Las finanzas de las universidades públicas estatales están comprometidas por la carga que su pasivo laboral (pensiones) les representa, pues las 24 instituciones de educación superior que no han reformado su sistema de pensiones acumulan un pasivo de 357 mil 944 millones de pesos, esto según el reporte más reciente de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Sistema Nacional de Pensiones.

El documento, que analiza el año fiscal 2015, indica que si bien estas universidades tienen activos por 355 mil 308 millones de pesos, su pasivo laboral es de 713 mil 252 millones, es decir, las pensiones representan el doble de los bienes de estas instituciones educativas.

Ángel Méndez Mercado, académico especialista en finanzas de la Universidad La Salle, advirtió que esta carga financiera ya se está convirtiendo en un problema político, ya que hay dos salidas: la primera es seguir con el mismo esquema que conlleva a erogar miles de millones de pesos para cubrir las pensiones, y la otra opción es recortarlas.

“No hay dinero que alcance, se tiene que reestructurar la ley sistema de pensiones, pero los sindicatos previsiblemente no van a querer”, señaló el especialista.

Deuda impagable

El problema financiero de las pensiones no es nuevo ni exclusivo de las universidades. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, el déficit por pasivo laboral del sector público es de cinco billones 253 mil millones de pesos, de los cuales 357 mil 944 millones corresponden a las universidades públicas estatales (UPES).

“El pasivo que más impacta a las universidades es el que se deriva de los regímenes de pensiones y jubilaciones. Si bien la dimensión del problema alcanza enormes magnitudes en las UPES, se inscribe en el problema pensionario del país que abarca a organismos públicos, a estados y a municipios”, dice el documento “Una propuesta de la ANUIES para la renovación de la educación superior en México”.

El déficit de 357 mil 944 millones (equivalente casi a 10 veces lo que costará la reconstrucción tras los sismos de septiembre) pone en jaque a las universidades, añade el documento, ya que compromete sus actividades prioritarias que son la educación e investigación.

Este grupo de 24 UPES se conforma con aquellas que no han realizado reformas a sus sistemas de jubilación, por lo que sus trabajadores siguen sin cotizar en cuentas individualizadas como por ejemplo, la mayoría de quienes laboran en el sector privado a través de las AFORES.

Este esquema ha permitido que algunas UPES tengan pensiones mensuales altísimas en comparación del salario mínimo vigente, de dos mil 400 pesos al mes. La ASF detectó que la Universidad de Colima paga una pensión de 941 mil pesos mensual, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene una de 200 mil pesos mensuales, la Autónoma de Nuevo León de 150 mil al mes y la Autónoma del Estado de Hidalgo de 100 mil pesos.

Pero el panorama no es tan halagador para los pensionados, porque la Auditoría también detectó pensiones de 100 pesos mensuales, lo cual viola las leyes laborales que garantizan que este pago debería ser al menos de tres mil pesos cada 30 días.

Bomba de tiempo

Lo que hoy es un  problema de libros contables poco a poco se trasladará a las aulas y después a las calles, debido a que conforme pase el tiempo, cada vez se requerirán más recursos para cumplir con las pensiones, lo cual obligará a descuidar incluso pagos tan ordinarios como los salarios.

Ángel Méndez Mercado explicó que las universidades que no han reformado su sistema de pensiones están cayendo en lo que se llama quiebra técnica, que no es otra cosa que tener deudas superiores a las de sus ingresos y bienes; de mantenerse mucho tiempo esta situación, se vuelve imposible la operación de las instituciones de educación superior.

“Es una bomba de tiempo, pasa el tiempo y la gente se está jubilando y las universidades no van a tener con qué pagarles. Es una bomba de tiempo que ya está estallando, ya hay paros, destitución de funcionarios, van a abrir la cloaca para encontrar problemas financieros terribles”, aseveró el académico.

El último de estos conflictos fue la semana pasada, cuando trabajadores administrativos y académicos de la Autónoma de Morelos iniciaron manifestaciones por falta de pagos.

A ese caso hay que sumarle el de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que a principios de mes también se retrasó en el pago de nómina, o el de la Universidad Autónoma de Zacatecas que el mes pasado pidió un adelanto de 50 millones de su presupuesto para cubrir los sueldos; cabe destacar, que estas universidades están en la lista de las 24 que la ASF señala como las de mayor pasivo laboral.

El académico de La Salle añadió que los problemas financieros de las universidades podrían convertirse en moneda de cambio durante 2018:  “Los trabajadores, con justa razón, no van a querer jubilarse con peores condiciones que sus antecesores. Los sindicatos van a buscar que sus agremiados se jubilen con buenos pensiones, y los candidatos podrían prometer cualquier cosa para ganarse esos votos, el problema es que no lo van a cumplir, van a dejar crecer el problema durante su sexenio esperando que no les estalle la bomba”, dijo.

Gobierno ¿al rescate?

El déficit financiero de las universidades alcanza 2% del Producto Interno Bruto del país, situación que ha levantado el debate de si es necesario rescatarlas. Sin embargo, ese rescate viene dándose desde 2002, cuando el Gobierno federal creó el Fondo de Saneamiento Financiero de las UPES. Aunque era para cubrir pasivos como agua, luz, proveedores, regularización de plazas, su impacto más fuerte es para la cobertura de las pensiones.