La sala de Adrián Sánchez está repleta de imágenes religiosas de cerámica. Entre los santos, los ángeles y una virgen, hay una fotografía suya, pero muestra una versión de él más joven, que cree que ya no existe. Cambió para siempre el Miércoles de Ceniza de 2014.
Tenía 29 años y organizó una fiesta para inaugurar el hogar que le acababan de entregar como beneficiario de un programa estatal para personas que, como él, tienen una discapacidad.
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El convivio se prolongó hasta la madrugada. Eran las tres de la mañana cuando un amigo le dio un aventón hasta la casa de su mamá. Se estaban despidiendo cuando pasó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con siete policías a bordo.
El uniformado que conducía y su copiloto se bajaron del vehículo y comenzaron a interrogarlos: “¿qué son estas horas de llegar?”, “¿de dónde vienen?”, “¿qué haces solo con tu amigo en la calle?”.
Adrián les contó la situación, pero le exigieron su credencial de elector para comprobar que ese era su domicilio. Aunque la mostró, su acompañante no tenía la suya y la situación se tornó más violenta. Los otros policías se bajaron de la patrulla con sus armas en actitud intimidatoria.
El amigo de Adrián se puso nervioso y comenzó a tartamudear. Los elementos les ordenaron hincarse y Adrián se negó. Intentó entrar a su casa, pero le cerraron el paso. En ese momento, uno de los policías notó su aparato auditivo y comenzó a gritar que “era un espía”. Aunque intentó explicarles que el dispositivo le ayudaba a escuchar, los uniformados insistieron.
Trataron de meterlo a la camioneta, pero logró zafarse y pidió auxilio a gritos. Vecinos salieron y preguntaban qué pasaba. Comentaban que Adrián era un buen muchacho. Pero los policías argumentaron que estaba borracho y consumiendo sustancias ilícitas y que los estaba agrediendo con palos.
Con el ruido, la mamá de Adrián salió y le dijeron que se lo llevaban “porque era un espía y estaba trabajando contra el gobierno”. Lo tiraron al suelo, impidieron que se colocara su aparato auditivo, lo golpearon y lo esposaron para meterlo a la patrulla, la cual no estaba numerada.
Lo trasladaron a lo que eran las instalaciones de la SSP, ubicadas en la Avenida Reforma, de Mérida. En el trayecto, los golpes y las burlas continuaron. Al llegar al lugar, lo arrastraron, aporrearon en la pared y golpearon en el estómago y la espalda. Lo obligaron a desnudarse y abusaron de él sexualmente.
Amenazaron con violarlo y comenzó a gritar. Le taparon la boca y tiraron al suelo para callarlo, y mientras estaba de rodillas, lo orinaron. Cuando se vistió, uno de los oficiales le tiró dos cubetazos de agua fría. Lo mantuvieron en una celda sucia, sin comida, agua ni jabón. Lo condujeron a una oficina, donde le tomaron sus huellas dactilares y una fotografía de frente.
Pasó 12 horas ahí, apenas amaneció su familia contrató una abogada. Los policías dijeron que fue detenido por agredirlos física y verbalmente, y por hacer escándalo bajo la influencia de sustancias ilícitas.
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Cuando la asesora legal exigió los exámenes toxicológicos, los oficiales reconocieron que no le practicaron ninguno. El departamento de Quejas de la Secretaría admitió que no tenía pruebas para proceder en contra de Adrián y lo liberaron.
Antes de salir uno de los policías lo amenazó: “ni creas que esto acabó aquí”. Esa misma tarde regresaron a su domicilio para amenazarlo. Fueron varias veces.
Adrián hizo pública su historia porque a nueve años de lo sucedido le alarma la frecuencia con la que escucha casos de tortura cometidos por los elementos de seguridad en Yucatán, “el estado más pacífico y seguro de México”.
Los testimonios documentados en este reportaje y las estadísticas apuntan a que en Yucatán la policía tortura, nadie quiere reconocer ese problema.
A primera vista, cifras oficiales apuntan a que hay baja incidencia de tortura en el estado. El Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) indica que de 2018 a marzo de 2023, en Yucatán se abrieron 27 expedientes por tortura y tres por tratos crueles en la FGR.
Según el Registro, en el mismo periodo no se iniciaron carpetas a nivel estatal. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), informó que en los últimos cinco años se han presentado dos denuncias por tortura, ambas en 2022. Sin embargo, en ese lapso se iniciaron mil 532 investigaciones por tratos crueles.
En los últimos siete años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEY) únicamente ha emitido una recomendación por hechos de tortura; fue en 2016, cuando un grupo de cuatro policías municipales del Ayuntamiento del municipio Tekax detuvieron sin orden de aprehensión a tres personas y las privaron de la libertad para acusarlas de un delito que no cometieron. A una de ellas la golpearon con la intención de obligarla a confesar hechos ilícitos que no realizó.
Además, desde 2018, la Comisión ha emitido 14 recomendaciones por tratos crueles: nueve para la SSP y cinco para las policías municipales de los Ayuntamientos de Kinchil, Huhí, Chemax, Tekax, Sacalum y Yaxcabá.
De los casos recabados para este reportaje, solamente uno concluyó con sentencia condenatoria y sólo por el cargo de homicidio: el de José Luis Cauich, torturado y asesinado por policías municipales de Tecoh, en la Nochebuena de 2020.
La tarde de ese 24 de diciembre, el joven de 27 años discutió con su familia en la comisaría X-kanchakán. Se alteró, por lo cual sus parientes pidieron la intervención policial para que se tranquilizara. La patrulla llegó a las siete de la noche. Los uniformados le echaron gas lacrimógeno, lo sometieron y se lo llevaron.
Dos horas después, mientras la familia estaba en las celebraciones navideñas, los uniformados regresaron para pedirles se trasladaran a la cabecera municipal; José Luis, dijeron, “estaba grave y lesionado”.
Al llegar les notificaron que había fallecido. Primero, aseguraron que se suicidó en la celda; después, que murió en la ambulancia; y luego que “había un chorro de sangre” en el lugar de la detención. La familia afirmó que el joven no tenía lesiones cuando se llevaron. Al ver el cuerpo notaron que estaba lleno de moretones, tenía la cara hinchada, una cortada en la pierna y perdió una uña. La causa de la muerte fue asfixia mecánica por oclusión vía aérea (broncoaspiración).
Tras varias audiencias, declararon culpables de homicidio calificado a tres de los cuatro policías que participaron en los hechos. Los condenaron a 30 años de prisión, a pagar los gastos funerarios y una indemnización de 1.7 millones de pesos, que no han sido entregados a la familia.
El estado más pacífico de México. Esta es una de las frases más mencionadas por autoridades del gobierno del estado en actos protocolarios. La respaldan con cifras que posicionan a la entidad como una de las que tiene menor incidencia delictiva y con el Índice de Paz, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que en los últimos seis años ha colocado a Yucatán como la entidad más pacífica del país.
Desde hace décadas el modelo de seguridad de Yucatán ha consistido en implementar una estrategia de prevención del delito “que ha colocado en su centro el despliegue militar y policial en el estado, así como el endurecimiento de medidas de vigilancia y control”, revela el informe Intolerancia selectiva: historias de detención arbitraria y abuso policial en Yucatán, elaborado por Elementa y Cejudi.
32 casos de tortura han sido reportados en Yucatán durante los útimos seis años, según cifras oficiales
El proceso de securitización del estado se ha manejado bajo la lógica de que mientras más cuerpos de seguridad y vigilancia existan y más detenciones se realicen, será más seguro, según el informe.
En las protestas sociales se han observado operativos con numerosos elementos de la fuerza pública. Algunos han concluido con la tortura de manifestantes.
En la movilización del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2019, la policía estatal arrestó y torturó a siete mujeres que iban a la concentración.
Mariana era una de ellas. En aquel entonces la joven migrante del Estado de México tenía 17 años. En entrevista, recordó que los oficiales no les explicaron los motivos de la detención y las sometieron y golpearon al subirlas a una patrulla. Después hicieron recorridos por Periférico mientras las amenazaban.
Las llevaron a las instalaciones de la FGE, y en el estacionamiento, reiteró que era menor de edad. Una de las policías le jaló el cabello, le hizo una llave y la ahorcó con el brazo. “Pensé que no me podía estar pasando eso, porque no hice nada. Sentía que me iba a morir”, dijo.
La SSP argumentó que las manifestantes “portaban palos, objetos punzocortantes y latas de pintura en aerosol”.
Sofía Caballero también fue detenida ilegalmente y torturada tras participar en una protesta en 2023. Ella acudió en marzo a la marcha en solidaridad con la lucha del pueblo maya de Sitilpech contra las megagranjas de cerdos.
Elementos de la PEI, vestidos de civil, sin acreditaciones, la arrestaron junto con uno de sus amigos en plena vía pública. La metieron a un vehículo azul que no estaba rotulado.
“Tres hombres se sentaron encima de mí para inmovilizarme, me ataron las manos con un cintillo de plástico y los brazos al torso con un cinturón, mientras otro me golpeaba en la espalda, los glúteos y la cabeza. En la camioneta me cubrieron la cara con una tela negra que olía a solvente, me sentaron entre dos de ellos y me bajaron la cabeza hasta el piso, quedando entre mis piernas. Me siguieron golpeando y perdí la conciencia por unos minutos”.
Tras permanecer tres días encarcelada en el Centro de Reinserción Social de Mérida, el juez de control Santos May determinó que la detención fue ilegal y ordenó su inmediata liberación.
Cejudi y Elementa detectaron que del total de quejas presentadas por tortura ante la CODHEY, 80%, (mil 668) fueron en el marco de detenciones arbitrarias.
En 2021 ocurrió un parteaguas en la defensa de los derechos humanos: la tortura y asesinato de José Eduardo Ravelo, un joven migrante de Veracruz.
Tenía 23 años cuando fue detenido sin una orden de captura por elementos de la Policía de Mérida en el Centro de la ciudad. Entre varios oficiales lo sometieron y golpearon; según su madre, Dora Echevarría, también fue víctima de violación.
El joven denunció los hechos, pero días después falleció en el hospital. Dora protestó frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia: colocó el ataúd de su hijo en la entrada y no se movió hasta que un funcionario salió a atenderla.
Al día siguiente los oficiales fueron detenidos, pero días después los liberaron. La Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que José Eduardo fue torturado por uso excesivo de la fuerza, detenido arbitrariamente, abusado y agredido 42 minutos por los policías.
Ramiro, de 36 años, fue torturado por elementos de la SSP tras ser detenido en un retén policial, en la carretera Conkal – Chicxulub Puerto, en 2020.
Tiene recuerdos borrosos de esa noche: que los policías obligaron a su acompañante a bajar del auto, lo esposaron y despojaron de sus cosas. Otro elemento lo sacó del auto, lo cateó, abusó sexualmente de él, le quitó su móvil, cartera y le exigió la clave de su tarjeta.
Lo amenazaron con “llevarlo al manglar para darle un balazo”. Los trasladaron a la estación policial de Progreso y los amenazaron con matarlos si denunciaban. Al día siguiente los liberaron.
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Ramiro perdió 30% de su capacidad auditiva por los golpes. “Fue un crimen, un asalto a mano armada. Un retén en Yucatán es un portal a la muerte”, apuntó.
Según la FGE, entre 2018 y 2023, un total de 41 personas denunciaron a policías: 23 por abuso de autoridad, nueve por violación, cinco por abuso sexual y cuatro por hostigamiento sexual. Además, dos personas fueron asesinadas por agentes.
