Con la despenalización del aborto en Sinaloa, el 8 de marzo de 2022, pareciera que quedó atrás el riesgo de que una mujer pueda ser encarcelada o morir perforada al realizarse un aborto clandestino o en manos de un tercero, pero no es así. La desinformación, la estigmatización, la humillación de parte de los trabajadores de la salud y la falta de disponibilidad de los médicos para atender a las mujeres –objetores de conciencia en la consulta pública, pero médicos muy dispuestos en la consulta privada–, es la cruda realidad en el estado.
Quien escribe, no creía en las afirmaciones de las colectivas de acompañamiento sobre el maltrato que reciben las mujeres en los servicios públicos cuando solicitan la interrupción del embarazo, pensaba que se trataba de feministas radicales, exagerando situaciones, sin embargo, después de un mes de entrevistar a mujeres, médicos, acompañantes y visitar las recepciones de algunos hospitales, comprobé que, en efecto, las solicitantes son ignoradas o menospreciadas al pedir un aborto legal. En los hospitales privados el trato es diferente, pues las mujeres han llegado a pagar hasta 30 mil pesos por un legrado o acompañamiento profesional, si es con pastillas cuesta hasta 10 mil pesos.
En los hospitales privados el trato es diferente, pues las mujeres han llegado a pagar 30 mil pesos por un legrado o acompañamiento profesional, si es con pastillas cuesta hasta 10 mil pesos
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El problema no radica en si el aborto es legal, gratuito, con dolor o sin dolor, el verdadero problema está en la desinformación que hay sobre el tema y la falta de sensibilización de los médicos del sector público. La sociedad sinaloense, hace año y medio se enteró, casi como chisme, que el aborto era legal, los medios hicieron sus notas, hubo la inmediatez de la noticia, quien se enteró, se enteró, pero no existen campañas institucionales para informar a la sociedad de las nuevas formas de aborto, de las tecnologías y métodos no invasivos ni traumáticos con los que se realiza el procedimiento, así como: cuándo, dónde, cómo y quién es sujeto de esta práctica.
A más de un año de despenalizado y legalizado el aborto en Sinaloa, han sido las activista y acompañantes las principales promotoras de la información, ellas han presionado, denunciado y demandado un trato más digno y respetuoso por parte del personal médico responsable, a quienes se le ha obligado, prácticamente, a ser empáticos, no negar el medicamento, no tratar de disuadir la decisión de la solicitante, a no chantajear en la consulta diciéndoles que el bebé ya tiene bracitos, piernitas, ojitos, orejitas.
El testimonios de Yosseline (21 años), evidencia la falta de empatía de los trabajadores de la salud: “No me recetaron nada para el dolor y no sabía que dolía tanto. Regresé a los tres días como me dijo el doctor para que me hicieran un legrado, y le pregunté a una de las enfermeras si era normal que me hubiera dolido tanto o por qué no me habían recetado algo para el dolor, y me dijo que traer un hijo al mundo era mucho dolor, pero quitarle la vida era un castigo y tenía consecuencias”.
Olivia Navarro Simental, responsable de Servicios Especiales para la Mujer del hospital general de Culiacán, ahora IMSS Bienestar, comentó “que es importante conocer las dos definiciones de aborto legal: ILE (Interrupción Legal del Embarazo) que se realiza a simple demanda de la mujer en el periodo comprendido entre el momento de la implantación y las 13 semanas de gestación, es decir, tiene límite de edad gestacional. Después de esas semanas es ilegal o penalizado”. Este procedimiento se legalizó hace poco más de un año en el estado de Sinaloa. El otro aborto legal ya se hacía desde antes: IVE (Interrupción voluntaria del embarazo), tiene un consultorio en el IMSS Bienestar “Aborto Seguro”, donde los médicos encargados, una psicóloga del programa de violencia de género y la directora del programa, platican con la paciente para brindar el servicio y acompañamiento en la interrupción de su embarazo, cuando se hayan presentado las siguientes condiciones: violación sexual, malformaciones fetales incompatibles con la vida y cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre por alguna enfermedad materna.
Este programa IVE no tiene límite de edad gestacional. A las víctimas de violación sexual se les hacen estudios de laboratorio y se proporcionan los tratamiento necesarios, como pastillas anticonceptivas de emergencia, medicamentos antirretrovirales preventivos de VIH, y de otras enfermedades de transmisión sexual; reciben acompañamiento y apoyo psicológico, consultas de seguimiento con información y consejería de métodos de planificación familiar, y se les dan a conocer los diferentes centros de apoyos para mujeres con su situación. Como se puede observar, la marginación es real para las mujeres que solicitan el aborto legal, a diferencia de quienes solicitan la interrupción voluntaria del embarazo.
Estos huecos en las políticas hospitalarias deben revisarse para no propiciar discriminación hacia las mujeres que deciden interrumpir un embarazo sin motivo aparente. “El Congreso del estado aprobó reformas que permiten la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13 de gestación”, además, que la interrupción del embarazo en las instituciones públicas será gratuito, garantizando “la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal médico y enfermería de carácter no objetor para asegurar que se preste la atención médica en la mejor de las condiciones posibles”. Las y los médicos tendrán derecho a objeción de conciencia.
Según datos oficiales, en todos los municipios de Sinaloa pueden atender la interrupción legal del embarazo (Hospitales Generales, Hospitales Integrales, Hospital de la Mujer), sin embargo, el secretario de Salud de la entidad, Cuitláhuac González, declaró que desde la despenalización del aborto se han atendido cerca de 400 solicitudes. Olivia Delia Navarro Simental, opina que “las mujeres en Sinaloa sí acceden al aborto legal, pues de marzo 2022 a la fecha, en el hospital general IMSS Bienestar de Culiacán, se han solicitado 17 IVE y 23 ILE. Las mujeres que acuden a solicitar el servicio es porque ya lo meditaron previamente, y más que tener miedo tienen dudas, pero una vez que se les explica el proceso que experimentarán se sienten más seguras y acompañadas”.
Una declaración del diputado Villegas Lobo contrasta con la cifra del secretario de Salud, Cuitláhuac González, de que en el primer año de la despenalización se solicitaron cerca de 400 abortos en los diferentes hospitales autorizados, es decir, una cifra mucho menor a la declarada por el diputado, de mil 500 abortos clandestinos anuales en 2020, antes de la despenalización. Los números pueden entenderse por el trabajo de acompañamiento que realizan los colectivos de mujeres, quienes ofrecen servicios de manera gratuita y están capacitadas por otros colectivo o fundaciones que les proporcionan las pastillas para provocar el aborto.
Estos colectivos de acompañantes –cuidadoras, tribus, círculos de maternidades, pro elección o colectivas–, aseguran que las mujeres que solicitan el aborto no son atendidas de manera libre e informada, ya que desde el primer contacto, nos dice Heidy Mares del Círculo de maternidades: “comienzan a hacerles preguntas que una acompañante de aborto NO haría, las bombardean con mitos sobre el uso de pastillas, para decirles que es peligroso, que el ‘bebé’ ya está grande o que mejor vayan a consulta para asesorarse mejor… las acompañantes no preguntan por qué no quieres tenerlo, las colectivas pro aborto no intentan impresionar con el tamaño del feto. Una acompañante actualizada da información de acuerdo con los lineamientos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y sabe que no existe límite de semanas para el procedimiento (aunque lo legal en Sinaloa sean 13 semanas). Las colectivas de acompañantes cuentan con redes sociales que informan sobre los procesos, educación sexual, campañas, despenalización y reafirman que el uso de medicamentos es la alternativa más segura.
En suma, Heidy Yamilen Mares concluye: “el panorama ha sido complicado para las colectivas del estado, pues aunque la legalización es un hecho, la penalización social y la falta de regulación en el tema de objeción de conciencia ha sido razón de mala praxis entre médicos, lo que ha ocasionado, por ejemplo, legrados de rutina, falta de personal no objetor, desactualización de los nuevos lineamientos de salud, desabasto de medicamentos y dosis incorrectas que han creado un entorno de miedo y desinformación para las personas usuarias del servicio, muchas de las cuales han desistido de continuar con su decisión.
Sobre la capacitación al personal de la salud, nos dice Navarro Simental: “con la capacitación del personal de los centros de salud del estado se han informado las rutas de atención de las pacientes que solicitan el servicio de aborto. El medicamento algunas veces escasea en el hospital, pero cada que se puede nos mandan el insumo. El Hospital de la Mujer declaró que de marzo a diciembre de 2022 se practicaron 307 interrupciones, cifra que no supera al número de gestantes que han solicitado ayuda a las colectivas, entre las que se encuentran pacientes de dicho nosocomio que, aunque obtuvieron receta y medicamento de la institución, no siempre tienen un procedimiento exitoso o les indican legrado, por lo que no regresan”.
Los médicos y médicas están siendo capacitados constantemente sobre el tema, para que todo el personal del hospital en contacto con las solicitantes ofrezca el mejor servicio, así como capacitaciones externas para los centros de salud y hospitales de los otros municipios cercanos. Sin duda, la falta de sensibilización de muchos médicos para lograr que más pacientes sean atendidas de manera eficaz y oportuna, se debe a los tabúes que aún existen, sin embargo, se cuenta con una guía de rutas a seguir para estas pacientes, por ello, son tan importantes las capacitaciones intrahospitalarias a donde también acuden las trabajadoras sociales, personal de urgencias, etc., por ser el primer contacto con las usuarias, ya que las solicitantes de aborto llegan a urgencias y preguntan en los módulos de información y ventanillas donde se encuentran las trabajadoras sociales y son éstas quienes les otorgan la información de a dónde dirigirse.
Por su parte, Rita Tirado López, de Periferia Subversiva, cuidadora en Mazatlán, argumenta que “el problema es la falta de información, los mitos en torno a los métodos abortivos, los hospitales que mal informan a las mujeres. Lo que falta son campañas de difusión en diferentes medios, para que las mujeres conozcan sus derechos, y sepan cuando acudir a la institución médica y qué exigir. Las mujeres de escasos recursos que solicitan el servicio, desconocen el procedimiento y acceso al mismo, les da pena solicitarlo y más cuando siempre aluden al sarcasmo “del no le dio vergüenza abrir las piernas”, razón por la que prefieren buscar a una acompañante. Las mujeres con más recursos económicos compran las pastillas, se las toman o se las meten a la vagina, y un par de horas después van a las clínicas particulares a concluir el aborto en curso”.
La información aquí expuesta sobre la legalización y el derecho al aborto es un tema que requiere de mecanismos y modelos de precaución y reducción de riesgos mediante dos tipos de campañas casi inexistentes en la actualidad: prevención del embarazo y aborto como derecho. Si uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres al solicitar un aborto legal es la desinformación y la presencia de médicos objetores de conciencia, entonces, debe generarse una ley que obligue a los ginecólogos y a sus colegios a recibir capacitación y sensibilización para generar empatía hacia las solicitantes de un derecho.
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Adoptar modelos de precaución de aborto reduce riesgos de salud, sociales, morales y económicos para el estado y la federación. Los casos de riesgo, a pesar de reconocer el peligro, ocurren porque se tienen barreras de información y percepción de susceptibilidad y vulnerabilidad del propio cuerpo.
***Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
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