La iniciativa que presentó esta semana la diputada federal de Morena, Flor Ivone Morales Miranda, para agregar los delitos de tala clandestina y deforestación al catálogo de prisión preventiva oficiosa es una “ocurrencia” que “criminaliza” a las personas con menos recursos y que además está mal redactada, criticó Emilio Cruz, director de Incidencia en Políticas Públicas de Reforestamos México.
“Lo que más preocupa de la iniciativa de la diputada es que quien más saca árboles y a quienes más detienen es a los campesinos, entonces es la misma política de criminalizar a la gente que utiliza el bosque para subsistir, cuando hay aserraderos móviles o productores industrializados que provocan un daño mayor al ecosistema (y no son detenidos)”, lamentó en entrevista con El Sol de México.
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El martes, la legisladora morenista presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para modificar el artículo 19 de la Constitución con el fin de castigar con prisión preventiva automática a quien sea sorprendido explotando los recursos forestales, lo que sería agregado a una lista de ilícitos como la desaparición forzada, el crimen organizado, el abuso sexual de menores, el robo de combustible, entre otros.
Dicha medida cautelar, no obstante, ha sido calificada como violatoria de los derechos humanos y de la presunción de inocencia de los implicados en alguno de los delitos contemplados en el catálogo, pues de acuerdo con cifras oficiales revelan que hasta finales de 2021 al menos el 31.8 por ciento se encuentran en prisión bajo esta modalidad, sin que se les haya demostrado su culpabilidad.
Omitiendo las advertencias sobre estas violaciones, Morales Miranda señaló en su exposición de motivos que la reforma surge de la necesidad de resguardar los ecosistemas del país, pues hasta finales de 2021 se identificaron al menos 122 zonas forestales en estado crítico a lo largo de 20 estados de la República.
También, estimó, se detendría el comercio ilegal, que de acuerdo a la UNAM representa el 70 por ciento de madera que se comercializa en México, a la par de que se frenaría el aceleramiento del cambio climático, el desplazamiento forzado de poblaciones originarias, la pérdida de flora y fauna, y la escasez del agua.
Sin embargo, a pesar de coincidir en que el país atraviesa una crisis para controlar la tala ilegal y los delitos relacionados que cada año acaban con la vida de más de 200 mil hectáreas de ecosistemas forestales, el activista señaló que implementar esta reforma solo criminalizaría a las personas de escasos recursos que talan un árbol para venderlo y poder subsistir.
“Como lo establece los datos de Profepa y la Conafor, el mayor porcentaje (incidencia) de la tala se da por el autoconsumo, por las personas que van y cortan un árbol para construir su casa, para leña o porque lo van a vender porque viene la fiesta de quince años o la fiesta del pueblo y entonces venden esos árboles para obtener dinero. En muchas comunidades rurales la verdad es que sí los ecosistemas forestales o los bosques son como su banco”.
Pero en el gran esquema de las cosas, dijo, esto no generaría cambios, ya que el número de personas detenidas es mínimo y es aún menor cuando se refiere a miembros del crimen organizado y comerciantes industriales. Ejemplo de ello es que en 2020 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró poner apenas a 16 personas a disposición del Ministerio Público Federal en sus más de dos mil operativos forestales, acciones de inspección y recorridos de vigilancia realizados durante ese año.
Por si fuera poco, añadió, la iniciativa de la diputada morenista parte de un error fundamental, y es que está mal redactada, pues pretende agregar al catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa a ilícitos que no se encuentran tipificados en la Constitución, lo que provocaría que en caso de que se logre capturar a los presuntos responsables de la tala y la deforestación, el Ministerio Público no pueda hacer nada para vincularlos a proceso.
“A la hora de leer el texto que quieren modificar, textualmente dice que podrán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa las personas acusadas de cometer delitos en materia de devastación forestal y ese delito no existe. No hay ningún ordenamiento jurídico donde se reconozca el delito de devastación forestal. Ni siquiera está bien tipificado el texto (...) no tiene una coherencia con los ordenamientos jurídicos vigentes, ni con Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ni con el Código Penal”, subrayó.
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En su lugar, Emilio Cruz propuso recoger lo planteado Reforestamos México y en lugar de atacar al delito de manera frontal mediante el endurecimiento de las medidas cautelares, se rompa la cadena de comercialización ilegal mediante la inspección de la madera, a fin de que se pueda garantizar el cumplimiento de las normas y garantías de sustentabilidad, además de atacar al mercado negro que, según citó la diputada Morales Miranda, tan solo en Estados Unidos se mueve entre los 51 mil a 152 mil millones de dólares.
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“Si no se garantiza la trazabilidad y la maderería, no le preguntó al camión que llegó con la madera de dónde la trae y no le pidió todos los requisitos; y si además ese camión no se lo preguntó al aserradero y si ese aserradero no lo recibió de un bosque con autorización para el manejo forestal ahí es donde está el problema. Nosotros sostenemos que atacando la comercialización y exigiendo que los comercializadores tengan la obligación de revisar los documentos disminuiría la madera ilegal que hay en el mercado”, concluyó.
