La práctica del aborto en Veracruz es legal, pero la falta información y las trabas que pone el personal de salud público propicia que las mujeres tengan dificultades para acceder al servicio y que busquen otras vías para poder realizarlo. Actualmente, el Código Penal del estado de considera legal el aborto hasta las 12 semanas, así como por violación, peligro de salud de la madre o malformaciones del feto (sin límite de tiempo para estas causales), pero la realidad supera las disposiciones legales, pues las entidades de salud pública no garantizan el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.
Sofía vive en Ciudad Mendoza y sabía que tenía derecho a interrumpir su embarazo, por lo que acudió a la Jurisdicción Sanitaria de su zona para pedir informes, pero el doctor que se encontraba en turno le negó el servicio, e inclusive, le dijo que no era legal realizarlo. Ante la negativa, la pérdida de tiempo y la incertidumbre, buscó realizar el procedimiento por otro lado. Pagó cerca de seis mil pesos para acudir a la Ciudad de México a practicarse un aborto con medicamentos, en una clínica privada de la ciudad. Aunque con trabajos reunió el dinero necesario, se pregunta qué pasa con una mujer que no tiene los recursos económicos.
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En Veracruz el cambio legal llegó por las movilizaciones de la sociedad civil. La estrategia que utilizaron fue mediante una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado (mecanismo de emergencia contenido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia), sustentando que las políticas públicas del estado violaban los derechos humanos de las mujeres.
Desde que el aborto es legal en Veracruz, 20 de julio de 2021, se han realizado 567 interrupciones de embarazo. De este total, 45 fueron en el 2021; 292 el año pasado, (279 antes de los 12 semanas y 13 a víctimas de violación) y 230 en 2023 (219 antes de las 12 semanas y 11 a víctimas de violación).
Estas estadísticas oficiales no contemplan a aquellas mujeres que se han practicado un aborto buscando otros medios, como Nadia, quien prefirió ir con una colectiva de mujeres para que le ayudaran en el proceso, pues por el miedo y la falta de información no acudió al sector salud: “desde que me enteré que estaba embarazada entre en pánico y sabía que tenía que tomar una decisión… me acerqué con la colectiva, me sentí apoyada y cuidada, porque entendían mi situación y eso me hizo tener calma. Me ayudaron mucho al decirme cuál sería el mejor método para hacerlo y aunque ellas sabían que tenía miedo, siempre estuvieron al pendiente de mí”, relató.
Luz María Reyes, de la colectiva Marea Verde de Orizaba, afirmó que muchas mujeres prefieren buscar a las organizaciones para evitar la revictimización en el sector salud. Por ello, colectivas y organizaciones en Veracruz tienen programas de acompañamiento para realizar el procedimiento, algunas ayudan en el acceso al servicio del sector público, otras optan por brindarles las pastillas o guiarlas en el proceso de manera independiente.
“Nuestro deber como acompañantes, si nos contacta una mujer que tiene la posibilidad de acudir a algún centro de salud para que se le atienda, es informarle cómo es el protocolo a seguir, pero la mayoría de ellas prefieren continuar el procedimiento con nosotras, precisamente por desconfianza y miedo. Las mujeres que deciden acudir al centro de salud a veces regresan para solicitar acompañamiento o porque en el hospital no hay medicamentos o por la falta de ética del personal de salud”.
Estos tratos hacia las mujeres que desean abortar suceden a pesar de que en Veracruz existe el Programa Estatal de Aborto Seguro, el cual indica los pasos que deben seguirse para acceder a un aborto: acudir a cualquier centro de salud, de ahí las solicitantes serán canalizadas al sitio donde se realizará el procedimiento, el proceso se hará por medio de pastillas y sólo, en caso necesario, será mediante una aspiración manual intrauterina; además, precisa la forma en que debe conducirse el personal del sector salud.
Sin embargo, el programa no se respeta y suceden casos como los de Sofía, a quien le negaron la atención, o las mujeres que han acudido con Marea Verde, en Orizaba, o a otras colectivas, quienes han acusado que el personal médico las trata mal.
Incluso, la directora de la Asociación Civil Equifonía, Adriana Fuentes Manzo, afirmó que el Programa Estatal de Aborto Seguro requiere modificaciones, pues no especifica cómo se debe proceder cuando se trata de mujeres o niñas víctimas de violación o en los casos que pasan de las 12 semanas de gestación.
Respecto a los datos sobre la interrupción del embarazo, la Secretaría de Salud tiene información contradictoria. Al preguntarles sobre el número de hospitales y clínicas donde se realizan los procedimientos o la cantidad de personal médico, señala que no existe un registro del número de personal médico que es objetor de conciencia, mientras en otro documento indica que son 78 personas quienes pueden practicarlo, y en otro que son 66.
El número de hospitales también varía, en un documento asienta que son 48, en otro 66 y en otro más 56; mientras en el directorio de Servicios de Aborto Seguro de los Servicios Estatales de Salud de la Secretaría de Salud federal, se informa que sólo son siete hospitales.
Aun y cuando el número de hospitales y clínicas sea correcto, son insuficientes. González Saavedra afirmó que existen lugares en Veracruz donde las mujeres y niñas tienen que viajar durante largas horas para llegar a un lugar para ser atendidas, cuando por fin llegan, el personal de salud se ocupa en aumentar el temor de las mujeres al exagerar los posibles riesgos, sin respetar lo que señala el Programa de Aborto Seguro, según informó Reyes Huerta integrante de la colectiva Marea Verde.
El Hospital de Río Blanco es el único lugar a donde pueden acudir las mujeres de la Sierra de Zongolica, una zona de alta marginación y altos índices de embarazos infantiles.
El Programa de Aborto Seguro en Veracruz cuenta con presupuesto estatal y federal. En 2022 ejerció un presupuesto de 1.2 millones de pesos, a través del Programa Violencia de Género y Aborto Seguro del Ramo 12 (presupuesto federal), así como 3.9 millones de pesos de presupuesto estatal del Programa Aborto Seguro, según la solicitud de información 301153823000124. Aunque los recursos no responden a las necesidades, pues en el año 2021, cuando el aborto aún no era legal, contaron con un millón 78 mil pesos para compra de medicamentos y en 2022, cuando ya se tenía que brindar el servicio, se destinaron 994 mil 807 pesos.
A la pregunta ¿dónde te practicarías un aborto?, Adriana respondió: “buscaría una clínica privada”. Ella es del municipio de Veracruz y argumentó que cuenta con los recursos, además de que no sabe cómo acceder a los servicios públicos y, presume, sería difícil.
Fuentes Manzo, integrante de Equifonía, afirmó que uno de los principales obstáculos para acceder a un aborto legal y seguro, es la falta de campañas de información de la Secretaría de Salud para que las mujeres conozcan sus derechos.
En contraste, la Secretaría de Salud afirma realizar campañas sobre aborto seguro. En respuesta a solicitud de información, la institución nos proporcionó un cartel, dos postales, un flyer y un tríptico, para mostrar que sí se informa sobre el aborto seguro. Sin embargo, estos materiales no son visibles en hospitales, centros de salud ni en sus redes sociales. Una activista comentó: “Visitando algunas jurisdicciones encontré carteles sobre vacunas, sobre Papanicolaou, sobre examen de mama, pero nada relacionado con la interrupción de embarazo, la información, entre menos se tenga, es mejor para todos porque sabemos que es un tema que incomoda”.
Para Fuentes Mazo “(...) una de las cosas que falta es enviar un mensaje que informe de los centros de salud a los que las mujeres pueden acudir, brindar información de que el servicio está disponible, que es gratuito, que la atención debe respetar los derechos humanos de las mujeres y garantizar la salud de las mujeres”.
De los materiales que proporcionó la Secretaría de Salud, sólo hay un número de teléfono para atención de aborto seguro. Al llamar, y antes de brindar cualquier información, solicitan los datos personales (nombre, edad, número de teléfono, dirección y las razones para realizar la interrupción), después informan que se agendará una cita en un hospital o señalan los pasos a seguir si se tiene otro servicio de salud, pero advierten que el IMSS está negando el servicio y, por ello, lo tiene que hacer los centros de la Secretaría de Salud.
Homero Arroniz, representante de Comunicación Social de la delegación IMSS Norte, ante una petición de aborto, responde en un documento membretado del instituto, que “el Código Penal Federal no contempla la figura del aborto discrecional”, por lo que “NO sería posible atender favorablemente su solicitud de interrupción del embarazo”. En el caso del ISSSTE, los directivos se negaron a dar entrevistas sobre del tema, argumentando que se trataba de un asunto federal.
Ante estas negativas a dar el servicio de aborto seguro, activistas veracruzanas promovieron diversos amparos de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, buscando que se determine que se trata de un derecho. Al cierre de esta edición, las autoridades de ambas instituciones no respondieron a la solicitud de información.
El Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) indicó que el IMSS, el ISSSTE y demás entidades federales deberían brindar el servicio.
Actualmente, el Programa de Aborto Seguro en Veracruz solicita, para practicar un aborto en las instituciones estatales, una constancia de no derechohabiencia, es decir, que no se encuentre afiliada a otro sistema de salud, pues en el caso de tener este servicio, se debe ir a la clínica correspondiente y solicitarlo por escrito.
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El proceso de acceso a la interrupción legal del embarazo resulta largo y pesado para muchas mujeres, quienes no saben cómo hacerlo y continúan con un embarazo no deseado sin tener el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito proporcionado por una entidad pública, como lo marca la ley veracruzana.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
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