atendidas.

Leslie Solís del WJP destacó que las autoridades deben mejorar el trato que ofrecen y mejorar el acceso a la justicia, ya que se ha visto en varios estudios que el sistema de justicia tiene procesos que son largos y costosos, poco flexibles y todos deseamos que “se tuviera una justicia más accesible, que sea más comprensible para las mujeres y que puedan ayudar a que la gente resuelva sus problemas con ayuda de las autoridades”.

“Algo que las autoridades deben hacer es el mejor el trato que dan a las mujeres y mejorar la atención y construir más conciencia, para que las mujeres se puedan sentir más seguras y denuncien los problemas a los que se enfrentan o para denunciar los problemas”.

Esta demanda se hizo presente durante las manifestaciones que a lo largo del segundo semestre de 2019 hubo, donde miles de mujeres salieron a las calles exigiendo justicia a los casos de abuso y feminicidio que ocurren a diario.

Si bien, dice WJP, las protestas fomentan el desarrollo de una ciudadanía comprometida e informada y fortalecen la democracia representativa al permitir la participación directa en los asuntos públicos, los datos de la encuesta muestran una menor participación de las mujeres en actos de protesta.

A nivel nacional, un porcentaje menor de mujeres (siete por ciento) reportó haber participado en una manifestación pacífica en los últimos doce meses, con respecto a los hombres (10 por ciento), revela la organización.

Se buscó a diversos colectivos que recientemente salieron a las calles para manifestar su rechazo y repudio a la violencia a la que se enfrentan las mujeres y conocer su punto de vista sobre sí consideran que sus demandas han sido atendidas, pero no se obtuvo una respuesta favorable ya que “no creemos que haya avances en nada”.

Martha Tagle sostiene que el mayor problema en México es que se pueden crear o modificar leyes “muy buenas” para atender las diversas problemáticas a las que se enfrentan las mujeres, pero al final de cuentas nada sirve porque “el problema en nuestro país es la aplicación de las leyes, la mayoría de ellas no tienen recursos”.

La también diputada federal recordó que si las leyes no van respaldadas por un presupuesto, las “buenas leyes o intenciones” se quedan en el camino y se desaparece la intención de garantizar que las demandas de las mujeres se ejerzan.

“Las leyes pueden ser perfectibles, pero se requiere que tengan prepuestos, la voluntad política no se va a ver firme o en serio si no hay recursos o capacitación, sino hay intención realmente de atacar el problema que hasta ahora solo vemos que son discursos que caen en lo políticamente correcto cuando hay un problema, salen y declaran qué van hacer, se convierte en un asunto de unos días y no se sabe más qué se va hacer”, sostuvo la legisladora.

Según datos de la Encuesta a Población General (GPP, por sus siglas en inglés) del WJP, el Estado de Derecho es experimentado de manera diferente entre hombres y mujeres en México, debido a que revela que se tiene el registro de una menor participación en manifestaciones políticas y menor contacto con las autoridades, así como una mayor cantidad de impactos derivados de problemas de justicia cotidiana.

“Las mujeres en México tienen obstáculos para ejercer uno de sus derechos plasmados en la ley, el derecho a la protesta pacífica. Este derecho es una forma de participación cívica y es fundamental para el Estado de Derecho”, detalla el estudio.

Leslie Solís enfatiza que una menor participación de las mujeres en protestas contra el gobierno puede deberse a la inseguridad del país, así como otras causas como leyes restrictivas y barreras institucionales, además de prácticas culturales discriminatorias y un acceso desproporcionadamente bajo a educación de calidad, servicios de salud y recursos.

“El Estado de Derecho es un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia”, explicó.