Yosseline es una joven de Sinaloa de 21 años que optó por la interrupción de su embarazo.“Regresé a los tres días como me dijo el doctor para que me hicieran un legrado, y le pregunté a una de las enfermeras si era normal que me hubiera dolido tanto o por qué no me habían recetado algo para el dolor, y me dijo que traer un hijo al mundo era mucho dolor, pero quitarle la vida era un castigo y tenía consecuencias”.
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Acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en clínicas y hospitales del sector salud en los estados implica enfrentar obstáculos, como prejuicios morales y religiosos, descalificaciones, falta de medicamentos, de personal no objetor de conciencia, largas, e incluso, la negativa a ofrecer el servicio.
Una investigación periodística documentó este tipo de casos en nueve entidades donde está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación en su mayoría: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Sinaloa.
De acuerdo con testimonios y entrevistas recabados en estas entidades, los obstáculos han propiciado que algunas mujeres desistan de practicarse un aborto en unidades hospitalarias de las secretarías de Salud locales, e incluso, del IMSS y del ISSSTE que, hasta ahora, sólo realizan interrupciones por tratarse de casos de violación (NOM 046). En su lugar buscan apoyo de colectivas o recurren a clínicas privadas si tienen recursos.
Vanessa tenía 17 años cuando llegó al Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, en La Paz, Baja California Sur. Solicitó informes para interrumpir su embarazo de cuatro semanas, producto de su primera relación sexual. Se retiró del lugar con miedo, el doctor y la enfermera le indicaron que su única opción era un legrado y condicionaron el servicio: debía presentarse con una persona adulta para que firmara una responsiva, toda vez que, “podía quedar infértil, morirme o desangrarme”, le advirtieron.
“Cuando fui a pedir información me pasaron rápido, pero en cuanto le dije al médico que quería abortar, cambió su rostro. Al momento de hacerme preguntas de rutina me hizo mucho hincapié en la parte religiosa. No me dijo abiertamente está mal, pero sí me hizo sentir culpa, y cuando me dijo del legrado, me lo hicieron ver como algo demasiado peligroso, que lo pensara muy bien porque había la posibilidad que ya no pudiera tener hijos a futuro”.
Hija de una familia profundamente católica, hermana mayor, estudiante. Pasaron los días hasta que habló con sus padres. En diciembre, llegó al consultorio particular de una ginecóloga acompañada de su papá y su mamá y ya en su casa tomó las dosis indicadas. Posteriormente, estuvo en un proceso terapéutico y hace unos meses ingresó a la universidad.
El caso de Naty tuvo un desenlace diferente. A sus 23 años acudió a un centro de salud de Iguala, Guerrero, donde solicitó el retiro del DIU y la interrupción de su embarazo, pero, dijo, le negaron el servicio.
La historia se repitió en otra clínica pública y la opción que le dieron fue realizarle un procedimiento de forma particular con pastillas, por un monto de 35 mil pesos.
Transcurría junio cuando buscó el acompañamiento de la coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, quien le sugirió acudir al Hospital General, donde recibió un buen trato de la directora y la trabajadora social, pero todo cambió cuando llegó con el médico, quien al ver que tenía el dispositivo, le dijo que se lo quitaría sin anestesia; “a ver cómo te va a doler, así como le abriste las patas ni modo que no puedas”, relató.
El responsable del programa Aborto Seguro de la Secretaría de Salud de Guerrero, Manuel de la Cruz Candela, admitió: “no lo voy a negar, ha habido muchos casos de rechazo, pero al establecer rutas de atención eso ha ayudado a reducir los casos de negación del servicio. Se ha podido subsanar cada caso que hemos tenido”.
Daniela Pérez, integrante de la colectiva Las Calafias Aborto Seguro, comentó que otro problema en el sector salud es el retraso en la atención a las adolescentes que solicitan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) —como ocurrió en el caso de Vanessa—.
“Los funcionarios interpretan que las adolescentes tienen que presentarse con sus madres, padres o tutores para acceder al aborto. Les hacen dar muchas vueltas, a veces tardan más de los cinco días para practicar el procedimiento. Eso desincentiva la decisión.
“Además, deben sensibilizar al personal de Salud, porque hay mucho que se declara objetor de conciencia. Hay poco personal que quiera practicar los abortos, es como un estigma médico, y los juicios morales nublan el ejercicio de su profesión”, opinó la activista.
La falta de pastillas para inducir el aborto es otra realidad en clínicas de estados como Oaxaca, Hidalgo y Sinaloa. El pasado 28 de septiembre, en el marco del Día Internacional de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, colectivas advirtieron en una carta pública que no hay disponibilidad de medicamentos y presupuesto etiquetado para practicar la ILE a las oaxaqueñas, además de que faltan políticas que promuevan el aborto seguro y legal.
Ricardo Corona, encargado de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de Hidalgo, reconoció que se apoyan en organizaciones de la sociedad civil para completar los recursos para la obtención de medicamentos o material quirúrgico, con el fin de ofrecer el servicio de aborto.
En Sinaloa, la situación es similar. La responsable de Servicios Especiales para la Mujer del Hospital General de Culiacán, ahora IMSS Bienestar, Silvia Navarro Simental, comentó: “con la capacitación del personal de los centros de salud del estado, se han formado las rutas de atención de las pacientes que solicitan el servicio de aborto. El medicamento algunas veces escasea en el hospital, pero cada que se puede nos mandan el insumo”.
En Quintana Roo el reto es mayor. Se retiró el presupuesto del Programa de Aborto de este año, afirmó Margery Sugey. “Desde la Coordinación de Género y Violencia de la Secretaría de Salud estamos pendientes de saber cómo hacer un diagnóstico, qué tipo de personal necesitamos, cómo fortalecer al personal para que se pueda otorgar el servicio, estamos comenzando, y encontramos muy buena respuesta de los hospitales, pues por competencia y normativa, nos corresponde al sector salud atender a las mujeres que requieran un aborto”.
De acuerdo con Cristina Montejo, del Colectivo Ajal Yaakun y directora del Instituto Xunaan, en Playa del Carmen e Isla Mujeres no existen los servicios de aborto seguro como se ha mencionado. A decir de Silvia Chuc, del poblado Gobernanza, el gobierno estatal no quiso hacer público que había un espacio para ese fin, ni siquiera para casos de violación.
Las organizaciones y colectivas no sólo apoyan con medicamento, también otorgan asesoría a las mujeres que buscan acceder a la ILE en hospitales públicos o brindan acompañamiento a quienes deciden interrumpir su embarazo en casa con pastillas, buscan que sea de forma segura.
Xan es enfermera y acompaña abortos con medicamentos en la región de la mixteca oaxaqueña, donde más de 60 por ciento de sus 155 municipios son de alto grado de marginación. En esa zona, colindante con Puebla y Guerrero, habitan mujeres de los grupos étnicos mixteco y triqui, y aunque es legal abortar hasta la semana 12, hablar de aborto no es permitido, aún se mantiene como un secreto, no sólo por lo que pueda suceder en su ámbito familiar, sino porque se sienten “juzgadas y hasta amenazadas por parte del personal de salud”.
De acuerdo con la integrante de la colectiva Marea Verde Mixteca y fundadora de la organización Te Acompaño, Abrazadita, su labor no ha sido fácil, no sólo por los obstáculos médicos, legales y sociales, sino porque ha recibido diversas amenazas, que pasaron de mensajes en redes sociales a pintas en la fachada de su casa: ¡ya sé dónde vives! ¡abortera!, ¡feminazi!, ¡maldita asesina! Xan tuvo que “poner tierra de por medio”, temporalmente.
El 25 de septiembre de 2019, el Congreso local despenalizó el aborto en Oaxaca hasta la semana 12 de gestación. La entidad se convirtió en la segunda del país en reconocer ese derecho a las mexicanas, después de la Ciudad de México (2007).
Aun así, por diversos factores, muchas oaxaqueñas no pueden acceder a la ILE en hospitales públicos.
“No podía preguntarle a nadie, veo poco a mis hermanas. Me dio pena preguntarles a mis amigas. Sólo sabía que abortar en Oaxaca era legal. Pasé varios días pensando cómo tendría que presentarme en el hospital, me dio miedo que me regañaran, porque luego regañan y hasta pensé y qué tal si me encierran. Sí, la verdad me dio mucho miedo. ¿No se puede andar preguntando una cosa así? Ni modo, por no saber tuvimos que pagar casi 10 mil pesos en una clínica privada”, dijo Susana, originaria de una comunidad del istmo, quien ya era madre y vivía en la capital cuando interrumpió su embarazo, así lo decidió junto con su pareja, había perdido su empleo tras la pandemia por Covid-19.
Elizabeth Mosqueda, del Programa Jóvenes de Consorcio Oaxaca, explicó que en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso niegan información y atención al solicitar la ILE, por lo que las organizaciones también han asumido la tarea gubernamental de informar sobre el proceso.
Por ejemplo, Consorcio Oaxaca elaboró la guía Tu cuerpo, tu derecho, por un proyecto de vida plena ¡Tú decides!, para resolver dudas sobre el aborto legal, el cual puede ser con medicamento o quirúrgico, y lanzará un kit de aborto integral con misoprostol, medicamento que no re- quiere receta médica o puede ser solicitado en las clínicas o centros de salud, su costo en farmacias es de unos 800 pesos.
Mariana Beltrán, integrante de la colectiva La Campamenta, dijo que la creencia de que abortar va contra las leyes divinas es profunda entre las personas que habitan regiones alejadas y dificulta asumir el derecho. Incluso en el caso de las más jóvenes que piden acompañamiento para evitar actos de violencia, la organización envía el medicamento envuelto “para regalo” y oculto entre la ropa.
En la capital oaxaqueña sólo dos instituciones de salud pública pueden proporcionar el servicio de interrupción del embarazo, de las nueve existentes, es decir, sólo 1.5 por ciento de los municipios de Oaxaca cuentan con este servicio. Esta situación impacta a indígenas y afromexicanas de comunidades alejadas.
En la mayoría de los estados, las colectivas también acusaron que hay obstáculos para acceder al “aborto seguro” debido a una violación o malformaciones congénitas del producto.
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“Me han tocado casos en donde las mujeres (...) llegan por alguna causal, por violencia sexual y se supone que no debería haber problema por la NOM 046 y, aun así, les han negado el servicio. En el poblado José María Morelos también conozco dos casos similares (... ) y eso ocurre en todo el estado, me parece que no ha habido voluntad política respecto a la aplicación de la NOM 046”, indicó Cristina Montejo, de la colectiva Ajal Yaakun, en Quintana Roo.
Ante las negativas a dar el servicio de aborto seguro, activistas veracruzanas promovieron amparos de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE para que este sea un derecho. Además, piden adecuar las leyes locales, luego de que la Corte resolvió, en septiembre pasado, no criminalizar el aborto voluntario.
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