La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) exigió a los gobiernos en Latinoamérica reducir drásticamente la población en prisión de la región como medida de prevención y mitigación ante Coronavirus, específicamente de las mujeres que están encarceladas por ofensas de bajo nivel y muchas de ellas en prisión preventiva.
En su análisis señala que la “descarcelación” debe avanzar rápidamente, por lo que recomendó la liberación de aquellas mujeres mayores de 60 años, que tengan discapacidades, VIH, inmunodeficiencia, tuberculosis, u otras enfermedades crónicas, embarazadas, que vivan con menores en reclusión, o que tengan familiares con discapacidades que necesiten de su cuidado.
Así mismo, contempla la libertad para mujeres en prisión preventiva, que están en prisión por delitos no violentos, incluidos delitos de drogas, que están llegando al final de su condena, y mujeres trans quienes se encuentran en mayor riesgo de experimentar condiciones de encarcelamiento inhumanas e inseguras.
“Dicha liberación podría ser a través de alternativas al encarcelamiento, indultos, reducciones de sentencias u otros medios de acuerdo con el sistema legal y judicial del país”, apunta la Oficina de Washington.
En este contexto, México, de acuerdo con el “Protocolo de Actuación para la atención de Covid-19 al interior de Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos)”, sólo contemplan dos etapas dentro del plan de acción a llevar a cabo en 17 centros de reclusión en el país, donde delinean una etapa “de prevención” y otra más de “Atención a la emergencia”, sin contar con medidas de liberación en el único centro de reclusión con el que cuenta para mujeres.
En su etapa de prevención la Secretaría de Salud (SSa) contempla prever un área de aislamiento para habilitarla y ser ocupada por posibles casos positivos, la promoción de una campaña de difusión e información por personal del área médica y de trabajo social, y considerar la posibilidad de evitar o restringir en su caso la visitas familiares y de personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como estrechar la vigilancia sanitaria.
Para la atención de la emergencia inscribe la identificación de casos de manera temprana para que se brinde la atención inmediata, notificar inmediatamente a la autoridad sanitaria, dar seguimiento a sus contactos para mantener la vigilancia sanitaria, el seguimiento del paciente para determinar un posible traslado a algún hospital de la localidad y en caso de carecer del área de aislamiento y por la condiciones de gravedad de algún paciente que requiera trasladarse a un hospital de la localidad, establecer las medidas de seguridad y sanidad para realizar esta acción, informando oportunamente a la autoridad del hospital donde se considere atenderlo, estableciendo las medidas de vigilancia pertinentes.
Por su parte, WOLA también pide evitar poner más mujeres tras las rejas y rechaza que las personas detenidas por no acatar toques de queda u otras restricciones establecidas para intentar frenar la propagación del Covid-19 sean ingresadas en centros de detención de ningún tipo y recomienda sólo aplicar sanciones administrativas proporcionales.
Para las mujeres encarceladas promueve que los gobiernos les garanticen el acceso a familiares y amigos a través de llamadas telefónicas gratuitas o videoconferencias, un suministro adecuado de alimentos y productos de higiene personal para satisfacer las necesidades básicas de todas las personas privadas de la libertad, así como pruebas de detección de SARS-CoV-2 para quienes presenten síntomas o hayan estado en contacto con alguien que haya contraído la enfermedad; mejorar las condiciones sanitarias, y proporcionar equipos de protección personal a todas las personas que lo necesiten, incluido el personal de atención médica.
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