La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impulsa reformas para prohibir y castigar penalmente el uso de drones para liberar Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), práctica que va en aumento por parte de los cárteles del narcotráfico en el país y que ha derivado en ataques contra las fuerzas armadas.
De acuerdo con tres documentos sobre explosivos y drones sustraídos a esta institución por el grupo de hacktivistas Guacamaya, la Sedena propone modificar el Código Penal Federal (CPF), con el fin de establecer la “imposición de penas por el empleo de drones con explosivos”.
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Respecto a los explosivos, también “se advierte una sofisticación técnica en su confección, por lo que es necesario actualizar el CPF para tipificar como delito el uso, posesión y fabricación de AEI”.
En total, la Secretaría, bajo el mando del General Luis Cresencio Sandoval, gestiona cinco reformas y dos iniciativas en torno a artefactos, drones con explosivos y espacio aéreo. En este último rubro para tener facultades en la verificación de normas que afecten al espacio aéreo.
De acuerdo con la Sedena, actualmente no existe sanción penal por el uso de un Artefacto Explosivo Improvisado (AEI).
“La mayoría de las detonaciones en las que resultan personas lesionadas o fallecidas son atraídas por las fiscalías de los estados, sin embargo, el delito que se imputa a los perpetradores es por intento de homicidio y homicidio calificado, respectivamente”, explica en torno a dichos artefactos.
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La ubicación de explosivos utilizados por grupos del narcotráfico crece en el país. A febrero de 2022 se ubicaron mil 342 y a septiembre del mismo año, mil 765 artefactos.
El aumento viene de años atrás y ha sido mayor en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que en la de su antecesor Enrique Peña Nieto, al menos en sus primeros casi tres años de gobierno.
Del 1 de diciembre de 2018 al 1 de octubre de 2021, ya en el gobierno de López Obrador, fueron localizados 713 explosivos, cifra mayor en mil 150 por ciento respecto a los 57 ubicados del 1 de diciembre de 2012 al 1 de octubre de 2015 con Peña Nieto, revela la Sedena en el Informe sobre la situación respecto al decomiso y/o localización de AEI, sustraído en los llamados Guacamaya Leaks y al que tuvo acceso El Sol de México.
Sólo 4.5 por ciento de los explosivos localizados en ese periodo (2018-2021) fueron detonados, lo cual dejó un saldo de tres personas muertas y ocho heridas.
Las entidades del país con un mayor número de explosivos encontrados tanto en 2021 como en 2022 son Michoacán, Guanajuato y Jalisco, de un total de 19 estados en los que se han localizado artefactos, hayan sido detonados o no.
En mayo pasado, elementos de la Policía Comunitaria de Tepalcatepec, en Michoacán, fueron atacados por presuntos integrantes del crimen organizado. En la misma zona, en Tierra Caliente, el Ejército desactivó meses atrás explosivos improvisados enterrados en carreteras como si fueran minas.
De acuerdo con el informe, los explosivos son manejados principalmente por integrantes de grupos de la delincuencia organizada, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos y el Cártel Santa Rosa de Lima.
El CJNG es uno de los grupos del narcotráfico en México vinculado con el desarrollo de drones explosivos, como ocurre con las FARC en Colombia, el Estado Islámico en Irán o Hezbollah en Líbano, según reconoce la Sedena.
La delincuencia organizada también utiliza drones como sistema de entrega de explosivos improvisados y en la lista también aparece México, junto con Irak, Venezuela, Siria e Irán.
“Se descarta que el uso de AEI (artefactos explosivos improvisados) en territorio nacional sea con fines terroristas, en virtud de que los incidentes no buscan de ningún modo fines ideológicos, religiosos o políticos que desestabilicen el Estado.
“Los incidentes se han realizado por parte de la delincuencia organizada buscando coaccionar, asustar, aniquilar a competidores en aras de controlar mercados ilícitos de forma cuasi monopólica y/o oligopólica”, precisa la Sedena.
De acuerdo con la institución, hay una evolución tecnológica en el desarrollo, confección y diseño de explosivos, volviéndolos “más destructivos y con un manejo más seguro para los perpetradores”.
Al respecto, el experto en seguridad David Salcedo dijo que es necesario atender el crecimiento del uso de explosivos en México, ya que en tres o cuatro años las capacidades de la delincuencia organizada podrían crecer lo suficiente y pasar de lanzar explosivos de fabricación casera, con apoyo de drones, a realizar ataques con aviones bomba, como llegó a suceder en Colombia.
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“Lo que ha jugado a favor y que ha provocado que las autoridades estén tan pasivas es que los cárteles han sido erráticos en ese sentido. Sí cuentan con recursos, sí tienen estos dispositivos, pero no los saben usar. Esa es una ventaja táctica que por el momento está jugando a favor de las autoridades”, aseguró el especialista.
Salcedo sugirió no solo legislar sobre los artefactos y el uso de drones para detener el uso y el daño que estos puedan provocar, como propone la Sedena, sino llevar un control en la venta de explosivos a la que tienen acceso otras industrias como la minera, ya que la regulación actual, opinó, es muy laxa.
