“Los miembros de las fuerzas de seguridad y los líderes criminales señalan que se ha establecido un conjunto de reglas, en gran medida tácitas, que alientan a los grupos ilegales a reducir y ocultar la violencia que perpetran”, refiere un estudio publicado recientemente por el International Crisis Group (ICG), una organización no gubernamental con sede en Bélgica y Reino Unido.
“Tú me ayudas haciéndote de la vista gorda; yo te ayudo desapareciendo los cadáveres para que no aumenten las estadísticas…”. Así suelen ser los pactos entre los grupos delincuenciales y agentes del Estado para coexistir en territorios del país que son controlados por el crimen organizado.
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“A cambio, las autoridades se han hecho de la vista gorda ante cierto grado de ilegalidad, lo que ha permitido a estas organizaciones diversificar sus operaciones de tráfico (incluso hacia drogas ilícitas más nuevas como el fentanilo), ampliar sus redes de extorsión, diversificarse en negocios legales y asumir un mayor control de las comunidades y los gobiernos locales”, añade el documento de ICG, que busca alertar al futuro gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la necesidad de "limpiar" las Fuerzas Armadas.
'limpiar' las Fuerzas Armadas
Titulado El laberinto de los generales: crimen y Ejército en México, el estudio fue realizado por especialistas en prevención y solución de conflictos armados, con base en más de 80 entrevistas con comandantes militares, oficiales de policía, funcionarios estatales de todos los niveles, activistas de la sociedad civil y académicos, además de líderes criminales, intermediarios y combatientes de México.
Operadores criminales y servidores públicos dijeron a Crisis Group que ocultar a las víctimas de asesinato se ha convertido en una forma cada vez más popular para que las bandas del narcotráfico eviten una reacción violenta por parte de las autoridades.
Según líderes delincuenciales entrevistados por ICG, la clave para evitar operaciones militares de gran calado es “abstenerse de realizar manifestaciones abiertas de violencia, lo que en la práctica parece implicar esconder cuerpos de víctimas mortales”.
Un líder criminal entrevistado en Michoacán, en febrero de 2023, dijo que “a los que tienen que irse, hay que hacerlos desaparecer”. De acuerdo con la investigación, los grupos criminales optan por esconder a sus víctimas en fosas clandestinas en zonas del interior donde hay poca o ninguna presencia gubernamental.
El Sol de México solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) su postura respecto estos pactos con criminales, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Activistas sociales, trabajadores de servicios médicos forenses y funcionarios estatales que participaron en el trabajo de campo de ICG hablaron de asesinatos que se registran bajo otras causas de muerte o que no se registran, supuestamente debido a la presión política para reducir la tasa registrada de violencia homicida.
“Un empleado de la morgue de una gran ciudad dijo: ‘Cuando recibíamos cuerpos de personas que claramente habían sido acribilladas o habían presentado tiros de gracia, a menudo se calificaban como muertes accidentales’”, refiere el estudio, el cual subraya que, si bien los homicidios han comenzado oficialmente a mostrar una tendencia a la baja durante el actual gobierno, las desapariciones (que probablemente resultan en la muerte de las víctimas) han aumentado.
“En Sinaloa, por ejemplo, la tasa de desapariciones ha superado por primera vez a la de homicidios; en la Ciudad de México, la marcada caída oficial de los homicidios en los últimos años estuvo acompañada de un aumento de las desapariciones”, lo que llevó a algunos a cuestionar si las estadísticas oficiales son exactas.
En Sinaloa, por ejemplo, la tasa de desapariciones ha superado por primera vez a la de homicidios
International Crisis Group
Los testimonios recabados por los investigadores del ICG concuerdan con un fenómeno estadístico ocurrido en los últimos seis años, en el que, al tiempo que decae la incidencia de homicidios dolosos, también aumentan los denominados “delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”.
Antes de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, los “otros delitos que atentan contra la vida” (como se les denomina a los casos en que no es posible determinar las causas de la muerte de una persona) representaban entre nueve y 10 por ciento del total de delitos mortales, categoría en la que entran los homicidios dolosos, los culposos, los feminicidios y los abortos.
En lo que va de la presente administración, la proporción de “otros delitos que atentan contra la vida” pasó de 13.6 por ciento en 2018 a 24.2 por ciento en 2023, es decir, casi se ha duplicado, sin que las autoridades federales o estatales expliquen las razones metodológicas, de protocolo o los cambios de criterios para clasificar las defunciones en el país.
En la Ciudad de México, por ejemplo, la cifra de “otros delitos” ya es mayor al de homicidios dolosos; en 2023 hubo mil 34 “delitos que atentan contra la vida” y sólo 779 homicidios catalogados como dolosos.
El próximo gobierno tendrá mucho trabajo por delante para frenar el derramamiento de sangre y a quienes viven de él
International Crisis Group
Lo mismo ocurre en Baja California (dos mil 606 contra dos mil 116); Baja California Sur (210 contra 24), Campeche (315 contra 94), Querétaro (mil 140 contra 179), Sinaloa (661 contra 492), Tabasco (706 contra 234) y Yucatán (167 contra 34).
“El próximo gobierno tendrá mucho trabajo por delante para frenar el derramamiento de sangre y a quienes viven de él”, advierte el estudio, que pretende dar herramientas al futuro gobierno de Sheinbaum para reducir la influencia de la criminalidad. “El mejor lugar para comenzar sería una franca admisión de que el Estado necesita una limpieza”, subraya.
Al documentar la permisividad de la actual estrategia de seguridad, el texto apunta que en la mayor parte del país, la aplicación de la ley militar ha consistido en patrullar las principales vías de ciudades y pueblos, y en establecer puestos de control.
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Los líderes criminales describieron estos controles como fácilmente evitables e insistieron en que habían forjado acuerdos de vivir y dejar vivir bajo los cuales las fuerzas de seguridad y las criminales cohabitan. “El trato que tenemos con ellos (la Guardia Nacional) es que evitamos chocar para que ellos no tengan que hacer nada”, dijo otro de los comandante de un grupo criminal de Michoacán entrevistado por Crisis Group.
Una de las conclusiones de la investigación realizada es que los funcionarios federales entrantes de alto rango deben “prestar mucha más atención a delimitar las responsabilidades militares en la lucha contra el crimen dentro del marco de la Constitución, al tiempo que se aseguran de que los actos y omisiones de las tropas sean monitoreados adecuadamente”.
